Las proyecciones que hace el Gobierno sobre el sistema de pensiones han pasado el nuevo examen de la Airef, la autoridad independiente que garantiza el rumbo fiscal de España. El polémico segundo informe que le solicitó el Gobierno, tras las dudas sobre si el anterior recogía bien las variables de población y crecimiento económico, certifica que se cumple la regla de gasto, aunque con una advertencia clave: cumplirla con los parámetros actuales no garantiza la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones, uno de los pilares del Estado de bienestar.
El objetivo de ofrecer prestaciones dignas en un contexto de crecimiento de la población exige tener en mente varias alternativas para afrontar cualquier escenario futuro
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
El objetivo de ofrecer prestaciones dignas en un contexto de crecimiento de la población exige tener en mente varias alternativas para afrontar cualquier escenario futuro
Las proyecciones que hace el Gobierno sobre el sistema de pensiones han pasado el nuevo examen de la Airef, la autoridad independiente que garantiza el rumbo fiscal de España. El polémico segundo informe que le solicitó el Gobierno, tras las dudas sobre si el anterior recogía bien las variables de población y crecimiento económico, certifica que se cumple la regla de gasto, aunque con una advertencia clave: cumplirla con los parámetros actuales no garantiza la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones, uno de los pilares del Estado de bienestar.
La evaluación de la Airef, presentada ayer, recoge la mejora de ingresos que calcula el Gobierno en buena medida por el aumento previsto en las cotizaciones de los autónomos, un colectivo que históricamente aporta menos que los asalariados a las arcas de la Seguridad Social. Incorporando esos nuevos ingresos, el documento cifra en el 13% del PIB el peso promedio del gasto en prestaciones en el periodo 2022-2050, dos décimas menos que el anterior análisis.
Lo principal, sin embargo, está por resolver. La Airef, ahora bajo la dirección de Inés Olóndriz, insta al Gobierno a reformar estas mediciones porque considera que respetar las cifras no supone garantizar que el sistema sea sólido. El punto más débil que observa este organismo es que el análisis oficial no incorpora el impacto de las pensiones sobre la deuda pública española.
El argumento empleado es que gastar en prestaciones supone restar recursos de otras áreas o incrementar el endeudamiento. Y la deuda pública es una de las variables que mide Bruselas para determinar la salud de las cuentas públicas.
Por este motivo, la Airef pide adecuar la regla de cálculo de España a lo que considera el marco europeo, con especial atención a la deuda. Y concede un impacto limitado a la mejora de ingresos derivada de la regularización extraordinaria de extranjeros que ha puesto en marcha el Gobierno este año. Las cotizaciones derivadas de su incorporación al sistema sumarán unos 1.000 millones de euros el primer año, con un impacto decreciente a partir de ahí.
El Ejecutivo, que defiende tener los mejores datos para evaluar la salud del sistema de pensiones, recela de los augurios catastrofistas sobre su sostenibilidad.
Sin dudar de la calidad de las cifras oficiales, los enormes retos por delante (garantizar prestaciones dignas en un contexto de crecimiento de la población jubilada) exigen pensar en vías para compatibilizar esas dos realidades.
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