Entre el calentamiento global, la desigualdad rampante cuyo máximo exponente es la crisis inmobiliaria y la inteligencia artificial (IA) buena parte del mundo vive con una espada de Damocles sobre sus cabezas. No es para menos. La época que nos ha tocado vivir está aliñada de incendios que hacen creer en el infierno climático hasta al más obcecado, profesionales que temen su pronto reemplazo por granjas de servidores que ni enferman ni protestan, jóvenes que regresan con sus padres porque no pueden pagarse su propia casa, multimillonarios que hablan de mandarnos a Marte y un sur global de 3.500 millones de pobres que cada vez tienen menos que perder.
Branko Milanovic
«El Global Justice Project sirve de esquema para el pensamiento futuro»
Mariana Mazzucato
«Los gobiernos no han de limitarse a poner tiritas donde el mercado produce daños» 
Dani Rodrik
«Los mejores resultados para reducir las emisiones vienen de las políticas verdes de China»
Daron Acemoglu
«No se debe descartar que los Estados entren en el capital de las empresas de IA»
Abhijit Banerjee
«Parte del malestar es por la idea equivocada de que la inmigración cuesta mucho dinero» 
Ha-Joon Chang
«Las pujas de los millonarios por las mansiones elevan el precio del resto de pisos» Thomas Piketty, Daron Acemoglu, Dani Rodrik, Branko Milanovic, Mariana Mazzucato, Abhijit Banerjee y Ha-Joon Chang dan soluciones ante retos como la vivienda, la desigualdad, el cambio climático o el impacto de la IA en el mercado laboral
Entre el calentamiento global, la desigualdad rampante cuyo máximo exponente es la crisis inmobiliaria y la inteligencia artificial (IA) buena parte del mundo vive con una espada de Damocles sobre sus cabezas. No es para menos. La época que nos ha tocado vivir está aliñada de incendios que hacen creer en el infierno climático hasta al más obcecado, profesionales que temen su pronto reemplazo por granjas de servidores que ni enferman ni protestan, jóvenes que regresan con sus padres porque no pueden pagarse su propia casa, multimillonarios que hablan de mandarnos a Marte y un sur global de 3.500 millones de pobres que cada vez tienen menos que perder.
Frente a tanto susto, crece la ultraderecha en las urnas y en las encuestas. ¿Por qué? ¿Acaso desde la izquierda no hay propuestas para semejantes desafíos? EL PAÍS se ha puesto en contacto con algunos de los principales economistas progresistas del planeta para conocer sus recetas. ¿Alcanza con un impuesto del 2% a las fortunas que superen los 100 millones de dólares, como propone el economista francés Gabriel Zucman? ¿O la desigualdad no se puede abordar sin incluir en el paquete la lucha para que el planeta siga siendo habitable, como defendió en junio el también francés y economista Thomas Piketty durante la presentación del informe Global Justice Project (proyecto de justicia global)?
“Sin ese enfoque dual, los gobiernos se arriesgan a repetir los errores que desencadenaron las protestas de los chalecos amarillos en Francia contra un impuesto al carbono que habría afectado a la clase media y trabajadora más que a los ricos”, dijo Piketty durante la presentación del informe, donde es coautor junto a otros 44 académicos, que muestra el camino para llegar a 2100 manteniendo el calentamiento por debajo de los dos grados y multiplicando los ingresos para una gran mayoría del planeta.
Si la reacción ultraconservadora se alimenta del miedo a retroceder, las luchas que mejoran la vida de las mayorías siempre necesitaron la ilusión por avanzar, aunque a muchos les sonase a utopía inalcanzable lo de la semana de cinco días o lo del mes de vacaciones pagadas. En ese terreno se mueve el Global Justice Project, que aspira a terminar el siglo dividiendo por dos el número de horas trabajadas, llevando el gasto en educación y sanidad del 13% al 38% del PIB global, y multiplicando los ingresos del 89% de la población mundial hasta llevarlos a 5.000 euros al mes por persona.
Limitar el calentamiento a 1,8 grados es técnicamente posible, escriben los autores del informe, si reformamos la arquitectura financiera global, reducimos el consumo de carne, y gravamos a los más ricos con impuestos de hasta un 20% para dotar un fondo soberano que compense la injusticia del actual reparto mundial invirtiendo en transición energética y reorientando hacia educación y sanidad, de menor impacto material, una parte significativa de los flujos de capitales que hoy van a actividades industriales y mineras.
En un apartado que parece escrito para adelantarse a los escépticos, el informe incluye la posibilidad de aranceles correctivos de hasta el 180% para los países que no se adhieran a la gran coalición internacional que requiere (por infligir daños ecológicos al resto) y recuerda la historia de la revolución socialdemócrata del siglo XX, cuando el gasto público pasó de representar un 10% a prácticamente la mitad del PIB, y se crearon los sistemas universales de educación y salud. “Una era habitable y equitativa en el siglo XXI es materialmente posible”, concluye el informe. “Lo que se interpone no es una imposibilidad técnica, sino una elección política y el difícil pero crucial trabajo de construir la coalición para llegar a ella”.
Branko Milanovic
«El Global Justice Project sirve de esquema para el pensamiento futuro»
“La aproximación de Piketty es muy ingeniosa porque por primera vez intenta incluir en un solo paquete todos estos problemas existenciales y ponerles números”, explica a EL PAÍS en conversación telefónica Branko Milanovic, economista del Centro de Postgrado de CUNY (Nueva York). “Sería incorrecto tomar por separado los números del informe para desestimarlo argumentando que son totalmente irrealistas, como el que afirma que toda la población del mundo tendrá en 2100 el mismo ingreso mensual de 5.000 euros”. En opinión de Milanovic, especialista en desigualdad económica, la principal contribución del informe es mostrar la interrelación que hay entre todos los problemas: la tributación a ingresos y patrimonios elevados, la dotación de un fondo de reparaciones, la reducción de las desigualdades dentro de los países y, entre ellos, la reducción de las emisiones y el desplazamiento de la producción del PIB hacia los sectores de salud y educación.
“Si la situación actual del mundo mejora y los grandes países realmente acuerdan una reforma de las organizaciones multilaterales, algo muy relevante que también destaca el informe de Piketty, hará falta un marco conceptual, una idea de qué hacer, y el informe es una muy buena primera aproximación para integrar los diferentes aspectos del problema”, explica Milanovic. “Antes que detenerse a juzgar si los números son o no factibles y alcanzables, la grandísima utilidad del informe es servir de esquema para el pensamiento futuro”.
De cualquier modo, para dar pasos más decisivos contra el calentamiento global no hace falta esperar a la gran coalición de naciones a la que aspira el Global Justice Project de Piketty. Según Abhijit Banerjee, cofundador del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab y ganador del Nobel de Economía junto a su esposa Esther Duflo, la Unión Europea tiene ya un tamaño más que suficiente como para exigir impuestos al carbono a las potencias que no los incorporan en el grado necesario. “La Unión Europea es un mercado gigantesco para los productos y servicios tecnológicos estadounidenses, eso le da un poder de negociación que ahora mismo no está usando para que EE UU incorpore en el precio de su producción las emisiones de carbono por el coste medioambiental que imponen sobre todo el planeta”, plantea Banerjee durante una conversación por Zoom.
El actual enfoque europeo es muy extraño, añade este economista, porque penaliza a los productores europeos con elevados impuestos al carbono sin exigir lo mismo de sus principales socios comerciales. En su opinión, aumentar esa exigencia es políticamente viable dentro de Europa si se articula como una preocupación nacionalista, además de medioambiental, que incluya así las sensibilidades de los gobiernos de derecha. “El mensaje sería ‘no queremos que Estados Unidos haga lo que le dé la gana con nosotros”, explica. “Ahora mismo estamos en el peor de los mundos, permitiendo que EE UU niegue los valores que nuestros gobiernos europeos se han comprometido a respetar”, añade Banerjee.
Mariana Mazzucato
«Los gobiernos no han de limitarse a poner tiritas donde el mercado produce daños»
No solo la Unión Europea tiene que ponerse en su lugar. Según la economista ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato, tomar conciencia del propio poder es también la asignatura pendiente para muchos gobiernos nacionales que, tras décadas de pensamiento neoliberal, han ido reduciendo su papel hasta convertirse en meros facilitadores de la actividad privada. Dejar atrás la era de grandes consultoras privadas fijándole el rumbo a las administraciones, o de ministros aislados con sus pequeños proyectos personales en el mejor de los casos, para pasar a un enfoque coherente donde el Gobierno nacional fija las misiones que alinean a todos los ministerios y ordenan la actividad del sector privado.
El ejemplo clásico de Mazzucato, que en Londres dirige el Institute for Innovation and Public Purpose de la UCL, es la carrera espacial de los años sesenta, cuando la NASA definió claramente lo que necesitaba para poner a un hombre en la Luna y las empresas del sector aeronáutico trabajaron para conseguir el contrato. O el más reciente del Gobierno de Brasil, subraya Mazzucato por teléfono, “cuando puso la transición ecológica en el centro, haciendo que hasta el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, tuviera que recalibrar las funciones de los bancos públicos para ayudar a lograrla”.
“En vez de la actual pasividad donde se limitan a poner tiritas allí donde los mercados provocan daños, los gobiernos deben crear valor desde el principio y poner las condiciones”, señala Mazzucato, que acaba de publicar la versión en español del libro Bien común: una nueva economía que funcione para todos (Taurus). “Hay que pensarlo como una recompensa, ¿quieres trabajar con el Gobierno en una transición ecológica sostenible? Adelante, aquí está este préstamo para tu producción de acero, pero siempre y cuando bajes el contenido material del proceso”, explica como ejemplo.
Según Mazzucato, ese acuerdo no funciona cuando los gobiernos no tienen nada bueno que ofrecer a cambio y se limitan a poner reglas. “Un Gobierno que no ha invertido en investigación pública, que no ha invertido en un buen sistema educativo y sanitario ni en buenas infraestructuras, no puede exigir condiciones a las empresas porque no tiene nada que ofrecer”, explicó. “El enfoque de la misión sirve también para que los gobiernos se den cuenta de que tienen que olvidar todas esas reglas fiscales absurdas que no tienen en cuenta el valor que genera la inversión pública en el crecimiento de largo plazo”, agrega.
Dani Rodrik
«Los mejores resultados para reducir las emisiones vienen de las políticas verdes de China»
En cierta medida, la política industrial que el economista Dani Rodrik defiende en su libro Shared Prosperity in a Fractured World (publicado por Princeton University Press en 2025) también es una historia de gobiernos asumiendo su poder transformador. Un país oficialmente comunista como China es para Rodrik ejemplo de innovación empresarial para enfrentar el desafío ecológico. “Los economistas llevan tiempo defendiendo los impuestos al carbono, y sistemas equivalentes como el mercado de carbono, como los mecanismos más eficientes para reducir las emisiones, pero los avances más espectaculares y reales que ha habido en este campo han venido por la política industrial verde de China”, escribía en octubre Rodrik, profesor de Política Económica Internacional en la John F. Kennedy School of Government de Harvard. “Orientada en torno a metas nacionales, pero implementada a nivel local por las autoridades municipales, esta política ha reducido el coste de la energía solar, de la eólica y de las baterías hasta niveles que han hecho a las renovables más baratas que los combustibles fósiles”.
Según Rodrik, las tan publicitadas subvenciones que China otorga a sus empresas son solo una pata de una política industrial más amplia donde también son relevantes los contratos de aprovisionamiento del sector público y el apoyo de empresas públicas de capital riesgo. Además de mucha experimentación, donde una parte importante de los proyectos se queda por el camino. ¿Es el enfoque de la prueba y error más viable en una autocracia como China, donde la opinión pública no ejerce tanta presión cuando se producen esos errores?
“Todo depende de cómo lo presentes”, dice Rodrik a este periódico por correo electrónico. “En EE UU la gente acepta que no todas las tecnologías y empresas apoyadas por el DARPA [Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa] tienen que funcionar, la filosofía del capital riesgo está implícita en el funcionamiento de esa agencia [del Gobierno estadounidense, encargada de desarrollar tecnologías de uso militar]”, explica. “Eso es lo que hay que lograr con las iniciativas de política industrial, presentándolas como un paquete que funciona de manera global, aunque algunas de sus partes fallen, y evitando el error que cometió la Administración de Obama cuando singularizó su apoyo a Solyndra, la empresa de paneles fotovoltaicos que luego fracasó y se convirtió en un problema de imagen”.
Luchar contra el cambio climático es otro de los poderes que algunos atribuyen a la inteligencia artificial (IA), por su potencial para mejorar la gestión de residuos, optimizar el uso de la energía y afinar las predicciones meteorológicas, entre otros avances. El Nobel de Economía y profesor del MIT Daron Acemoglu no figura entre los que así lo creen. “Por ahora, lo único que sabemos de los modelos de IA es que están afectando negativamente a la lucha contra el cambio climático porque tienen demandas energéticas muy grandes, incluso si mejoramos la eficiencia; lo que necesitamos son avances en baterías y en energía solar y eólica, y todo eso es posible con más inversiones”, explica durante una entrevista por Zoom.
Para Acemoglu, la IA también puede generar consecuencias indeseadas en el mundo empresarial, y no solo por una posible pérdida de empleos sino de competitividad. Su tesis es que la IA sigue teniendo peor desempeño que las personas en una gran mayoría de trabajos, y un reemplazo demasiado rápido de humanos por máquinas puede provocar lo que él llama una “automatización mediocre”. Para evitarlo, su propuesta es cambiar las leyes impositivas que en EE UU y otros países desincentivan la contratación de personal fomentando un exceso de automatización. En 2020, Acemoglu publicó un estudio junto a Andrea Manera y Pascual Restrepo demostrando que el tipo impositivo efectivo promedio que las empresas estadounidenses pagaban por los empleados era de 25%, frente al del 5% que pagaban por el capital. “Si terminamos con ese sesgo en los impuestos, no necesitaremos discernir algo que ahora mismo es muy difícil de saber: cuál es la IA que mejora la productividad y cuál es la que provoca una automatización mediocre”, explica.
Daron Acemoglu
«No se debe descartar que los Estados entren en el capital de las empresas de IA»
¿Y si incluso así somos reemplazados por robots que sí mejoran la productividad? ¿De dónde sacarán los gobiernos el dinero para financiar la transición hacia los nuevos trabajos del futuro? Según Acemoglu, antes que imponer un impuesto específico a la IA que puede provocar efectos secundarios por su poder distorsionador, lo mejor es aumentar los impuestos a los ingresos o al patrimonio. “La opción de hacer que los gobiernos entren en el capital de las empresas de IA no se puede descartar de entrada, teniendo en cuenta el potencial absolutamente transformador que puede tener la tecnología, pero debe ser considerada teniendo en cuenta sus costes”, dice el premio Nobel.
Entre esos costes figuran las protestas con que las empresas de IA se resistirían de manera legítima a la medida, por considerarla un cambio en las reglas del juego. También, los efectos que la entrada de los gobiernos en el capital tendrían sobre el sistema de libre competencia. “No podrías esperar imparcialidad de un Gobierno con intereses en una empresa de IA, lo normal sería que cuando tenga que buscar un proveedor de IA termine favoreciendo a sus propios modelos”, según Acemoglu. “Podríamos terminar favoreciendo el desarrollo de una IA con medidas de seguridad mucho peores, por ejemplo, solo porque es la que pertenece al Gobierno”.
Para Acemoglu, otro avance necesario es el desarrollo de una IA competitiva en la UE, aunque en la actualidad esté completamente fuera de la carrera que libran EE UU y China en este sector. En su opinión, Europa cuenta con los recursos humanos que hacen falta para lograrlo (“en su mayoría, trabajando en las empresas americanas”), y mejores instintos democráticos que Pekín y que Washington para ponerla al servicio de los trabajadores, y no contra ellos. “Requeriría la creación de centros neurálgicos para el desarrollo de la IA, no puedes tener una empresa en cada una de las capitales europeas, y una estructura financiera que permita canalizar fondos para que las empresas de tamaño mediano puedan escalar”, dice a este periódico. “En Europa hay mucha riqueza privada, y los patrimonios privados son los que han financiado una parte importante de la inversión mundial en IA”, añade. “Un modelo viable para Europa sería desarrollar su propia versión de la industria de capital riesgo estadounidense, menos obsesionado con la escala y la expansión”.
Pero no ha hecho falta esperar a la IA para ver cómo los incrementos en productividad derivados de las nuevas tecnologías se implementaban sin mejorar la vida de los trabajadores. Según Rodrik, eso es exactamente lo que ha ocurrido en una parte importante del sector servicios durante los últimos años. “Solo hay que pensar en el efecto que las nuevas tecnologías introducidas por empresas como Uber o Amazon ha tenido en sectores tan tradicionales como el del comercio y los taxis, por no hablar de los beneficios que los restaurantes han registrado gracias a los pedidos online y a los servicios de entrega a domicilio”, explica. “El problema es que los trabajadores, por el momento, no han podido apropiarse de esas mejoras”.
Y es que subir los impuestos o entrar en el capital de las empresas de las nuevas tecnologías no son las únicas formas de hacer que las mejoras en productividad beneficien a los trabajadores. En opinión de Rodrik, también son especialmente importantes las políticas que aumentan el poder negociador de esos trabajadores, “permitiendo los convenios colectivos y sectoriales y comprometiendo a las empresas en una relación quid pro quo que da preferencia en sus tratos con el Estado a las que se comprometen con mejoras en la forma en que tratan a sus empleados”.
Abhijit Banerjee
«Parte del malestar es por la idea equivocada de que la inmigración cuesta mucho dinero»
Según Banerjee, la IA va a representar un gran desafío incluso en los mejores futuros posibles. Como, por ejemplo, el escenario en el que la IA solo mejora la productividad de los trabajadores, asistiéndolos en vez de reemplazándolos. “La elasticidad en la demanda de muchos servicios donde mejorará la productividad no es infinita: la gente no va de repente a comprar 20 veces lo que antes compraba una vez, por más que ahora sea más fácil de producir”, dijo. “Las personas que antes solo necesitaban un contable y ahora pueden resolver ese trabajo en 10 minutos con la IA no van a contratar a más contables”.
En su opinión, tenemos que empezar ya a preguntarnos qué hacer si algo así ocurre. No solo por la forma de derivar hacia los ciudadanos los beneficios obtenidos por las empresas gracias a la IA, sino por lo que puede significar “un mundo donde la gente tenga mucho tiempo libre y nada que hacer”. Los principales experimentos de poblaciones con una especie de renta básica y nada que hacer, dice este economista, están en las reservas indias de EE UU. “No está claro que haya conducido a una gran felicidad”, explica. “No hemos pensado mucho en este tema porque el mundo está escorándose hacia la derecha y no parece que haya mucho espacio para hablar de redistribuir la riqueza generada por la IA, pero imaginemos que sí lo queremos y podemos hacer, ¿cómo lo haríamos?”, se pregunta.
Para Banerjee, una posible respuesta sería formar y certificar a los ciudadanos en los nuevos sectores de desarrollo. “Los gobiernos podrían apostar por expandir el sector social, por ejemplo, con más asistencia a los ancianos, mejor cuidado para los niños, y otros servicios donde la gente suele preferir que sea una persona y no una máquina quien se ocupe de los abuelos y los niños”, sugiere. “La gente también va a exigir que esas personas que cuidan de sus familiares estén capacitadas, por eso creo que es importante entender que los gobiernos no van a tener que limitarse a redistribuir dinero, también tendrán que invertir en ese rediseño de la sociedad”.
Posible abandono
En el Global Justice Project de Piketty, solucionar la desigualdad es solucionar mucho. Y no solo por los fondos globales que canalizarían hacia los países pobres parte de lo recaudado subiéndole los impuestos a los millonarios. También ayudaría a las zonas de los países ricos con las peores tasas de desempleo, como el norte de Francia o el este de Alemania, donde el malestar por la sensación de abandono se ha traducido más claramente en políticas de rechazo a la inmigración.
Claro que no hace falta esperar a que se ponga en práctica el proyecto. Según Banerjee, “es posible crear ya un mecanismo, dirigido especialmente a los jóvenes de esas zonas, para ayudarles a mudarse y a que consigan trabajo en otros lados”. “Es verdad que si por ahora no lo hemos logrado, se debe en parte a la escasez de las arcas públicas y a la resistencia que presentan los millonarios cada vez que se habla de subirles los impuestos”, subraya.
La percepción de los fenómenos migratorios en los países de acogida también puede cambiar si mejora la información. Como dijo Banerjee, “gran parte del malestar tiene que ver con la idea equivocada de que los inmigrantes cuestan un montón de dinero al erario, cuando lo cierto es que suelen ser gente joven, en edad de trabajar, que aportan más de lo que reciben”. En sus estudios, Banerjee ha demostrado que la llegada de cantidades importantes de trabajadores nuevos de poca cualificación no baja los salarios locales. “A la gente le cuesta creerlo, pero esa es la evidencia y se debe a que estos trabajadores también aumentan la demanda general, son personas que no viven del aire, además entre ellos hay muchos emprendedores que crean empleos”, enfatiza. “De hecho, los que sí bajan los salarios locales son los inmigrantes de alta cualificación, que paradójicamente son los que todos los países quieren tener”.
Con una tasa de natalidad que en 2024 llegó al mínimo de 1,34 hijos por mujer para la UE (y de 1,1 para España), la llegada de inmigrantes es imprescindible para el sostenimiento de la economía y el sistema de pensiones. Según Banerjee, planificar bien su llegada es una de las claves para su gestión. “En Alemania lograron una integración notable de los sirios simplemente porque se ocuparon de crear un mecanismo que los distribuía por diferentes lugares del país, evitando la creación de asentamientos aislados del resto”, dice. “Pero el tema de la inmigración se ha vuelto tan incómodo que no lo reconocemos como existente y no adoptamos una política para abordarlo, lo mismo que pasa con muchas actividades delictivas”.
Ha-Joon Chang
«Las pujas de los millonarios por las mansiones elevan el precio del resto de pisos»
Según el economista Ha-Joon Chang, profesor en la SOAS University of London, las dificultades para acceder a la vivienda que enfrentan los ciudadanos en muchos países del mundo también se aliviarían con una reducción de la desigualdad. Y es que, según sus análisis, “las pujas al alza de los multimillonarios para acceder a las propiedades inmobiliarias más exclusivas terminan elevando el nivel general de precios para el resto de propiedades”.
Aunque el problema no tenga una solución rápida, Chang es partidario de aprender de lugares que lo han gestionado mejor, como Singapur. “El Gobierno de Singapur maneja el 85% del mercado de la vivienda, desde los pequeños hogares en alquiler para los jóvenes hasta los apartamentos de lujo, y eso hace que en el 15% restante, a cargo de desarrolladores enteramente privados, no puedan excederse con los precios si no quieren que los clientes se vayan a la oferta oficial”, dice en una videoconferencia.
“De Singapur hay dos lecciones: una es que los estándares de las casas son bastante buenos, no puedes limitarte a hacer bloques de edificios sin jardines, parques, o buenas instalaciones públicas porque en cuanto la gente mejora un poco su nivel adquisitivo se va de allí y la zona termina degradándose”, dice. “La otra, que el Gobierno pasó de controlar el 50% del suelo en 1965, cuando el país comenzó su independencia, hasta el 90% de hoy, unas adquisiciones que ha ido ejecutando poco a poco y que ahora le permiten proveer a su población de viviendas asequibles”.
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