La Fundación CYD acaba de publicar un análisis de los resultados del proyecto de investigación Eurostudent, una encuesta europea en la que han participado 30 países y a la que España ha vuelto después de años de ausencia, cuyo objetivo es perfilar las condiciones sociales y económicas de los estudiantes universitarios europeos. El informe arroja resultados muy interesantes que conviene tener en cuenta en otros ámbitos, como es el caso, por ejemplo, de la vivienda, seguramente el mayor problema de este país.
Eurostudent sitúa a España a la cola en ayudas públicas, con un presupuesto de becas congelado en los últimos cuatro años
La Fundación CYD acaba de publicar un análisis de los resultados del proyecto de investigación Eurostudent, una encuesta europea en la que han participado 30 países y a la que España ha vuelto después de años de ausencia, cuyo objetivo es perfilar las condiciones sociales y económicas de los estudiantes universitarios europeos. El informe arroja resultados muy interesantes que conviene tener en cuenta en otros ámbitos, como es el caso, por ejemplo, de la vivienda, seguramente el mayor problema de este país.
La encuesta muestra que los universitarios españoles destacan por vivir mayoritariamente con sus padres (el 51,2%), solo superados por países poco comparables, como Malta, y también son los que menos ayudas públicas reciben. El 29,1% de los españoles asegura recibir alguna aportación pública, frente al 40% de media en los países participantes, de manera que España está en el tercio inferior, pese al crecimiento de las becas durante los últimos años. Además, España es el segundo país con las tasas más altas (205,8 euros), solo superado por Irlanda (266,1 euros), y muy por encima de la media europea (aproximadamente 82 euros).
La cuestión de la vivienda es una de las claves que define la situación socioeconómica de los estudiantes. Que más de la mitad viva con sus padres seguramente tiene que ver con que los universitarios españoles son los que tienen la media de edad más baja y además están concentrados en las universidades en las grandes capitales, las más habitadas. En los países nórdicos se da la situación opuesta, con Finlandia, donde solo el 0,1% de los estudiantes convive con sus padres; Dinamarca, el 6%, y Noruega, el 8,6%. Los universitarios nórdicos son mucho mayores que los españoles y eso lleva a que en este caso suelan vivir con su pareja e incluso con sus hijos. Esa es la opción más frecuente en los tres países antes mencionados, y también en Suecia.
En estos países y en otros, como Alemania o Países Bajos, las residencias universitarias son también una alternativa muy recurrente. Sin embargo, en España tan solo el 4,1% de los jóvenes vive en estas instalaciones, el porcentaje más bajo después de Malta, debido a la falta de plazas. La media europea es que un 16% de los jóvenes que cursan estudios superiores convive en residencias.
La segunda opción más frecuente de vivienda para los universitarios españoles es el piso compartido, una solución a la que acude el 21,7%, lo que constituye uno de los porcentajes más altos de la muestra de Eurostudent. Si hubiera más residencias de estudiantes y a precios razonables, seguramente se reduciría el porcentaje de casas compartidas, lo que aumentaría la oferta de vivienda en alquiler y contribuiría a bajar la presión sobre el precio, al igual que sucedería si se limitaran los pisos turísticos. Parece claro que la falta de disponibilidad de vivienda a precio asequible es clave para que en España haya tanto apego a la casa familiar, al tiempo que pesan razones culturales que hacen que en los países latinos se retrase más la emancipación del hogar familiar.
La encuesta señala que el gasto medio mensual de un universitario español es de 1.148 euros y está prácticamente en la media de los países que participan en la muestra y muy por encima del vecino Portugal (904 euros). Casi la mitad del gasto lo cubre la familia (47,1%), lo que está entre los porcentajes más altos de todos. El coste del alojamiento (363,6 euros) está prácticamente en la media (368,9).
La mayor aportación de las familias tiene también que ver con el hecho de que los universitarios españoles son los que menos combinan estudio y trabajo y los que menos apoyo público reciben. Más de la mitad (51,2%) no tiene empleo y solo un tercio trabaja de forma permanente. Esa dedicación exclusiva al estudio está entre las más elevadas, aunque es similar a la de los dos países fronterizos, Francia y Portugal. La motivación para compatibilizar estudio y trabajo es la necesidad de obtener recursos para financiar el coste de la vida, ya que tan solo el 30% dice que su empleo tiene que ver con la formación que está adquiriendo.
El presupuesto de becas del Ministerio de Educación para este curso asciende a 2.559 millones de euros, que incluye las becas para estudios universitarios, bachillerato y formación profesional. Además, hay comunidades autónomas que tienen becas complementarias. La beca máxima que se puede conseguir del Ministerio de Educación es de 3.565 euros, más la matrícula gratuita, que es un importe que depende de la universidad y el tipo de grado, pero que supera los 1.000 euros. Si el nivel de renta familiar es bajo, se puede conseguir hasta 1.700, a los que se suman otros 2.700 si la carrera elegida obliga a ir a otra ciudad y, por tanto, salir del domicilio familiar. Adicionalmente, se pueden conseguir hasta 125 euros por excelencia académica y otros 60 por el reparto del sobrante presupuestario.
Este esquema de becas es obvio que es insuficiente si el estudiante tiene que pagarse la vivienda, puesto que con 2.700 euros es difícil conseguir pagar una habitación durante diez meses. De hecho, el precio del alquiler está siendo determinante en la elección de universidad, por tanto de ciudad, para realizar sus estudios. El coste de estudiar Medicina en Madrid es muy superior, por ejemplo, a formarse en Burgos, que este año ha abierto este grado con enorme éxito.
El elevado coste de los estudios universitarios es la razón por la que han surgido iniciativas privadas que ayudan a jóvenes a continuar sus estudios cuando llegan a la mayoría de edad. Este es el caso de la Fundación Dádoris, a la que pertenezco: una iniciativa de un grupo de personas cuyo nexo es el apoyo a chicos y chicas con talento y bajos recursos para que cumplan su sueño de alcanzar la universidad. Se creó en 2018 y nueve cursos después ayuda a 103 universitarios con importes medios de 5.000 euros, lo que supone en este curso un presupuesto de 515.000 euros, que proceden íntegramente del millar de mecenas privados que la nutren.
Si el presupuesto público de becas fuera más ambicioso, iniciativas de este tipo serían prescindibles. El Gobierno central ha aumentado esta inversión en formación en mil millones en diez años, de 1.507 millones a 2.559 millones, pero lleva casi congelada en los últimos cuatro cursos. En ese periodo, el coste de la vida, especialmente los alquileres, se ha desbordado. Además, el número de universitarios sigue creciendo. En el curso pasado hubo 1,87 millones de matriculados, que son 300.000 más que diez años antes. Las menores ayudas y el desplazamiento de estudiantes a la privada por las notas de corte están generando una tipología de familias que aquí no se conocía: las que se endeudan para formar a sus hijos.
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