“Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”. Lo proclamaba un comunicado enviado por el PSOE desde su sede central la noche del 11 de junio de 2025, nada más conocerse una investigación de la UCO que, a partir de grabaciones de Koldo García, implicaba al entonces secretario de Organización del partido en el cobro de mordidas. “Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias”, decía la nota. A la mañana siguiente, sin embargo, Cerdán fue forzado a dimitir y Sánchez compareció con aspecto demacrado y compungido. Dijo: “He pedido su dimisión, su renuncia al acta, y por eso quiero pedir disculpas. El PSOE y yo no debimos confiar en él”. El líder socialista necesitó unas horas para digerir las noticias de que había indicios contundentes contra su mano derecha en el partido.
La aerolínea salvada sin ser estratégica no puede devolver el rescate. Con condena o sin ella, quedará la idea de que Zapatero no era un hombre de paz, sino de negocios. De negocios turbios con regímenes turbios
“Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”. Lo proclamaba un comunicado enviado por el PSOE desde su sede central la noche del 11 de junio de 2025, nada más conocerse una investigación de la UCO que, a partir de grabaciones de Koldo García, implicaba al entonces secretario de Organización del partido en el cobro de mordidas. “Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias”, decía la nota. A la mañana siguiente, sin embargo, Cerdán fue forzado a dimitir y Sánchez compareció con aspecto demacrado y compungido. Dijo: “He pedido su dimisión, su renuncia al acta, y por eso quiero pedir disculpas. El PSOE y yo no debimos confiar en él”. El líder socialista necesitó unas horas para digerir las noticias de que había indicios contundentes contra su mano derecha en el partido.
Ante la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, señalado el martes por el juez como el líder de “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias”, el Gobierno está en otra posición. Sánchez defiende “el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista”. Los miembros del Gobierno se lanzaron primero a expresar sus sospechas de lawfare sobre el juez del caso, José Luis Calama. Pero no es un magistrado fácil de desacreditar. No es como Juan Carlos Peinado, el del caso de Begoña Gómez, sino alguien con fama de riguroso y que no da señales de prejuicios ideológicos. El apoyo cerrado de los socios a la izquierda empieza a resquebrajarse (Gabriel Rufián: “Si esto es verdad, es una mierda”). Y el Gobierno ha modulado su mensaje: ahora evita la crítica directa a la justicia, sin dejar de defender la presunción de inocencia de su exlíder.
El auto del juez Calama parece sólido, si bien -a eso se agarran en La Moncloa y en Ferraz-, los indicios sobre Zapatero son indirectos, siempre por referencias de otros, y no ha aparecido por ahora un mensaje escrito por él (aunque sí de su secretaria, Gertrudis Alcázar). Este argumento se va debilitando según se conocen más datos de las transacciones que movió la trama. El expresidente, el primero imputado en democracia, ha traspasado, según el juez, la fina línea que separa el lobby (actividad que sigue sin estar regulada en España, a diferencia de los demás países avanzados, aunque un proyecto de ley dormita en el Congreso) del tráfico de influencias, delito que puede castigarse con prisión de seis meses a dos años, multas y hasta nueve años de inhabilitación.
Que aparezca Zapatero cobrando supuestas comisiones de Plus Ultra es doloroso. Porque el rescate de esta minúscula aerolínea, que tenía cuatro aviones y un puñado de rutas con América Latina que ya cubren otras marcas, chirriaba a muchos en el contexto de las ayudas de Estado masivas para evitar quiebras durante la pandemia de covid. Los rescates están pensados para empresas de las llamadas sistémicas o estratégicas. Es evidente que todos los países europeos se lanzaron a salvar a sus aerolíneas, y España con más motivo por ser un destino turístico. Pero ¿era sistémica o estratégica Plus Ultra? Eso generó polémica política desde el primer día. Claro que también eran pequeñas otras aerolíneas rescatadas como Wamos Air y Evelop Airlines. El Gobierno abrió el grifo para todas.
Sobre el rescate a Plus Ultra planeaban otras sombras que se han ido oscureciendo y agigantando: su propiedad incluía a empresarios venezolanos ligados al régimen chavista, nunca había dado beneficios cuando fue al rescate y está siendo investigada por blanqueo de capitales. La peripecia del caso en los tribunales ha sido accidentada: la primera investigación de la jueza Esperanza Collazos en la Audiencia Nacional, que se archivó por un error en los plazos; la posterior imputación a la compañía que llevó a paralizar el pago de 34 millones de euros del rescate, hasta que lo levantó in extremis el juez de guardia; la demanda de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el dinero público español ha sido desviado a “una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos ilícitos” procedentes de Venezuela. El caso desembocó el año pasado en un registro de la UDEF en la sede de la aerolínea y en la detención del presidente, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli. En medio de estas investigaciones, Martínez Sola se hizo con el 65% del capital de Plus Ultra, en un intento de españolizarla, o mejor dicho, desvenezuelizarla.
Antes y después de este auto, Zapatero negó con firmeza haber intervenido en el rescate a Plus Ultra. Pero el relato del auto del juez Calama indica que los ejecutivos de la aerolínea recurrieron a él desde los primeros pasos del rescate, en mayo de 2020, y que en julio de 2020 contrataron ya a Análisis Relevante, la empresa del otro Julio Martínez (también Martínez de segundo apellido), el amigo runner de Zapatero. Esa sociedad pagó al expresidente 490.780 euros y a What The Fav, la empresa de sus hijas, 239.755. Otra mercantil de Martínez Martínez, Idella Consulenza Strategica, suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros). Esa comisión figuraba en las cuentas de la aerolínea, según el auditor Jesús Ángel Carbajo.
Lo último sobre Plus Ultra es que la compañía no ha pagado los 19 millones de euros del rescate que debía haber devuelto en marzo y está negociando con la SEPI un plan de viabilidad, muy complicado ante la crisis por el encarecimiento del queroseno y los problemas pasados y presentes de dos de sus escasos destinos: Caracas y La Habana. Se da por hecho que la compañía conseguirá ampliar los plazos para ese pago incumplido y para los 34 millones de préstamo participativo pendiente. La recuperación del dinero prestado a Plus Ultra por el Estado se ve cada vez más lejos.
Y la operación Plus Ultra no es la única señalada por la justicia. Calama implica a Zapatero en la compraventa de petróleo de Venezuela, por el que recibía ingresos canalizados también a través de Análisis Relevante. El juez señala a Zapatero por su “intervención directa” en “operaciones internacionales de alto valor económico” con productos petrolíferos, oro, acciones o divisas. Quien también pagaba a Análisis Relevante era Grupo Aldesa, propiedad al 99% de China Railway Construction Corporation (CRCC), compañía estatal china. Y otra firma en la trama es Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, según el juez “una sociedad carente de actividad real”, que movió sumas elevadas de dinero (2,6 millones de euros) y entregó 561.440 euros a What The Fav.
No aventuraré aquí el recorrido judicial del caso. El tráfico de influencias es difícil de probar ante un tribunal, porque cobrar comisiones no es en sí mismo ilegal, como se ha demostrado en algunos de los casos sobre compras de mascarillas, por escandalosas que fueran las cifras. Es más frecuente que a los comisionistas se les castigue por delitos conexos, del fraude fiscal al blanqueo de capitales o la falsedad documental. Tardaremos meses, quizás muchos, en que se delimiten las responsabilidades penales, pero las consecuencias políticas son abrumadoras e inmediatas.
El PSOE está noqueado por el nuevo escándalo, que afecta a una de sus figuras más emblemáticas, influyente en todas las izquierdas y no solo en su partido. Su balance político es en buena parte reivindicable por el progresismo: salió aparentemente limpio del Gobierno, en contraste con el anterior de Aznar; se enfrentó a EE UU por la guerra de Irak y enarboló el “no a la guerra”; implantó el matrimonio igualitario y la ley de plazos para el aborto; condujo el final definitivo del terrorismo de ETA. Fue menos ejemplar su manejo del Estatut catalán, que fue recortado por el Constitucional, lo que inflamó al independentismo y abrió el camino del procés.Pero, sobre todo, fracasó ante la Gran Recesión de 2008, que negó con obstinación hasta el último momento, marzo de 2010, cuando los mercados arreaban duro a España y tuvo que anunciar un duro ajuste en el Congreso, con sacrificios para pensionistas y funcionarios. Se olvida a menudo que fue con Zapatero cuando estalló el 15-M. Los indignados coreaban que PP y PSOE eran “la misma mierda”.
Más recientemente, el político leonés ha sido la figura a la que recurrían los socialistas para sus mítines, el revulsivo en los comicios de 2023, el único expresidente reivindicado por el partido ahora que Felipe González está tan distanciado de Ferraz. Además, ha trabajado entre bambalinas en gestiones como la comunicación con Carles Puigdemont, a quien le van imputando a todos sus interlocutores. Eran conocidas sus gestiones en Venezuela, donde se suponía que hacía de mediador entre un Gobierno dictatorial y la oposición democrática, aunque parecía inclinar la mesa hacia el primero. Perdió crédito tras el pucherazo de Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2025. Además, Zapatero fue uno de los impulsores del Grupo de Puebla de dirigentes latinoamericanos de izquierdas (incluidos los Rodríguez, Delcy y Jorge, del chavismo). Ha hecho lobby en favor de la apertura comercial a China, país al que ha viajado con frecuencia, y se movilizó para tratar de rebajar los aranceles de la UE a los automóviles del gigante asiático. Del auto del juez se desprende que nada de eso era gratis.
La mancha en un nombre mítico del socialismo español es quizás irreparable. Con condena o sin ella, quedará la idea de que no era un hombre de paz, sino de negocios. De negocios turbios con regímenes turbios. Siendo gravísimos los casos de corrupción de Ábalos y Cerdán, este resulta más desmoralizador para el partido, su militancia y sus votantes (colectivo este último menguante, por lo visto en Extremadura, Aragón y Andalucía). Y es pronto para calibrar las consecuencias de lo que se vaya sabiendo de la influencia del expresidente en la política industrial y en las relaciones exteriores del actual Gobierno de España.
Pedro Sánchez insistió en el Congreso en descartar el adelanto electoral. Pero el año que queda para un hipotético superdomingo con llamada a múltiples urnas será muy duro. Junio empezará con la declaración de Zapatero, el juicio al hermano del presidente David Sánchez y la sentencia sobre Ábalos. El calvario se va a hacer largo.
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