El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció este jueves que el Gobierno obligará por ley a los operadores de telecomunicaciones a mantener la cobertura móvil durante un mínimo de cuatro horas en caso de caída del suministro eléctrico para el 75% de la población. La medida estará integrada en el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que el Ejecutivo prevé aprobar antes de que concluya el año.
El Ejecutivo reduce la exigencia de garantizar la comunicación al 75% de la población tras la presión de las operadoras por los costes de inversión
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció este jueves que el Gobierno obligará por ley a los operadores de telecomunicaciones a mantener la cobertura móvil durante un mínimo de cuatro horas en caso de caída del suministro eléctrico para el 75% de la población. La medida estará integrada en el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que el Ejecutivo prevé aprobar antes de que concluya el año.
La versión final del texto legal rebaja las exigencias iniciales del Gobierno tras la presión ejercida por las compañías del sector durante la fase de consulta pública. El borrador original del documento exigía garantizar el servicio para el 85% de la población mediante la instalación de baterías. Las operadoras rechazaron este porcentaje al considerar que conllevaba costes de cientos de millones de euros por encima de los 73 millones de euros estimados formalmente por el Ministerio. Aunque las empresas del sector solicitaron fijar el umbral de población en el 70%, el Ejecutivo situó finalmente la obligación de cobertura en el 75%.
El despliegue de esta nueva obligación legal se ejecutará de manera gradual en un plazo de tres años para facilitar el esfuerzo inversor de las empresas. El calendario oficial establece que las redes móviles deberán cubrir al 50% de la población española durante el primer año de vigencia de la norma. Este porcentaje se elevará al 65% en el segundo ejercicio y alcanzará el 75% definitivo al término del tercer año desde su entrada en vigor.
La normativa establece asimismo diferentes niveles de exigencia según la criticidad de las infraestructuras afectadas. Las instalaciones de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo impacto operativo afecta a varias regiones o comunidades autónomas, tendrán la obligación de permanecer operativas durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico. Por su parte, las instalaciones esenciales de primer nivel, catalogadas como los centros de control que albergan la inteligencia centralizada de las redes en todo el país, deberán garantizar un funcionamiento autónomo mínimo de 24 horas mediante baterías o generadores alternativos.
El Real Decreto introduce obligaciones específicas para los proveedores que prestan conectividad a los centros de emergencias del 112 y a los sistemas de alertas públicas. Los operadores de estos servicios deberán confeccionar y presentar por primera vez Planes de Seguridad y Resiliencia. El texto les exige disponer de estrategias de redundancia con canales de comunicación alternativos, de modo que los centros de emergencia puedan recibir llamadas de forma simultánea a través de redes fijas y móviles o mediante la contratación de varios operadores.
El marco regulatorio afectará a los operadores y a las empresas que gestionan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que operen en el país. La norma acota su aplicación a las compañías que cuenten con más de medio millón de usuarios o registren ingresos superiores a los 50 millones de euros anuales, además de aquellas designadas como operadores críticos. Quedan excluidas del ámbito del decreto las redes vinculadas a la Seguridad Nacional y la Defensa.
Durante su intervención en el encuentro sectorial DigitalES Summit, celebrado en Madrid, López vinculó estas medidas con la estrategia gubernamental para avanzar en la soberanía tecnológica. El ministro detalló las inversiones ejecutadas por el Ejecutivo durante los últimos años, donde destaca un paquete de más de 10.000 millones de euros asignados a las Estrategias Nacionales de Inteligencia Artificial (IA), Tecnologías Cuánticas y Deep-Tech. Asimismo, destacó el rol de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT) en la financiación de firmas tecnológicas y la creación de dos fábricas de IA para la candidatura de una gigafactoría europea.
El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, expresó la satisfacción del sector ante la rebaja del umbral de cobertura del decreto. Spenger señaló que la industria apoyará las iniciativas destinadas a aumentar la resistencia de las redes, tras un diálogo activo con el Gobierno para diseñar una solución pragmática y financiable. El directivo reconoció la necesidad de que el sector eleve su capacidad de generar ingresos más allá de la conectividad básica, y reclamó, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, un marco regulatorio más simple en el ámbito digital europeo.
Spenger instó además a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a revisar su propuesta de liberalización de los ductos y canalizaciones de Telefónica. El regulador prevé sustituir los precios regulados de acceso por compromisos voluntarios que contemplan una subida a doble dígito de los precios durante cinco años. El resto de las operadoras del mercado emplean esta infraestructura histórica para desplegar sus redes sin incurrir en obra civil, por lo que argumentan que el incremento elevará sus costes fijos, mientras que Telefónica defiende que el precio de estos ductos ha sido deflacionista durante décadas.
Por otra parte, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García, intervino en el encuentro sectorial para defender el papel de la regulación en el crecimiento económico y la cohesión social. García afirmó que las infraestructuras, los datos, las plataformas y la inteligencia artificial forman un sistema integrado que condiciona la autonomía estratégica de la economía. El representante del organismo supervisor subrayó que la regulación cumple tres funciones esenciales: garantizar la competencia efectiva en los mercados, generar certidumbre para la atracción de inversiones y proteger tanto a los usuarios como al tejido empresarial. El vicepresidente destacó que España se sitúa entre los líderes globales en conectividad debido al despliegue de redes de fibra óptica y banda ancha fija en la práctica totalidad del territorio.
El regulador expuso los nuevos objetivos de supervisión de la CNMC en materia de confianza y visibilidad en los mercados digitales, donde destaca la implementación de un registro de alias para verificar el origen de las comunicaciones de texto y bloquear suplantaciones de identidad. A partir del próximo 15 de septiembre, las compañías operadoras estarán obligadas por ley a bloquear todos los mensajes que no figuren en este registro oficial o que provengan de proveedores no autorizados.
García avanzó además que la CNMC prepara la asignación de identificadores específicos para llamadas comerciales con el fin de combatir el fraude, al tiempo que actualiza los parámetros de calidad del servicio e impulsa herramientas de medición para los usuarios en las zonas rurales.
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