La Comisión Europea evita tomar partido respecto a los beneficios extraordinarios (los llamados beneficios caídos del cielo) que están amasando las compañías energéticas a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Bruselas se resiste a impulsar un mecanismo europeo para gravar las ganancias extraordinarias de estas compañías derivadas del conflicto de Oriente Próximo y del cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes de la crisis el 20% del gas natural licuado y el petróleo para consumo mundial. España, Alemania, Italia, Austria y Portugal reclamaron al Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen un marco legal sólido para gravar esas rentas inesperadas en el sector, con el objetivo de evitar que el coste de la crisis energética, que ya se está notando en el bolsillo de los ciudadanos, recaiga exclusivamente sobre los consumidores y sobre el erario público. La Comisión, no obstante, es reacia a hacerlo a nivel europeo. En su lugar, el nuevo plan europeo contra la nueva crisis energética deja en manos de los países la puesta en marcha de este tipo de medidas.
La Comisión Europea ultima su plan de medidas ante el conflicto en Oriente Próximo
La Comisión Europea evita tomar partido respecto a los beneficios extraordinarios (los llamados beneficios caídos del cielo) que están amasando las compañías energéticas a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Bruselas se resiste a impulsar un mecanismo europeo para gravar las ganancias extraordinarias de estas compañías derivadas del conflicto de Oriente Próximo y del cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes de la crisis el 20% del gas natural licuado y el petróleo para consumo mundial. España, Alemania, Italia, Austria y Portugal reclamaron al Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen un marco legal sólido para gravar esas rentas inesperadas en el sector, con el objetivo de evitar que el coste de la crisis energética, que ya se está notando en el bolsillo de los ciudadanos, recaiga exclusivamente sobre los consumidores y sobre el erario público. La Comisión, no obstante, es reacia a hacerlo a nivel europeo. En su lugar, el nuevo plan europeo contra la nueva crisis energética deja en manos de los países la puesta en marcha de este tipo de medidas.
Los cinco Estados miembros que reclamaron la medida por carta hace unos días siguen presionando para lograr una fórmula que permita aplicarla en bloque: un nuevo tributo coordinado. Algo que, además, enviaría una potente y simbólica señal y ayudaría a mitigar el impacto económico derivado del encarecimiento del petróleo tras la escalada bélica en Oriente Próximo y el conflicto con Irán, según detallaron los ministros de Economía de esos países en una carta a la Comisión Europea. Sin embargo, en los distintos borradores del paquete de medidas que ultima el Ejecutivo comunitario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no se incluye ese mecanismo.
En la nueva estrategia que Von der Leyen planea presentar el miércoles y que después llevará a Chipre, a la cumbre europea en la que se reunirán los líderes de los 27 Estados miembros, Bruselas planea saldar la petición de España, Italia, Alemania, Austria y Portugal con una mención de que los Estados ya pueden hacerlo, a nivel nacional. En ese plan de respuesta a la crisis energética, Bruselas incluye medidas como impulsar el teletrabajo obligatorio una vez a la semana, para ahorrar en transporte y energía; cerrar en la medida de lo posible los edificios oficiales; exigir a las empresas que eviten los viajes en avión o financiar al máximo el transporte público, según los borradores que adelantó este diario.
Además, la Comisión prevé incluir un objetivo de electrificación y apuntalar un mecanismo para flexibilizar las ayudas de Estado a los sectores del transporte o agrícola, más afectados por el encarecimiento de la energía.
Madrid, Berlín, Roma, Viena y Lisboa habían reclamado más ambición a Von der Leyen. Sostienen que la volatilidad actual del mercado, impulsada por las tensiones geopolíticas, ha generado distorsiones que requieren una intervención comunitaria inmediata. Y fundamentan su propuesta en el precedente de 2022, cuando la Unión Europea introdujo una contribución temporal de solidaridad para afrontar la crisis de precios tras la invasión de Ucrania por Rusia. Los ministros argumentan que la situación actual presenta paralelismos técnicos y fiscales que justifican una herramienta similar, sin perjuicio de las medidas que cada Estado miembro adopte de forma individual.
Pero volver a la receta de 2022 en este aspecto concreto no gusta en Bruselas. Ya entonces la Comisión Europea se mostró muy remisa a buscar vías para implantar un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las energéticas. Finalmente dio el paso. En septiembre de ese año puso sobre la mesa “una contribución solidaria temporal aplicable a los beneficios de las empresas de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería” para 2023 y 2024 a la que el Consejo de la UE dio su visto bueno un mes después, tiempo récord en términos europeos.
Ahora, en cambio, solo habrá esa mención a que los Estados que quieran podrán implantar este impuesto; algo que en realidad no es más que una obviedad por el reparto de competencias en la UE, que reservan para los países el apartado tributario. A eso hizo referencia el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, hace menos de dos semanas cuando afirmó en el Parlamento Europeo que “nada impide” a los Gobiernos que quieran adoptar esta medida hacerlo. Más allá de eso ha ido incluso el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, quien ha señalado, a pesar del precedente: “Los primeros análisis muestran que es legalmente complicado”.
Hay otro argumento de los que se escuchan en Bruselas que también apunta a falta de entusiasmo por impulsar algo tipo de mecanismo como el de hace cuatro años. “No estamos en la misma situación que en 2022. Es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas entonces, incluyendo la contribución solidaria temporal”, reza la respuesta oficial cuando se pregunta sobre este asunto.
Esta contestación con la comparación entre la rapidez de las múltiples respuestas de hace cuatro años y la de ahora da pie a interpretar que la Comisión no se ha querido mover a la misma velocidad que entonces. Y no tanto por el impuesto extraordinario a las energéticas como por la demora en presentar su anunciado abanico de recomendaciones para los Estados como respuesta a la actual crisis. En las conclusiones del Consejo Europeo del 19 de marzo, se le demandó esta respuesta que tarda ya más de un mes. Es cierto que a diferencia de 2022, ahora no hay un problema de falta de suministro inminente como sucedía entonces con el gas natural y que los precios todavía no se han desmadrado como entonces. Ademas, el margen fiscal que tienen los Gobiernos, como también recalcó Dombrovskis, en ante los eurodiputados, no es grande.
A pesar de esto, precisamente en el Parlamento Europeo hay eurodiputados que se empiezan a impacientar y reclaman más ambición al Ejecutivo de la UE. Uno de ellos es el Socialista Nicolás González Casares, que ha decidido defender esta medida, poniendo mucho acento en el diseño para que recaiga sobre los combustibles fósiles.
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