El administrador del concurso de Tubos Reunidos (TR), la consultora PKF Attest, baraja el cierre de las instalaciones del grupo en Nanclares de la Oca (Álava). Con 60 trabajadores, el centro está dedicado al roscado de tubos sin soldadura, un proceso final de acabado que se realiza a medida de las peticiones de los clientes.
El centro de Nanclares de la Oca (Álava), en peligro mientras sigue la búsqueda de una salida al concurso de acreedores
El administrador del concurso de Tubos Reunidos (TR), la consultora PKF Attest, baraja el cierre de las instalaciones del grupo en Nanclares de la Oca (Álava). Con 60 trabajadores, el centro está dedicado al roscado de tubos sin soldadura, un proceso final de acabado que se realiza a medida de las peticiones de los clientes.
PKF Attest estudia la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de toda la plantilla ante la falta de interés real por la planta de los cinco inversores que han presentado propuestas por los activos de TR,cuya crisis ha generado unas deudas de 300 millones. Una de las ofertas sí incluía al centro alavés, pero con unas condiciones inviables, a juicio del administrador del concurso.
La identidad de las corporaciones que participan en la puja no ha trascendido oficialmente, aunque el fabricante vasco de aceros especiales Sidenor, junto con la multinacional india Welspun, sí han presentado propuestas por las dos principales fábricas de TR, la de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). Por esta última se ha interesado Tubacex.
El posible cierre de las instalaciones de Nanclares de la Oca pondría fin a una trayectoria industrial que ha durado poco más de una década. TR puso en marcha esta planta junto con Marubeni, un grupo japonés que afrontó la mitad del coste del proyecto y que aportó tecnología.
Las tensiones de tesorería en TR, que sigue facturando pedidos, pudieran provocar el impago de nóminas a sus 1.300 trabajadores partir de diciembre.
Este lunes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha reiterado que está dispuesta a negociar un alargamiento del pasivo de 150 millones que TR adeuda a la sociedad pública. No es posible una quita porque la financiación en condiciones especiales que aprobó para la siderúrgica tiene consideración de ayuda de Estado. La Comisión Europea interpreta que una minoración de esa deuda, que concentra la mitad del pasivo total, supondría una nueva ayuda pública. Algo inviable, según la legislación comunitaria.
En un comunicado, la SEPI reitera que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que gestiona este caso, “reitera su plena disposición al diálogo y a la negociación para contribuir a una solución que permita garantizar la continuidad de la actividad” del grupo alavés.
En este sentido, el fondo “está abierto a estudiar, junto con la administración concursal y los inversores interesados, todas las alternativas que permitan facilitar una solución viable” para TR.
Una voluntad de colaboración que incluye “la posibilidad de flexibilizar el calendario de devolución de la financiación pública y otros aspectos de sus condiciones, dentro de las posibilidades que ofrece el marco normativo aplicable”.
El fondo de SEPI insiste en “facilitar la entrada de nuevos inversores y favorecer las condiciones necesarias para la continuidad de la actividad industrial y el empleo, buscando fórmulas que permitan compatibilizar la viabilidad de la empresa con las obligaciones derivadas de la financiación pública recibida”.
Desde SEPI transmiten que FASEE “ha mantenido desde el primer momento una actitud de diálogo y colaboración” con TR y con las distintas partes implicadas, con la voluntad de explorar soluciones que contribuyan a superar las dificultades de la compañía, siempre en el marco de la normativa aplicable», reiteran.
Las mismas fuentes añaden que “esta disposición a buscar soluciones no es nueva. El fondo ya ha trabajado con otras empresas beneficiarias de las ayudas para encontrar fórmulas de flexibilización que han permitido facilitar nuevas inversiones y apoyar procesos de reestructuración”.
Y concluyen que “el carácter público de la financiación exige que cualquier solución respete el marco europeo de ayudas de Estado, pero ello no impide explorar alternativas y adaptar las condiciones de devolución en los términos legalmente permitidos”.
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