La economía española presenta una contradicción aparente. Tenemos más personas trabajando que nunca, hemos reducido significativamente la temporalidad y los salarios han experimentado incrementos nominales. Pese a ello, millones de personas ven cómo sus ingresos apenas llegan para desarrollar proyectos de vida autónomos, especialmente si tienen que abordar el coste de acceder a una vivienda.
Actividades que generan empleo, producen bienes o prestan servicios pueden resultar menos atractivas que la simple propiedad de un activo
La economía española presenta una contradicción aparente. Tenemos más personas trabajando que nunca, hemos reducido significativamente la temporalidad y los salarios han experimentado incrementos nominales. Pese a ello, millones de personas ven cómo sus ingresos apenas llegan para desarrollar proyectos de vida autónomos, especialmente si tienen que abordar el coste de acceder a una vivienda.
Un reciente estudio del Gabinete Económico de CCOO pone cifras a esta realidad. Entre 2013 y 2026, los precios de compra de la vivienda aumentaron un 108%, mientras que los salarios medios crecieron un 30%. Es decir, el precio de la vivienda ha subido 3,6 veces más que los salarios.
Un problema social conocido al que queremos añadir alguna reflexión que trasciende el problema habitacional. Y es que la inflación inmobiliaria también encarece la actividad empresarial, desincentiva la inversión productiva y reduce las posibilidades de crecimiento económico. Estamos ante un modelo de distribución de la riqueza que favorece la extracción de rentas frente a la generación de valor.
En 1985, comprar un piso de 90 metros cuadrados requería, de media, 3,1 salarios anuales íntegros. En 2026 hacen falta 7,1. En Baleares son necesarios 12,2 salarios anuales; en Málaga, 10,8; y en Madrid, diez.
Entre 2015 y 2024, los nuevos contratos de alquiler se encarecieron un 37%, frente al 21% de incremento del salario medio. Los contratos que permanecieron vigentes evolucionaron de manera mucho más moderada. Acceder a una vivienda o renovar un contrato se ha convertido en uno de los principales mecanismos de pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora.
La inflación inmobiliaria también condiciona la actividad de miles de pequeñas empresas, comercios y personas autónomas. El precio de los alquileres de locales comerciales aumentó un 18,6% entre 2021 y 2023. Un pequeño comercio debe asumir costes inmobiliarios crecientes, que probablemente incrementen precios, para alcanzar la misma rentabilidad.
Esta es una de las paradojas de un modelo económico con excesivo peso del rentismo: actividades que generan empleo, producen bienes o prestan servicios pueden resultar menos atractivas que la simple propiedad de un activo cuyo precio se revaloriza.
En 2025, la rentabilidad bruta de la vivienda alcanzó el 16%, frente al 7% de rentabilidad ordinaria de los recursos propios empresariales. Son indicadores diferentes y no directamente equivalentes, pero permiten comprender los incentivos que orientan determinadas decisiones de inversión.
Cuando resulta más atractivo obtener rentas de un inmueble que invertir en una actividad productiva, ¿qué modelo estamos incentivando y qué consecuencias tiene para la capacidad de generar riqueza y empleo?
Por otro lado, cuando una parte creciente de los ingresos salariales se destina a alquileres e hipotecas, esos recursos dejan de utilizarse para adquirir otros bienes y servicios. Se reduce el consumo de los hogares y con ello la demanda que sostiene buena parte de nuestra actividad económica.
Las familias de clase trabajadora suelen destinar al consumo una proporción mayor de sus ingresos que quienes acumulan rentas patrimoniales. Por eso, concentrar una parte creciente de la renta disponible en los propietarios inmobiliarios puede reducir el dinamismo económico.
En sentido contrario, una reducción del 30% en el coste de la vivienda podría impulsar la demanda agregada entre 21.000 y 26.000 millones de euros y favorecer la creación de entre 330.000 y 411.000 puestos de trabajo acumulados durante cinco años. Abaratar la vivienda mejoraría, por tanto, las condiciones de vida y liberaría recursos para el consumo, la inversión productiva y la creación de empleo.
Esta es una cuestión central para la aproximación que el sindicalismo de clase ha tenido respecto al 11 de noviembre. El conflicto distributivo no se produce exclusivamente entre salarios y beneficios empresariales, sino que también se desarrolla entre las rentas generadas por la actividad productiva y las obtenidas por la propiedad de activos imprescindibles para vivir y trabajar.
Es irreal pensar que la crisis derivada de los precios de la vivienda se resolverá exclusivamente mediante incrementos salariales. Ninguna negociación colectiva puede compensar indefinidamente un mercado inmobiliario cuyos precios crecen varias veces más deprisa que las remuneraciones. Por tanto, es necesario actuar directamente sobre el coste de la vivienda.
En el corto plazo, resulta imprescindible reforzar la estabilidad residencial mediante la prórroga de los contratos de alquiler, contener los precios de las rentas, así como regular los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos. Inflacionan precios, retiran oferta y expulsan a las clases populares de numerosos barrios.
Pero la regulación no basta. España necesita una infraestructura permanente de vivienda a precios protegidos, para garantizar el acceso a este bien básico e influir sobre los precios del mercado.
Para ello, debemos movilizar anualmente recursos equivalentes al 1% del PIB con el objetivo de incorporar 1,5 millones de viviendas asequibles durante una década, mediante construcción, adquisición y captación de inmuebles. Un gran patrimonio de vivienda pública debe ser un objetivo de país.
La clave es su carácter permanente. No podemos seguir utilizando recursos públicos para generar viviendas que, transcurrido un tiempo, terminan incorporándose al mercado libre y alimentando nuevas dinámicas de encarecimiento.
En nuestra opinión, debemos considerar el acceso a la vivienda como un pilar del Estado de bienestar del siglo XXI, modificando las condiciones estructurales del mercado, no limitándonos a compensar sus comportamientos.
La vivienda no puede seguir funcionando prioritariamente como un mecanismo de extracción de rentas sobre quienes necesitan un lugar donde vivir o desarrollar una actividad económica. La disputa por la vivienda es también una disputa por los salarios, por el empleo y por el modelo productivo.
No se trata solamente de garantizar un techo. Se trata de decidir si queremos una economía que premie fundamentalmente la acumulación patrimonial o una que distribuya mejor la riqueza, favorezca la inversión productiva y permita que el trabajo vuelva a proporcionar seguridad y autonomía vital.
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