Apenas el 2% de los ingentes recursos que el Gobierno ha ido movilizando mediante modificaciones presupuestarias desde que comenzó a funcionar con las cuentas prorrogadas ha ido a parar al Ministerio de Transportes, un patrón que se repite este ejercicio. España opera desde hace tres años con las cuentas de 2023 como columna vertebral en materia económica. En este contexto, las modificaciones de crédito se han convertido en una herramienta cada vez más importante para gestionar el gasto público y adecuarlo a las necesidades y obligaciones actuales, dado que el país de ahora poco tiene que ver con el de entonces. Sin embargo, el departamento responsable de las infraestructuras y del transporte, en el ojo del huracán tras el accidente ferroviario de Urda, apenas ha recibido una pequeña parte de todos esos recursos adicionales.
El Ejecutivo dispara las modificaciones de crédito hasta los 81.700 millones a cierre del tercer trimestre, de los que solo 1.779 millones han ido al departamento responsable de las infraestructuras
Apenas el 2% de los ingentes recursos que el Gobierno ha ido movilizando mediante modificaciones presupuestarias desde que comenzó a funcionar con las cuentas prorrogadas ha ido a parar al Ministerio de Transportes, un patrón que se repite este ejercicio. España opera desde hace tres años con las cuentas de 2023 como columna vertebral en materia económica. En este contexto, las modificaciones de crédito se han convertido en una herramienta cada vez más importante para gestionar el gasto público y adecuarlo a las necesidades y obligaciones actuales, dado que el país de ahora poco tiene que ver con el de entonces. Sin embargo, el departamento responsable de las infraestructuras y del transporte, en el ojo del huracán tras el accidente ferroviario de Urda, apenas ha recibido una pequeña parte de todos esos recursos adicionales.
Los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), correspondientes a septiembre de 2026 y dependientes del Ministerio de Hacienda, sitúan en torno al 2,18% el peso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el conjunto de las modificaciones netas de crédito aprobadas por el Estado a cierre del tercer trimestre del año. Son 1.779 millones de euros sobre un total de 81.759 millones.
Es una proporción que reproduce la pauta que se ha mantenido en los últimos años. En 2025, el departamento recibió 1.357 millones de euros adicionales mediante este mecanismo, frente a los 76.943 millones del conjunto de la Administración estatal. Su participación se quedó así en el 1,76%. Un año antes, en el primer ejercicio con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, Transportes se anotó 972 millones sobre un total de 52.341 millones modificados, un 1,86%.
Estos porcentajes no equivalen al dinero adicional destinado al ferrocarril. Todas las modificaciones de crédito que afectan al presupuesto del departamento que acaba de dejar Óscar Puente se contabilizan en la sección correspondiente a Transportes, pero esta incluye también otras políticas y partidas, por lo que no todo el importe acaba financiando infraestructuras ferroviarias. Además, el presupuesto del Estado no recoge por sí solo todas las vías de financiación del sector. Adif también recurre al endeudamiento para financiar sus inversiones, mientras que Renfe desarrolla su actividad como empresa operadora en el mercado, además de recibir financiación pública para determinados servicios y obligaciones. Por tanto, ese 2% permite medir el peso del Ministerio de Transportes en el conjunto de las modificaciones presupuestarias estatales, pero no representa la totalidad de los recursos adicionales que recibe el ferrocarril en España.
Todas estas cifras cobran especial relevancia tras las declaraciones que el ya exministro de Transportes ofreció este martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar cuentas del siniestro de Urda y responder ante las críticas que apuntan a una falta de recursos en la red ferroviaria. Puente defendió que había invertido todos los recursos disponibles y, en parte, atribuyó a la ausencia de unos nuevos Presupuestos la imposibilidad de elevar más las partidas destinadas al mantenimiento de la red ferroviaria. “Yo invierto todo lo que tengo”, afirmó durante su comparecencia, en la que recordó que el grado de ejecución en 2024 y 2025 del presupuesto para Adif Alta Velocidad superó el 91%.
Deuda y defensa
Las modificaciones presupuestarias son una suerte de parches que permiten al Estado aumentar, reducir o redistribuir las partidas de gasto inicialmente aprobadas. Aunque siempre han sido un instrumento habitual de flexibilidad administrativa, la falta de nuevos Presupuestos desde 2023 ha intensificado su uso, hasta convertirlas en una herramienta fundamental para adaptar las cuentas prorrogadas a las necesidades de cada ejercicio.
Su volumen no ha dejado de crecer y, a cierre de septiembre, supera los 81.000 millones. Una parte muy importante corresponde a la deuda pública, que acumulaba 30.226 millones en modificaciones hasta el tercer trimestre, y el gasto en defensa, con 10.166 millones. El grueso de estos ajustes se ha canalizado mediante ampliaciones de crédito (44.812 millones) y suplementos de crédito (14.854 millones), lo que refleja el creciente recurso del Gobierno a estos mecanismos para atender obligaciones y gastos que no estaban suficientemente dotados en el presupuesto inicial.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido en varias ocasiones del creciente protagonismo de estas operaciones y de sus consecuencias sobre la gestión de las cuentas públicas. En su último informe, publicado también este miércoles, el organismo señala que el volumen de modificaciones no financieras está en máximos. La institución alerta, además, de que la dilatación de la prórroga ha obligado a introducir excepciones en las reglas ordinarias para modificar y financiar créditos, lo que reduce la trazabilidad del gasto, dificulta la rendición de cuentas y limita el control parlamentario, además de dificultar la planificación presupuestaria a medio plazo.
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