La justicia belga ha anulado la autorización de embargo contra los fondos de la empresa pública española Enaire que el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments obtuvo en junio de 2025 como forma de garantizar el cobro de una de las indemnizaciones por el recorte de las primas de las renovables que España tiene pendiente de pago. El Tribunal de Primera Instancia de lengua neerlandesa de Bruselas ha estimado el recurso de los servicios jurídicos españoles sobre este asunto y ordenado la liberación inmediata de más de 75 millones de euros, más intereses devengados, que España depositó en forma de garantía.
Un tribunal de Bruselas estima el recurso de España y afirma que la ejecución de las indemnizaciones concedidas por vía de arbitraje vulneran las normas comunitarias
La justicia belga ha anulado la autorización de embargo contra los fondos de la empresa pública española Enaire que el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments obtuvo en junio de 2025 como forma de garantizar el cobro de una de las indemnizaciones por el recorte de las primas de las renovables que España tiene pendiente de pago. El Tribunal de Primera Instancia de lengua neerlandesa de Bruselas ha estimado el recurso de los servicios jurídicos españoles sobre este asunto y ordenado la liberación inmediata de más de 75 millones de euros, más intereses devengados, que España depositó en forma de garantía.
En una sentencia dictada el pasado 20 de octubre, el tribunal belga falló íntegramente a favor del Reino de España, que impugnó la retención de las transferencias mensuales que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales, al entender que era una medida “ilegal” e “irregular”.
El fondo de litigación Blasket es uno de las que más presión está ejerciendo sobre el Gobierno español para cobrar muchas de las indemnizaciones que casi una treintena de laudos arbitrales han concedido a diversas empresas que invirtieron en España en energías renovables, confiando en un régimen de subvenciones instaurado en 2007. La modificación de este sistema, primero en 2010 que afectó de lleno a los incentivos previstos para las fotovoltaicas, y después en 2013 con la reforma del sector eléctrico, provocó una avalancha de demandas de arbitraje de medio centenar de inversores.
La firma estadounidense ejerce los derechos de representación y de cobro en muchos de estos litigios y, en el marco de su estrategia, está instando al reconocimiento y ejecución de estos laudos ―la mayoría dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial― y el embargo de bienes y activos españoles en distintas jurisdicciones extranjeras como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Australia, donde los demandantes no se encuentran sujetos a las directrices europeas.
Pero también han desplegado esta ofensiva en Países Bajos, donde instó el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, medida que ya sido levantada por el gobierno de Rob Jetten. O en Bélgica donde pidió el bloqueo de las transferencias a Enaire, para zanjar las reclamaciones de varios inversores como Eurus Energy, filial del grupo Toyota, RREEF y Operafund. Por la tramitación de este procedimiento, la Comisión Europea abrió un expediente.
El pasado mes de mayo, el bloqueo de los pagos a la empresa estatal ascendía a 800 millones de euros, cifra que ha ido aumentando debido a los intereses generados. Para evitar que esta cantidad siguiera incrementándose, en esas mismas fechas, el Gobierno consignó 250 millones de euros para cubrir las tres reclamaciones, a cambio de levantar el embargo. Ahora, el tribunal belga se ha pronunciado sobre el caso RREEF (a quien el Ciadi le reconoció el derecho a cobrar 59,6 millones de euros más intereses) y ha ordenado librar 75.759.538,18 euros consignados en relación a esta demanda.
La Sala ha asumido los argumentos que la Abogacía del Estado esgrime en todos los procedimientos abiertos por el recorte retroactivo de los incentivos prometidos a los inversores en energías renovables (que la jurisprudencia europea vetó la validez de los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros de la UE y que la Comisión Europea debe autorizar el pago de las indemnizaciones) y afirma que las ejecuciones derivadas de estos laudos de arbitraje vulneran las normas europeas.
En esta línea, la resolución apunta que la compensación concedida en esos laudos constituye una ayuda estatal no autorizada hasta que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen diga lo contrario, algo que no es previsible que suceda, dado que Bruselas ya respaldó a España en su negativa a ejecutar el laudo que ordena abonar 101 millones al fondo Antin ―cuyos derechos de cobro en este pleito han sido cedidos al fondo estadounidense Centerbridge― como consecuencia de las retribuciones pérdidas tras invertir en energías verdes en España.
Sobre este punto, el tribunal precisa que el hecho de que la firma demandante no fuera íntegramente comunitaria, al tener una filial residente fuera de la UE, esto no permite eludir las prohibiciones fijadas en el Derecho comunitario, ya que el Ciadi no cuantificó la indemnización por cada inversor. Mantiene este criterio para oponerse a la alegación de Blasket acerca de que los derechos de cobro han sido cedidos a la firma estadounidense. Con todo ello, el tribunal de lengua neerlandesa de Bruselas condena al fondo oportunista al pago de todas las costas procesales y asume las costas de la ejecución
De las 51 demandas de arbitraje presentadas, 29 de ellas se han resuelto a favor del demandante hasta el momento y 18 a favor del España. De los más de 10.000 millones de euros en total que se reclamaron inicialmente, las cortes de arbitraje han reconocido indemnizaciones por alrededor de 1.800 millones de euros, más intereses de demora, costas judiciales y otros recargos.
Hasta la fecha, el Gobierno solo ha accedido a pagar un solo laudo (que también está siendo investigado por el Ejecutivo comunitario), el correspondiente a la japonesa JGC Holdings Corporation por 23,5 millones de euros, al tratarse de un inversor extracomunitario y tras llegar a un acuerdo con los inversores de cerrar todos los frentes judiciales relacionados. Aún así, las previsiones de pago del Gobierno son superiores, ya que, ha provisionado 2.943 millones de euros, según figura en la Cuenta de la Administración General del Estado de 2025, presentado en verano ante el Tribunal de Cuentas.
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