El empresario del ladrillo Trinitario Casanova vuelve a aparecer en la lista de morosos de Hacienda. A través de su entramado Baraka Holding 2020, el promotor inmobiliario que ha protagonizado algunas de las polémicas más recientes del sector figura como uno de los deudores en el año 2025, con un importe de 2,6 millones de euros. El holding de Casanova no es la primera vez que aparece en este listado. Baraka Renta ya fue incluido en esta relación publicada en 2019, sobre el ejercicio anterior, por el saldo negativo de 1,21 millones de euros con el erario público.
Urbas, Reyal Urbis y los hermanos Olivares Garrigos, entre los principales deudores
El empresario del ladrillo Trinitario Casanova vuelve a aparecer en la lista de morosos de Hacienda. A través de su entramado Baraka Holding 2020, el promotor inmobiliario que ha protagonizado algunas de las polémicas más recientes del sector figura como uno de los deudores en el año 2025, con un importe de 2,6 millones de euros. El holding de Casanova no es la primera vez que aparece en este listado. Baraka Renta ya fue incluido en esta relación publicada en 2019, sobre el ejercicio anterior, por el saldo negativo de 1,21 millones de euros con el erario público.
Enriquecido en la burbuja del ladrillo que explotó en 2008, desde entonces una de sus operaciones más conocidas fue el traspaso de la venta del Edificio España, de la céntrica plaza España de Madrid, a la cadena hotelera Riu. En el mercado inmobiliario trascendió que Casanova solo tuvo una opción de compra con el grupo chino Wanda, el propietario entonces, aunque Casanova dijera que lo había comprado. Cuando llegó a un acuerdo con Riu, lo compró y lo vendió en el mismo día a la familia hotelera mallorquina.
El nombre de Casanova también apareció tras Madrid Nuevo Norte, donde llegó a un acuerdo con los llamados reversionistas (antiguos propietarios que reclaman sus derechos por ese suelo ferroviario donde se levantará la conocida como Operación Chamartín) para litigar frente a los dueños actuales, principalmente la promotora Crea Madrid Nuevo Norte (controlada por BBVA). Aunque no ha tenido suerte, de momento, en los juzgados.
Este empresario murciano cesó en marzo como administrador de Baraka, después de que un juzgado en Madrid le impusiera una condena de ocho años sin poder administrar empresas por el proceso de concurso de su filial Travis, donde la justicia vio mala fe para agravar la insolvencia. Casanova también fue juzgado por una opa falsa sobre el ya extinto Popular, con el objetivo de subir el precio de las acciones, y aunque fue condenado, finalmente fue multado y retirada la pena de prisión por las dilaciones judiciales indebidas.
Otro de los empresarios conocidos del mundo inmobiliario que aparece en la relación publicada este martes (el decimotercer listado desde que se empezó a difundir en 2015) es Juan Antonio Acedo, presidente del grupo inmobiliario Urbas, que se encuentra en un duro proceso concursal y enfrentado judicialmente a su mayor acreedor, el fondo británico Roundshield, por la reclamación de una deuda que, a juicio de la constructora, es inexistente. Acedo aparece en la lista de morosos por tercera vez consecutiva, debe a Hacienda alrededor de siete millones de euros.
El máximo directivo del grupo fue juzgado a principios de año en la Audiencia Nacional, junto al resto de miembros de la cúpula directiva de la compañía, por presuntas irregularidades en la ampliación de capital llevada a cabo en 2015 por el valor de 384 millones de euros. El tribunal absolvió a todos los acusados el pasado abril de los delitos societarios y contra el mercado atribuidos, si bien la sentencia no es firme, ya que la Fiscalía Anticorrupción recurrió el fallo al entender que esta operación fue una estafa para los inversores.
La crisis por la burbuja inmobiliaria provocó grandes deudas que a día de hoy siguen arrastrando muchas empresas del sector, algunas de ellas quebradas. La constructora Reyal Urbis —actualmente en liquidación— es una de las habituales del listado de morosos. Desde 2015 lidera esta relación con una deuda actual de casi 265 millones. Lo mismo ocurre con el Grupo Prasa, que llegó a ser una de las principales promotoras del país (97,36 millones); Eurofinsa, grupo internacional de ingeniería y construcción, en concurso de acreedores (91,96 millones); Aifos, una de las mayores promotoras de vivienda vacacional de la Costa del Sol (88,76 millones); u Obras Nuevas de Edificación 2.000 (87,71 millones).
Asimismo, una vez más aparece la empresa Playa de Las Teresitas SA, propietaria de los terrenos en la costa del mismo nombre de Santa Cruz de Tenerife y vinculada a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística. Según el listado, la sociedad mantiene una deuda de 6,25 millones de euros, a la que se suma, por primera vez, Inversiones Las Teresitas (en liquidación), con 64,37 millones de euros.
Roig Grupo Corporativo, sociedad vinculada a Francisco Roig, expresidente del Valencia C.F. y hermano de Juan Roig, presidente de Mercadona, es otra de las empresas incluida en la lista negra de la Agencia Tributaria desde hace unos años. Ingresó por primera vez en 2024 (en relación al año 2023) con una deuda de 9,46 millones, que se ha ido reduciendo. Según el último listado, este pasivo asciende en la actualidad hasta 7,86 millones.
Entre los particulares vinculados al sector del ladrillo se encuentra el empresario Agapito García Sánchez, que en su día fue el ciudadano con una mayor deuda con el fisco y cuyo nombre es uno de los históricos de esta lista negra. Esta cuantía queda ahora mismo en 14,93 millones de euros.
En el registro entran también de nuevo los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos, que deben 36,83 millones de euros a la Agencia Tributaria, convirtiéndose en los mayores deudores como personas físicas. Junto a ellos siguen apareciendo en esta nueva edición el matrimonio propietario de la promotora Aifos, Teresa Maldonado Taillefer (15,6 millones) y Jesús Ruiz Casado (15,5 millones); Manuel Valiente Serviole (11,56 millones); y el francés Philippe Sermay (14,6 millones).
Completan el listado Ignacio Corral Monasterio, exdirectivo de Isolux Corsán y vinculado en su día a la Operación Lezo, con 1,09 millones; Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona y empresario hotelero, que mantiene una obligación con Hacienda de 993.000 euros; y Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, con 2,1 millones.
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