El Gobierno ha dado este lunes continuidad al escudo anticrisis con la aprobación de un nuevo real decreto que extiende, con algunos cambios de calado, la respuesta económica inicial que se dio a la guerra desatada en Oriente Próximo, unas semanas después del primer ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El paquete toma el relevo del plan que se puso en marcha el pasado mes de marzo, cuya vigencia expira este martes, 30 de junio, y recoge las nuevas medidas con las que el Ejecutivo pretende seguir amortiguando el impacto de las tensiones energéticas sobre los hogares, las empresas y los sectores más expuestos. De esta manera, se prorrogan medidas como la rebaja sobre los carburantes, aunque con un sistema de retirada progresivo. En paralelo, se inicia la reducción paulatina, hasta hacerlo desaparecer definitivamente en 2028, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
El Ejecutivo también inicia la retirada progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica
El Gobierno ha dado este lunes continuidad al escudo anticrisis con la aprobación de un nuevo real decreto que extiende, con algunos cambios de calado, la respuesta económica inicial que se dio a la guerra desatada en Oriente Próximo, unas semanas después del primer ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El paquete toma el relevo del plan que se puso en marcha el pasado mes de marzo, cuya vigencia expira este martes, 30 de junio, y recoge las nuevas medidas con las que el Ejecutivo pretende seguir amortiguando el impacto de las tensiones energéticas sobre los hogares, las empresas y los sectores más expuestos. De esta manera, se prorrogan medidas como la rebaja sobre los carburantes, aunque con un sistema de retirada progresivo. En paralelo, se inicia la reducción paulatina, hasta hacerlo desaparecer definitivamente en 2028, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
El vicepresidente primero y titular del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha dado luz verde a un segundo real decreto ley que tendrá una vigencia de tres meses. Contiene medidas que implican un coste fiscal de alrededor de 1.825 millones de euros, a los que se suman otros 2.700 millones por la rebaja ―y posterior eliminación― del impuesto que grava la producción e incorporación de energía eléctrica al sistema.
En el caso de los hogares, apuntó Cuerpo, se mantienen los descuentos sobre la gasolina y el gasóleo, pero irán decayendo a medida que pasen los meses. Las bonificaciones se articularán únicamente a través del impuesto especial sobre hidrocarburos, sin tocar el IVA. Equivaldrán a un descuento de 15 céntimos por litro de carburante durante el mes de julio, para caer a los 10 céntimos en agosto y a los 5 céntimos de alivio en septiembre, con el objetivo de eliminarlas a partir de octubre. No obstante, añadió Cuerpo, el mecanismo contará con una cláusula automática de reactivación que elevará los descuentos hasta el equivalente a los 20 céntimos por litro si la inflación de los combustibles supera el 15%.
Por su parte, para los sectores y profesionales especialmente expuestos al golpe del conflicto, como los agricultores, pescadores y transportistas, se mantiene un descuento equivalente a 20 céntimos por litro de carburante.
El decreto, sin embargo, elimina de entrada las rebajas fiscales de otros componentes energéticos como la luz y el gas. Sin embargo, el Gobierno asegura que el decreto incluye también en este ámbito un mecanismo de reactivación que permitirá poner en marcha nuevas bonificaciones si los precios oficiales superan también el 15%. En todos los casos, insistió la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, el Gobierno abre la puerta a nuevas medidas a partir de octubre si la situación así lo requiere.
El nuevo decreto, aprobado en un Consejo de Ministros que con carácter extraordinario se ha adelantado un día para blindar las medidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a tiempo, supone una nueva fase de un mecanismo que el Gobierno diseñó con vocación flexible para adaptarse a la evolución de la crisis. La primera batería fue aprobada por la mayoría de la investidura, con la abstención del PP y Podemos y el voto en contra de Vox. Incluía rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los carburantes y ayudas directas para determinados sectores, además de una cláusula que permitía retirar parte de esos alivios en función del comportamiento de la inflación. Desde entonces, el Ejecutivo había defendido que las medidas se revisarían para acompasarlas al contexto internacional, evitando mantener apoyos generalizados cuando dejaran de ser necesarios y reforzando aquellos dirigidos a los colectivos más afectados.
Con el decreto aprobado este lunes, el Gobierno opta finalmente por modificar parte de todas esas medidas. El Ejecutivo justifica la decisión por la persistencia de la incertidumbre geopolítica y el riesgo de que nuevas tensiones sobre la energía acaben trasladándose a la inflación y a la actividad económica. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en junio en el 3,2%, tercer mes consecutivo con la misma tasa, y en el área económica del Ejecutivo temen un repunte de la inflación a las puertas de las vacaciones de verano, con la operación salida a la vuelta de la esquina.
En paralelo, el Gobierno ha anunciado que está trabajando en un nuevo decreto vinculado estrechamente a la vivienda. El pasado 20 de marzo, cuando se aprobó el primer plan, el Gobierno puso en marcha un segundo decreto centrado en la vivienda, tras una dura ronda de negociación interna entre el PSOE y Sumar. Su principal medida consistía en una prórroga automática de los contratos del alquiler, pero cayó en saco roto una vez que se votó en el Congreso. En esta ocasión, el Ejecutivo ha negociado un nuevo decreto centrado en la vivienda que se aprobará en unas semanas, durante el mes de julio.
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