
El Consejo de Ministros de este viernes marcará un hito clave en la agenda económica del Ejecutivo. Con la aprobación simultánea del real decreto que regula los centros de datos y de la modificación de la planificación eléctrica, el Gobierno cumple su promesa de sacar adelante ambos compromisos estratégicos para los próximos años exactamente una semana antes de las elecciones. Este paso supone rematar una de las materias pendientes más complejas del área de transición ecológica y economía digital en el tramo final de la legislatura.
El Consejo de Ministros da luz verde a ambas normas. Aagesen cumple así con el compromiso de llegar a su aprobación en el BOE antes del 29 de noviembre y asegura que se evitará un sobrecoste de 5.000 millones a los consumidores al elevar exigencias a los ‘data centers’

El Consejo de Ministros de este viernes marcará un hito clave en la agenda económica del Ejecutivo. Con la aprobación simultánea del real decreto que regula los centros de datos y de la modificación de la planificación eléctrica, el Gobierno cumple su promesa de sacar adelante ambos compromisos estratégicos para los próximos años exactamente una semana antes de las elecciones. Este paso supone rematar una de las materias pendientes más complejas del área de transición ecológica y economía digital en el tramo final de la legislatura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha justificado la urgencia del real decreto advirtiendo del severo impacto económico que habría supuesto mantener el vacío normativo sobre estas infraestructuras. Según ha detallado la ministra, de no haber regulado el sector, la falta de control sobre la demanda habría provocado un “sobrecoste de 5.000 millones de euros” en la factura eléctrica y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial.
Aagesen ha reivindicado que España se sitúa como un país “pionero” a nivel mundial para frenar tensiones de red como las registradas en mercados saturados como Irlanda —donde los centros de datos acaparan el 23% del consumo eléctrico— o Estados Unidos, reconociendo además las “preocupaciones legítimas” de la sociedad sobre el consumo hídrico y energético con el fin de blindar al tejido productivo y a los consumidores domésticos.
La vicepresidenta ha subrayado que el sector ha desbordado las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que estimaba menos de cuatro gigavatios (GW) para 2030. Actualmente, hay 15 GW con permisos de acceso concedidos (seis en transporte y nueve en distribución) -equivalentes a “prácticamente el 40% del consumo pico” nacional-, más otros 20 GW en cola.
Tramitación urgente
El calendario normativo se había tensionado en los últimos meses ante la necesidad de coordinar el vertiginoso crecimiento de la demanda energética ligada a la inteligencia artificial y el procesamiento masivo de datos con la capacidad real de evacuación de la red eléctrica nacional. La promesa gubernamental de llegar a la cita electoral con ambos textos aprobados por el Consejo de Ministros se materializa así in extremis, tras una intensa tramitación administrativa acelerada en los ministerios involucrados.
El frente más tormentoso en la elaboración de esta normativa ha sido, sin duda, la regulación específica aplicable a los centros de datos (data centers). Las nuevas exigencias impuestas a estas instalaciones han provocado un duro enfrentamiento entre el Ministerio y las patronales del sector tecnológico, eléctrico e inmobiliario especializado, representantes de empresas como Amazon, Microsoft, Google, ACS, Merlin Properties o Iberdrola. Las empresas de almacenamiento y computación en la nube han venido criticando la severidad de las condiciones técnicas, los exigentes criterios de eficiencia energética y consumo hídrico, así como las obligaciones de flexibilidad de demanda impuestas para conceder el acceso y conexión a las redes de alta tensión.
Pese al intenso rechazo y a las alegaciones presentadas por los grandes actores internacionales del sector —que advertían del riesgo de desviar inversiones hacia otros países del sur de Europa—, el texto sale finalmente adelante tras incorporar las observaciones finales y el aval técnico de los máximos órganos de control. El proyecto llega a la mesa del Consejo de Ministros respaldado por los dictámenes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. Ambos organismos introdujeron matices significativos para garantizar la seguridad jurídica del decreto, blindar la transparencia en la adjudicación de capacidad y evitar distorsiones competitivas en el mercado eléctrico.
El resultado final busca equilibrar la atracción de capital tecnológico con la protección frente a eventuales saturaciones de red, exigiendo a los promotores de centros de datos un alto porcentaje de autoconsumo con fuentes renovables directas y almacenamiento para mitigar el impacto sobre el sistema peninsular.
De forma coordinada con el decreto de centros de datos, el Gobierno elevará a aprobación la revisión de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica. Este documento estratégico traza la infraestructura de redes y subestaciones necesarias para dar respuesta al crecimiento de la demanda industrial y renovable. Sin embargo, su tramitación no ha estado exenta de fricciones políticas y territoriales. Implica un fuerte crecimiento de las inversiones, hasta los 17.000 millones en el periodo 2026-2031.
La planificación eléctrica ha suscitado profundas discrepancias con comunidades autónomas como Madrid o Aragón, que han liderado las quejas por lo que consideran un reparto insuficiente de capacidad de red para sus respectivos desarrollos industriales. En el caso de Aragón, uno de los grandes hubs emergentes de centros de datos e industria digital en Europa, el Ejecutivo regional reclamaba mayores inversiones en subestaciones y líneas de evacuación para dar soporte a los megaproyectos ya anunciados. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha denunciado de forma reiterada la saturación de los nodos que dan servicio a su potente corona metropolitana de almacenamiento digital.
Aunque la versión definitiva que aprobará el Gobierno incluye ciertos ajustes de capacidad derivados de las alegaciones regionales y los dictámenes técnicos de la CNMC, el Ministerio ha mantenido la prioridad de los criterios de eficiencia del sistema nacional frente a las pretensiones particulares de cada territorio, primando aquellos proyectos que aportan mayor estabilidad técnica al conjunto del mapa energético.
El visto bueno del Consejo de Ministros pone fin a meses de tensa negociación técnica, institucional y empresarial. En el sector afectado dan por hecho que la pugna se mantendrá en los tribunales. A una semana de las urnas, el Ejecutivo remata su compromiso legislativo en dos parcelas cruciales para la transformación económica del país, dejando perfilado el terreno donde deberá desenvolverse el desarrollo tecnológico y la transición energética en los próximos años. Falta por ver si el nuevo Gobierno, que las encuestas dan a PP y VOX, acaban cambiando algunos de estas nuevas normas.
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