La Comisión Europea ha acusado este lunes a varias cementeras, empresas fabricantes de aditivos para la construcción y patronales del sector en España, Francia y Alemania de pactar incrementos de precios en el suministro de productos químicos para cemento, hormigón y mortero. Cree el Ejecutivo de la UE que un grupo de más de 10 empresas y tres organizaciones patronales del sector de químicos para la construcción “se coludieron” o se pusieron de acuerdo de forma ilegal −definición de coludir− entre 2021 y 2022 para encarecer sus productos.
La Comisión indaga lo sucedido con aditivos químicos clave en la construcción
La Comisión Europea ha acusado este lunes a varias cementeras, empresas fabricantes de aditivos para la construcción y patronales del sector en España, Francia y Alemania de “coludirse para incrementar los precios en el suministro de productos químicos para cemento, hormigón y mortero”. Cree el Ejecutivo de la UE que un grupo de más de 10 empresas y tres organizaciones patronales del sector de químicos para la construcción se pusieron de acuerdo de forma ilegal −definición de coludir− entre 2021 y 2022 para encarecer sus productos.
Estas empresas se habrían coordinado, según las conclusiones preliminares de Bruselas, para responder al “incremento del precio de las materias primas en esos años”. Tanto la pandemia como la invasión de Ucrania por Rusia provocó un aumento de precios en el sector y la colusión se habría producido “en el contexto de la elaboración de comunicados de prensa en el seno de las asociaciones sectoriales nacionales, con el objetivo de justificar las subidas de precios”, desarrolla la Comisión en el texto en el que informa de su decisión.
“El caso concreto se centra en el suministro de aditivos […]. Se usan para mejorar la eficiencia en la fabricación y las prestaciones del cemento. Sus precios tienen un impacto directo en los costes de la construcción”, apuntan los técnicos del departamento que dirige la vicepresidenta de la Comisión y máxima responsable de Competencia, Teresa Ribera.
Para desarrollar la investigación, la Comisión registró en octubre de 2023 las sedes de empresas del sector en varios Estados miembros. Tras estas pesquisas y casi tres años después, Bruselas lanza tres acusaciones separadas en Francia, Alemania y España, una por país, sobre Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Syka, TAM, Liesen y Remei, más las organizaciones patronales SYNAD (francesa), Deutsche Solutions (alemana) y ANFAH (española).
Advierte la Comisión, con una cautela usual en este tipo de anuncios, que esta acusación preliminar no tiene por qué acabar con un señalamiento de culpabilidad. No obstante, es pronto para determinar cuándo puede saberse, porque, como señala Bruselas, en las investigaciones de defensa de la Competencia que siguen los cauces tradicionales, no hay plazos marcados. “La duración depende de varios factores, incluyendo la complejidad del caso o el nivel de cooperación de las empresas afectadas”, explica.
Las sanciones en estos casos son incluso más altas que en otros, puesto que pueden llegar al 10% de los ingresos globales de una empresa y, además, conllevar la obligación de acatar las medidas que imponga la Comisión para remediar el problema.
No es la primera vez que las autoridades de Competencia en la UE abren una investigación sobre empresas dedicadas al cemento. Ya hubo una sanción en la última década del siglo pasado y hubo otra en 2002, en este último caso, sobre ocho empresas italianas, a las que se les multó con 85 millones de euros por haber formado un cartel durante 11 años, entre 1989 y 2000, “en el mercado de los redondos para cemento armado”.
También en España ha habido sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador propio. En 2016, este supervisor multó con 29,17 millones a varias compañías. No obstante, el Tribunal Supremo anuló esta decisión.
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