El presidente del Gobierno mantiene viva una moribunda legislatura en la engañosa creencia de que España navega en una mansa estabilidad política y social, manifestada en un crecimiento económico y del empleo generosos, pese a llevar toda la legislatura sin un solo Presupuesto del Estado, con una agenda política sepultada de casos de corrupción y un debilísimo hilo de apoyo político que le impide aprobar cualquier iniciativa parlamentaria y que proyecta una imagen de interinidad y de agónico fin de ciclo. La situación dista leguas de poder considerarse normal, y aunque es difícil de cuantificar, afecta muy negativamente al desempeño de la economía, tanto para los agentes internos como externos, cuando España tiene urgencias severas que afrontar que no pueden esperar a que mejore el humor de los dirigentes políticos.
Muchas decisiones de inversión están paradas
por la incertidumbre y el deterioro reputacional que inflige la corrupción
El presidente del Gobierno mantiene viva una moribunda legislatura en la engañosa creencia de que España navega en una mansa estabilidad política y social, manifestada en un crecimiento económico y del empleo generosos, pese a llevar toda la legislatura sin un solo Presupuesto del Estado, con una agenda política sepultada de casos de corrupción y un debilísimo hilo de apoyo político que le impide aprobar cualquier iniciativa parlamentaria y que proyecta una imagen de interinidad y de agónico fin de ciclo. La situación dista leguas de poder considerarse normal, y aunque es difícil de cuantificar, afecta muy negativamente al desempeño de la economía, tanto para los agentes internos como externos, cuando España tiene urgencias severas que afrontar que no pueden esperar a que mejore el humor de los dirigentes políticos.
La madurez que se le supone a Pedro Sánchez tras ocho años en el Gobierno le aconseja agotar la legislatura y fijar la convocatoria electoral cuando constitucionalmente toque, un empeño que contrasta con el gusto enfermizo y poco edificante que tenía por las repeticiones electorales en sus primeros años al mando del PSOE. Debe ser porque cree que entonces le convenía, y que ahora le perjudica, pensando, insólito en un dirigente político con responsabilidades de primer nivel, más en el interés individual que en el colectivo.
Cuando España entró en la espiral de inestabilidad política ahijada de la gran recesión, y tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Sánchez, un auténtico demócrata adicto a las repeticiones electorales y a las iliberales decisiones asamblearias, forzó una nueva convocatoria (26 de junio de 2016) para impedir que Mariano Rajoy siguiese en La Moncloa. Como el resultado tampoco dejaba opciones alternativas, intentó forzar una segunda repetición electoral que habría caído por calendario en plena Navidad, y que atajaron los viejos rockeros del PSOE instigados por Felipe González, con la destitución de Sánchez en un Comité Federal del partido, y la abstención para que Rajoy fuese investido de nuevo.
Tras llegar al poder con una moción de censura, intentó agotar la legislatura para “estabilizar el país tras la alarma social creada por la corrupción”, pero tuvo que ceder a las exigencias de sus socios parlamentarios y convocar para el 28 de abril de 2019. Dado que el resultado no era de su completo gusto, forzó una nueva convocatoria (10 de noviembre de 2019) para no gobernar con Podemos. Como el resultado dejó al PSOE como estaba, superó de súbito las inhabilitantes pesadillas que le habría provocado gobernar con Pablo Iglesias para cerrar en 24 horas un acuerdo “ilusionante” con él. Y tras el correctivo que en la primavera de 2023 encajó en las municipales y autonómicas, se apresuró a llamar a las urnas con la canícula de finales de julio, y a formar gobierno después, tras haber perdido los comicios, rompiendo, como político de activa trayectoria heterodoxa, algunos de los consensos políticos no escritos vigentes hasta entonces en el parlamentarismo español y que son de todos conocidos.
Todo esto es historia que la gente informada conoce, pero conviene recordarla por el contraste que devuelve el espejo cóncavo de la actualidad, en la que los casos de corrupción que envuelven al partido del Gobierno (secretarios de organización y gerentes) y, presuntamente, al Gobierno mismo (un poderoso exministro adalid de la limpieza política en 2018, a punto de ser condenado), tienen al país en vilo, al Ejecutivo paralizado, al Parlamento fuera de juego y a la economía en jaque por la multitud de decisiones de consumo y de inversión pendientes de que se recupere una estabilidad que solo aprecian los ojos miopes del Gobierno. Al parecer, al contrario que en 2018, ahora, ni rastro de alarma social.
No se acostumbra en los escritos en el agua a entrar en el juego de la política, pero hay persistentes alertas sobre el daño que la parálisis política y la multitud de casos de corrupción de instancias cualificadas de poder están infligiendo a la economía y a la reputación del país. Un coste generado tanto por las pocas decisiones que se toman como por las muchas que deberían afrontarse antes de que el tiempo las encarezca. La excusa de que España es el país que más crece de Europa no viene a cuento, porque en la forma en que lo hace está su propia debilidad, y porque nunca sabremos, aunque podemos sospecharlo, cuán más elevado en cantidad y calidad podría ser el desempeño de la economía con normalidad política, con más leyes de consenso y menos decretos, y con la simple y aburrida aprobación de unos Presupuestos del Estado cada año natural, un acto tan constitucional como agotar las legislaturas, en vez de hacer juegos malabares con las cuentas prorrogadas para atender los pagos públicos.
Está muy bien crecer año tras año más del 2% y lograr récord de empleo, pero menos bien hacerlo de la manera engañosa que proporciona el crecimiento de la población inmigrada y el empleo, envuelto en una política económica y laboral que ha favorecido el reparto de la ocupación existente y la concentración masiva del nuevo trabajo en actividades de servicios de poco valor añadido, y que ha provocado un lacerante retroceso de la productividad y un estancamiento de la renta per cápita en los últimos 15 años, en los que se ha desandado el camino de convergencia alcanzado respecto a Europa. Cada vez más, el crecimiento se sustenta en el consumo nacional, privado y público, y menos en el sector exterior, pese a la pujanza del turismo, lo que habla del deterioro de las variables que marcan la competitividad económica.
La inversión extranjera
Aunque está también afectada por condicionantes ajenos a la situación política nacional, España se ha estancado en la recepción de inversión extranjera (en 2025 descendió un 22%), un fenómeno que siempre ha acompañado los saltos de riqueza del país, precisamente en un contexto de relocalización de las apuestas de los negocios en el mundo, tras la censura a la globalización y al multilateralismo. España ha perdido atractivo como destino inversor, tal como refleja la vasta encuesta realizada por Kearney entre más de 500 altos directivos de multinacionales este mismo año.
Los elevados niveles de deuda y los blindajes del Gobierno a las adquisiciones de empresas y negocios considerados estratégicos son responsables de la pérdida de atractivo de España. Si en 2023 ocupaba el octavo lugar del mundo para atraer inversión, ahora está en el decimoquinto. Deterioros parecidos reflejan otros índices que destacan el elevado peso del gasto público, la sobrerregulación y la inseguridad jurídica como las variables en las que peor puntúa España.
Dentro del país, los empresarios muestran reiteradamente en las encuestas de actividad del Banco de España el elevado nivel de incertidumbre política como freno a las decisiones de inversión privada desde la pandemia, mientras que la pública sólo ha repuntado en los últimos años de la mano de los recursos europeos, no del todo gastados por la falta de interés de cofinanciación de determinadas actividades de las identificadas por el Gobierno.
Los indicadores de Transparencia Internacional, que ponderan la calidad institucional y los niveles de corrupción, muestran que España califica peor que la media europea, con 17 de los 27 países mejor colocados. Un informe de la Fundación BBVA, ya en 2018 recordó que España tiene un nivel de calidad institucional y regulatoria inferior al que le correspondería por su nivel económico, con un coste económico más allá de los fondos sustraídos por las redes de corrupción y que se concreta en desincentivos al emprendimiento, a la innovación, a la competencia y al esfuerzo, con el consiguiente deterioro de la inversión, la productividad y la renta de los particulares. La oleada de intervencionismo en las instituciones regulatorias en los últimos años sólo ha podido deteriorar la reputación del país a ojos de quienes buscan oportunidades de negocio en él.
Por decisiones propias y ajenas, y también por negligentes indecisiones, la mejora de la economía es más nominal que real y no encuentra reflejo en el nivel de vida de la población, que, pese al récord de ocupación y las mejoras forzadas de las remuneraciones, se aleja cada vez más de la posibilidad de proporcionar algunas de sus aspiraciones básicas a los particulares, como la vivienda, y ve mermada su capacidad de compra por las acumulativas subidas de los precios desde 2020.
A estas dificultades y a otras relativas al estancamiento de la productividad y la renta real, a la creciente incertidumbre sobre el sostenimiento del Estado de bienestar, a la parálisis de la inversión, a la decadencia del sistema educativo, a la deficiente respuesta a la digitalización o al estigma que la oleada de corrupción genera y paraliza las decisiones, solo se puede responder con la iniciativa política de mayorías reforzadas y estables, sean del color que sean, y no con la paralizante situación actual. ¿Compensa el coste reputacional para la economía y su futuro llevar la situación hasta donde constitucionalmente es posible?
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