El Gobierno mantiene las exigencias más duras a los centros de datos, que habían levantado la protesta del sector, pero abre la mano con los plazos para cumplirlas. Las compañías tendrán cinco años para adaptarse a los requisitos más controvertidos, entre ellos la obligación de justificar el consumo mediante energías renovables.
El Ejecutivo permitirá a las instalaciones, que habían protestado por la norma, acogerse a un régimen transitorio hasta 2031. Su intención es aprobarlo antes de las elecciones o incluso en funciones
El Gobierno mantiene las exigencias más duras a los centros de datos, que habían levantado la protesta del sector, pero abre la mano con los plazos para cumplirlas. Las compañías tendrán cinco años para adaptarse a los requisitos más controvertidos, entre ellos la obligación de justificar el consumo mediante energías renovables.
El Ejecutivo ha remitido formalmente al Consejo de Estado el proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital aplicables a los centros de procesamiento de datos (CPD) en España. Tras examinar detenidamente más de 600 alegaciones presentadas por el sector y recibir el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transformación Digital han resuelto mantener la estructura central y la elevada ambición de la propuesta, que ha provocado un fuerte rechazo del sector en el que se encuentran gigantes como Amazon, Microsoft, Google, ACS o Merlin Properties.
La regulación conserva la exigencia fundamental de justificar hora a hora un 80% de consumo cubierto con energía renovable adicional como criterio general, el escollo que ha llevado a las empresas a amenazar con reclamaciones millonarias y paralización de inversiones. No obstante, el texto final introduce un mecanismo transitorio de cinco años —operativo hasta 2031— que suaviza temporalmente el calendario de cumplimiento para las nuevas instalaciones, condicionado a que los centros de datos acepten determinadas condiciones.
El expediente normativo remitido al órgano consultivo preserva los objetivos primordiales fijados por el Ejecutivo para impedir que la llegada masiva de estas infraestructuras genere un encarecimiento en la factura de la luz o comprometa los recursos hídricos en zonas afectadas por el estrés hídrico.
La pretensión mantenida desde el principio por parte de la Secretaría de Estado de Energía es evitar, como está apreciando en otros países, que el desarrollo de estas nuevas plantas acabe provocando un incremento del recibo eléctrico para los consumidores y la industria, con el deterioro para el poder adquisitivo de los hogares y la pérdida de competitividad de la economía que podría provocar.
Implantación progresiva
La regulación se aplicará a todos los centros de datos con una potencia contratada superior a 10 megavatios (MW) que no se encuentren plenamente puestos en marcha al entrar en vigor la norma, independientemente de que ya dispongan de permisos de acceso y conexión concedidos por la red. Para canalizar las peticiones de flexibilidad transmitidas durante la fase de información pública, el real decreto ofrece dos vías alternativas de cumplimiento. La primera consiste en justificar desde el primer día de operación el 80% de correlación horaria renovable. La segunda vía abre una rampa de adaptación de cinco años, válida hasta 2031, en la que únicamente se exigirá un 60% de consumo renovable en las horas punta (P1) hasta el 31 de diciembre de 2028, incrementándose al 70% en horas punta (P1) y al 60% en horas llano (P2) entre 2029 y el cierre del periodo transitorio.
Como contrapartida obligatoria a esta flexibilidad inicial, las instalaciones que elijan el régimen transitorio deberán adherirse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) gestionado por Red Eléctrica. Este procedimiento funcionará como un freno de emergencia sin retribución económica que permitirá interrumpir el suministro del centro de datos si el sistema lo requiere. “Si la nueva demanda que llega tensa el sistema, el primero que se va a desconectar no es la industria tradicional que ya teníamos ni los consumidores domésticos, sino el centro de datos”, aseveran fuentes del Gobierno. El proyecto presentado al Consejo de Estado establece el régimen de recargos económicos y penalizaciones económicas por incumplimientos, que en última instancia podría conllevar la pérdida del permiso de acceso a la red.
Lo que sí se suaviza
Pero el real decreto sí se ha suavizado en algunos otros aspectos. La norma flexibiliza la contratación a largo plazo (PPA), ampliando de 18 a 36 meses el margen previo para considerar que una planta renovable es adicional, e incorpora la solar fotovoltaica como adicional sin límite de antigüedad, siempre que no rompa contratos a plazo existentes.
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se mantiene la máxima exigencia de la etiqueta europea ‘A’ en consumo de agua (WUE), mientras que en eficiencia energética (PUE) se aplicará una metodología adaptada a las zonas climáticas del país. Por su parte, la soberanía digital se vinculará a la categoría ‘alta’ del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), eximiendo a los metadatos y a la telemetría.
Rechazan la discriminación al sector
En el trámite de audiencia y ante el propio Consejo de Estado, el sector de los centros de datos ha denunciado de forma beligerante que esta regulación les impone un trato discriminatorio e injustificado frente a otros grandes consumidores industriales, advirtiendo de la posibilidad de emprender litigios e impugnaciones judiciales contra la norma. Frente a estas críticas, el expediente remitido al Consejo de Estado dedica un amplio apartado jurídico a justificar por qué la diferenciación reglamentaria resulta plenamente proporcional y constitucional. Desde el Ejecutivo se rebate la acusación señalando que “tratar diferente a dos personas o empresas que están en situaciones comparables o idénticas es discriminar, pero entendemos que hay diferencias estructurales significativas, evidentes, claras, que obligan a los poderes públicos a tratarles de forma diferenciada”. Fuentes del Gobierno añaden que “eso no quiere decir que sea discriminatorio” y que, en caso de eventuales litigios, defenderán la solidez del texto.
Para sustentar esta tesis jurídica, el Gobierno desarrolla tres argumentos diferenciales en la propuesta. En primer lugar, se destaca que los centros de datos presentan una insensibilidad casi absoluta al precio de la electricidad, manteniendo un consumo plano e inelástico incluso en las horas punta más caras porque la demanda digital de los usuarios no se detiene a las nueve de la noche. En segundo lugar, se esgrime el volumen físico sin precedentes de las solicitudes registradas, que alcanzan los 12 gigavatios (GW) de capacidad reservada en la red eléctrica, un apetito que supera a cualquier otra actividad industrial. En tercer lugar, el informe subraya que la demanda digital es potencialmente infinita y carece de límites geográficos o de transporte de producto, lo que obligaba a establecer salvaguardas específicas para evitar que el país asumiera costes inasumibles de firmeza en el sistema.
No descarta aprobarlo en funciones
Respecto a la tramitación administrativa, la prioridad política fijada por el ministerio es aprobar de manera definitiva el real decreto en el Consejo de Ministros antes de la celebración de las próximas elecciones generales. “Salvo sorpresa mayúscula, el trabajo técnico y el trabajo jurídico-administrativo está todo hecho para que así sea”, afirman fuentes del Gobierno, confiando en evacuar el texto con celeridad tras el dictamen del Consejo de Estado.
Si los plazos impidieran completar la aprobación antes de las votaciones, el Ejecutivo no contempla archivar el proyecto. En ese escenario, fuentes gubernamentales confirman que se solicitaría de inmediato un informe a la Abogacía del Estado para evaluar la viabilidad de aprobar el real decreto estando el Gobierno en funciones. Dado que la legislación permite aprobar disposiciones reglamentarias en funciones cuando responda a razones de interés general o actos de trámite, el ministerio argumentaría ante los servicios jurídicos del Estado que la protección de la factura de los consumidores y la seguridad del suministro eléctrico justifican plenamente la adopción del decreto.
Para evitar problemas de compatibilidad con los proyectos estratégicos de las gigafactorías presentados por España a la Unión Europea, el decreto crea un régimen especial a estas infraestructuras.
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