Más de dos años después de firmar el acuerdo con patronales y sindicatos para articular el anticipo de la jubilación en los sectores más penosos de la economía, los que acumulan más muertes y bajas laborales, ningún sector ha accedido al mismo mediante ese nuevo procedimiento. Varios han reclamado esa mejora a la Seguridad Social, hasta sumar peticiones que interpelan a unos dos millones de empleados, pero el Ejecutivo no ha resuelto ni una sola solicitud. Ni las planteadas por sindicatos y patronales de la mano (en el transporte por carretera) ni las que solo llevan la firma de las centrales, con un gran retraso en los plazos que estableció el propio Gobierno.
Las peticiones afectan a unos dos millones de empleados, pero la Seguridad Social incumple sus propios plazos y no ha resuelto ni las que sí han pactado sindicatos y empresarios
Más de dos años después de firmar el acuerdo con patronales y sindicatos para articular el anticipo de la jubilación en los sectores más penosos de la economía, los que acumulan más muertes y bajas laborales, ningún sector ha accedido al mismo mediante ese nuevo procedimiento. Varios han reclamado esa mejora a la Seguridad Social, hasta sumar peticiones que interpelan a unos dos millones de empleados, pero el Ejecutivo no ha resuelto ni una sola solicitud. Ni las planteadas por sindicatos y patronales de la mano (en el transporte por carretera) ni las que solo llevan la firma de las centrales, con un gran retraso en los plazos que estableció el propio Gobierno.
La Seguridad Social no explica a qué se debe tal tardanza en un procedimiento que para avanzar no necesita respaldo parlamentario y en el que no debería influir la convocatoria electoral, ya que es un trámite administrativo. Los sindicatos lamentan el “incumplimiento” del Gobierno de esos plazos “pactados”, critican la falta de respaldo empresarial en varios sectores y avisan de movilizaciones “gobierne quien gobierne”.
Para entender esta historia conviene retroceder unos dos años, cuando el Gobierno firmó un el pacto con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme que incluía este nuevo procedimiento. Es el único gran acuerdo del diálogo social de la presente legislatura, la única ocasión en que el Gobierno ha conseguido respaldo patronal desde las elecciones de 2023.
El decreto que articula esta política, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025, establece que las patronales y los sindicatos representativos en un sector pueden solicitar a la Seguridad Social que estudie si hay un índice de bajas y siniestralidad suficiente como para anticipar el retiro en las actividades más sacrificadas, siempre que sea imposible mitigar la penosidad con medidas correctoras. Tras la elaboración de varios informes, los mismos son trasladados a una comisión de evaluación, que emite una recomendación, y la última palabra es de la Seguridad Social. De ser concedidos los coeficientes reductores (el nombre técnico de la herramienta), se da una sobrecotización que debe compensar el efecto del anticipo (como pronto, hasta los 52 años) en las arcas públicas.
El sector con más muertes de la economía, la construcción, fue el primero en solicitar este estudio, solo dos meses después. CC OO y UGT pidieron en julio de 2025 a la Seguridad Social que analizase la conveniencia de adelantar el retiro en una actividad que acumuló 164 muertes en 2025. Después, a la vuelta del verano de 2025, lo pidió el segundo sector con más muertes (93), el transporte por carretera. En esa actividad, a CC OO y UGT se sumaron las patronales más representativas del sector, CETM en mercancías y Confebus en el transporte de viajeros. Lo hicieron porque se habían comprometido a ello para desactivar una huelga meses atrás.
La Seguridad Social prefiere que las peticiones sean acordadas por sindicatos y patronales, pero hay un camino para que el estudio se desarrolle aunque las empresas lo rechacen: el decreto establece que en ese caso puede iniciarlo el Gobierno, a instancias de la petición sindical (o patronal), si considera que hay índices de siniestralidad e incapacidad que lo justifiquen. “Ese punto, que evita el veto patronal, fue el más difícil de negociar. Pero al final lo aceptaron CEOE y Cepyme”, subraya Carlos Bravo, el responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO.
Enfado en el transporte
Ese respaldo empresarial ha hecho que los expedientes del transporte de mercancías y el de viajeros, que emplean a unas 570.000 personas, avancen más que el resto (se han elaborado varios informes preceptivos), pero también están fuera de plazo según el procedimiento previsto. El Gobierno debería haber resuelto estos expedientes en seis meses, pero hace ya más un año que fueron registrados. “Está yendo francamente lento, con un incumplimiento claro de todos los plazos pactados”, lamenta Cristina Estévez, secretaria ejecutiva confederal de UGT y responsable de las políticas de Seguridad Social. Dice que el ministerio alude a la “carencia de personal” como uno de los motivos que justifica el retraso, “pero ya ha pasado demasiado tiempo”.
Estévez cree que el Gobierno no concederá los coeficientes al transporte antes de las elecciones, idea en la que abunda Bravo: “Parece que han tomado la decisión política de no seguir con esto, pese a que no hay ningún motivo para no avanzar en ello”. Los responsables del área del transporte de CC OO han amenazado con una huelga en el sector si la Seguridad Social no retoma el proceso. “Que den por seguro que vamos a tomar las calles si esto no cambia”, agrega Estévez, cuya organización ya anunció una huelga sectorial hace meses por estos retrasos y la anuló por el compromiso de que el Gobierno no dejaría caer los expedientes. El ministerio no precisa a EL PAÍS si se plantea avanzar en estos expedientes antes de los comicios.
La queja por la falta de avances de la Seguridad Social no se limita a las centrales. “Entiendo el enfado de los sindicatos porque es una reivindicación que por plazos ya debería estar en marcha y no hay nada“, dice Carmelo González, presidente de la patronal del transporte de mercancías. Lamenta que los sindicatos estén valorando paros por este retraso, cuando la asociación que preside ha apoyado el expediente: ”Teniendo en cuenta que nos sumamos en su momento, no me gustaría. Ya bastantes problemas tenemos, con constantes incrementos de costes».
El estado de la otra gran petición, la de la construcción, es más complejo. No tiene el respaldo de la gran patronal del sector, CNC, y está pendiente de una recolección de información que la Seguridad Social empezó en verano. Entonces se aprobó un decreto que obliga a todas las empresas a aportar antes de marzo del año que viene información adicional sobre qué hacen sus trabajadores para tenerlo en cuenta al estudiar la peticiones para anticipar la jubilación. El texto es de aplicación en más sectores, pero se aprobó pensando en la construcción, después de que los sindicatos reclamaran el anticipo para un millón de empleados. Ahora las centrales asumen que habrá muchos menos beneficiarios, sin precisar cuántos. Distintos especialistas vienen insistiendo en que los trabajos en altura, en conservación de carreteras o bajo el agua son algunos de los más expuestos y en los que más justificada estaría la anticipación del retiro.
Ayuda a domicilio, ‘handling’ y camareras de piso
Después se han ido sucediendo otras peticiones. En abril, la asociación de autónomos vinculada a UGT, UPTA, solicitó junto a otras organizaciones profesionales coeficientes para los taxistas (calculan que podría beneficiar a unos 50.000 empleados). La patronal Antaxi también piensa pedirlos, pero está esperando al resultado de la solicitud del transporte de viajeros para modular su propuesta.
Después, en julio, UGT registró la petición para 150.000 camareras de piso, las limpiadoras de los hoteles. Aunque en la mayoría de sectores la norma es la coordinación entre las dos grandes centrales, en este caso CC OO considera que UGT dio ese paso en busca de una baza de la que presumir en las elecciones sindicales, saltándose la coordinación entre centrales.
A la vuelta del verano han trascendido otras dos peticiones, en ambos casos sin respaldo patronal pero sí con CC OO y UGT alineados: los sindicatos lo reclamaron a principios de octubre para 161.000 empleadas de ayuda a domicilio y la semana pasada para 14.000 trabajadores del handling de los aeropuertos, los trabajadores dedicados a mover maletas de un lado para otro, entre otras tareas. Los especialistas en Seguridad Social de los sindicatos destacan que la concesión del coeficiente no exige respaldo parlamentario, pero que sí tiene rango de ley el cambio en la cotización.
A lo largo de la legislatura se han concedido coeficientes a algunos colectivos profesionales, pero no mediante esta nueva vía objetiva pactada con sindicatos y patronales. Es el caso de los agentes y los bomberos forestales, pero los sindicatos critican que no se haya tomado ese camino con las tripulante de cabina. A diferencia de los pilotos, pese a estar sometidas a los mismos riesgos, estas trabajadoras no acceden antes al retiro. La Seguridad Social podría concederles ese derecho incluyéndolas en el decreto que ya regula la jubilación anticipada de los pilotos, y el partido que controla este departamento, el PSOE, respaldó en el Congreso una proposición no de ley de Sumar al respecto, pero no ha dado ese paso.
Cautela de la Seguridad Social
La Seguridad Social ha afrontado todo este proceso con pies de plomo, intentando rebajar las expectativas y subrayando que solo se concederán coeficientes a los colectivos que lo justifiquen suficientemente, y en los que las medidas paliativas no reduzcan la penosidad. La cautela del departamento de Saiz se da en un momento de tensión para las cuentas de la Seguridad Social, con prestaciones cada vez más altas (por los mejores sueldos de quienes se jubilan y la recuperación de la revalorización con el IPC) y más numerosas (por la jubilación del baby boom). Con todo, el diseño de la norma establece que estos coeficientes no afectarían negativamente a las cuentas, dado el aumento de la cotización que iría aparejado a la misma.
Bravo cree que ese sobrecoste es el motivo central de las patronales sectoriales que rechazan la medida, pese al apoyo al diseño de CEOE y Cepyme: “No hay cooperación empresarial porque no están valorando esto en términos de protección a la salud. Lo están vinculando estrictamente a costes. Por eso fue tan importante que evitásemos el veto patronal en el procedimiento y que el Gobierno pueda analizar las peticiones que vengan de los sindicatos”. Estévez embiste contra el Ejecutivo por “no haber priorizado” esta política: “No se entiende, cuando es algo que mejoraría la vida de tantas personas, que ya existe para otros colectivos —como los mineros, la mayoría de policías autonómicos y los marineros—, pero no para tantos que lo merecen por la penosidad de su trabajo. Son tan evidentes en algunos casos que me cuesta comprender la falta de olfato política del Gobierno”.
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