Vivanta se ha quedado sin recursos y ha procedido a cerrar desde este lunes todas sus clínicas dentales. El grupo no pudo mantener la actividad una vez que la oferta de compra de Donte Group, dueño de marcas de salud bucodental como Vitaldent, caducara el pasado 21 de octubre a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre el rescate público de 40 millones de euros concedido en 2022.
El grupo Aestes analizaba posibles alternativas para mantener la actividad mientras el concurso está paralizado por la pregunta a la Comisión Europea
Vivanta se ha quedado sin recursos y ha procedido a cerrar desde este lunes todas sus clínicas dentales. El grupo no pudo mantener la actividad una vez que la oferta de compra de Donte Group, dueño de marcas de salud bucodental como Vitaldent, caducara el pasado 21 de octubre a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre el rescate público de 40 millones de euros concedido en 2022.
Fuentes conocedoras del proceso han informado que los propietarios de la red de clínicas dentales, que se encontraban buscando un plan de contingencias para mantener viva la actividad, junto al administrador concursal de la firma FTI & Partners, han implantado las medidas necesarias para realizar una liquidación ordenada. Esto implica echar el cierre de los establecimientos con el objetivo de preservar la liquidez.
Esta situación tiene lugar en un momento en el que el concurso de acreedores se encuentra paralizado después de que la jueza que lo tramita consultara a la Comisión Europea si la venta de la compañía, propiedad del Grupo Aestes, tenía alguna implicación legal con respecto a la ayuda pública de 40 millones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedió en 2022 para evitar que cerrara como consecuencia de la pandemia.
La SEPI instó a la magistrada a que hiciera la consulta tras oponerse a que diera luz verde a la oferta de Orion Bidco, vehículo del fondo canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP) y propietario de Donte Group, al entender que el cambio de dueño no eximía de pagar la deuda. En el caso de que se librara de hacerse de esta parte del pasivo, el holding público advirtió que tenía que ser autorizado por el Ejecutivo comunitario para que el rescate no fuese declarado una ayuda de Estado contraria a la legislación europea.
Aunque la jueza dio un plazo de 10 días a Bruselas, la oferta de los dueños de Vitaldent —que fue prorrogada en los dos últimos meses— ha expirado, dejando en una situación delicada a Vivanta. La propuesta, que contaba con el apoyo del administrador concursal, figura que ejerce un experto de FTI & Partners, contemplaba la adquisición de 61 clínicas de las aproximadamente 130 que integra el perímetro de Aestes; la subrogación de 656 contratos de los 1.335 empleados activos, con sustitución del equipo directivo; el compromiso de atender los 30.000 tratamientos dentales en proceso o pendiente de realización de toda la red Vivanta, cuyo coste asciende aproximadamente a 36,9 millones; una financiación puente de hasta 16,5 millones de euros y el abono en efectivo de 3,35 millones de euros.
Las mismas fuentes consultadas apuntan que el hecho de que se haya entrado en una fase de liquidación no da por concluido el concurso de acreedores, ya que aún falta por conocer la resolución de Bruselas. Si la Comisión autorizara una venta de la compañía, abriría la puerta a recibir nuevas ofertas por todo o parte del perímetro de Aestes o incluso una nueva de Donte Group, si mantiene el interés.
En un escrito remitido al juzgado el pasado 5 de octubre, el administrador concursal pidió no congelar el concurso y enfatizó que era la única salida viable para Vivanta. Así, incluyó una previsión semanal de caja que alertaba de la fragilidad financiera del grupo: con los cobros previstos y la tesorería disponible, la compañía podría mantener su actividad “hasta la semana del 16 al 22 de octubre. Al cierre de esa semana, una vez atendidos los pagos necesarios para la continuidad de la actividad, la caja disponible sería de 26.125 euros”.
El informe advertía, además, de un nuevo agujero de liquidez en la última semana del mes, cuando se concentran los pagos de las nóminas y de las cotizaciones a la Seguridad Social. “La situación se agrava en la semana del 23 al 31 de octubre, en la que se concentran el pago de las nóminas (2,30 millones de euros) y de las cotizaciones a la Seguridad Social (0,81 millones de euros). En esa semana la previsión arroja un déficit de tesorería de 2,99 millones de euros”, señalaba.
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