La vivienda se ha convertido en una de las principales pruebas de estrés de la política española. Y, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también de la economía. Durante la II edición del foro Inmobiliario 360º, organizado este lunes por EL PAÍS, la titular del departamento lanzó una advertencia que resume la preocupación del Ejecutivo ante la crisis habitacional que asola a España: si no se blinda el acceso a una vivienda asequible, el crecimiento económico y la buena marcha del empleo que registra el país pueden acabar resintiéndose.
La ministra de Vivienda defiende en un foro organizado por EL PAÍS la necesidad de construir vivienda pública y de regular el mercado
La vivienda se ha convertido en una de las principales pruebas de estrés de la política española. Y, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también de la economía. Durante la II edición del foro Inmobiliario 360º, organizado este lunes por EL PAÍS, la titular del departamento lanzó una advertencia que resume la preocupación del Ejecutivo ante la crisis habitacional que asola a España: si no se blinda el acceso a una vivienda asequible, el crecimiento económico y la buena marcha del empleo pueden acabar resintiéndose.
“Si no garantizamos ese derecho, todo puede empezar a quebrarse incluso en un país como el nuestro, que crece fuertemente en economía y en empleo. Si no garantizamos ese derecho estaremos estrangulando la economía”, sostuvo Rodríguez ante representantes del sector. Una idea que repitió con distintas formulaciones a lo largo de su intervención, en la que también instó a construir vivienda asequible, a hacer crecer el parque público de España y a regular el mercado.
La ministra defendió que el debate sobre las causas está suficientemente diagnosticado y que ha llegado el momento de acelerar las respuestas. “No queda tiempo para seguir hablando de las causas y sí necesitamos abordar las soluciones con emergencia”, afirmó.
A los pocos minutos del inicio de su intervención, el discurso se vio interrumpido por la realidad que precisamente intentaba describir. Varias activistas del Sindicato de Inquilinas irrumpieron en la sala del Colegio de Arquitectos de Madrid en la que se celebraba el acto para reclamar medidas más contundentes frente a la crisis habitacional. Entre sus denuncias mencionaron el desahucio previsto en Madrid para la próxima semana de Maricarmen, una mujer de 87 años, y el reciente caso de Mariano, que también perdió su casa hace un mes. Además, exigieron “echar a los fondos buitre de España” y reforzar la protección de la población inquilina, a su juicio abandonada por una ley ―la de vivienda― diseñada para “los rentistas”. “Ministra dimisión”, añadieron.
La ministra optó por tender puentes. “Usted, como yo, peleamos por lo mismo”, les dijo antes de agradecer el papel de estos colectivos. Rodríguez incluso pidió a los organizadores que en futuras ediciones den voz a organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. “Gracias a estos colectivos estamos avanzando en garantizar el derecho a la vivienda digna”, aseguró. Son, añadió, “un acicate y una inspiración para seguir trabajando”.
El episodio reflejó la elevada tensión social que rodea al debate y las pasiones que mueve la vivienda, una cuestión en la que las administraciones se enfrentan a una presión creciente para ofrecer resultados tangibles. Precisamente por ello, Rodríguez defendió que las soluciones solo podrán construirse desde la colaboración real entre instituciones públicas, sector privado y organizaciones sociales.
A partir de ahí, la ministra desplegó el catálogo de medidas impulsadas por el Gobierno en los tres años que lleva en el cargo. Destacó el aumento del esfuerzo presupuestario en vivienda, que ha pasado de unos 400 millones de euros a multiplicarse por ocho, además de la creación de la empresa pública Casa 47, dotada con más de 2.000 millones de euros.
Si tuviera que elegir una única prioridad, aseguró, sería la construcción de un parque público. “España no tiene un parque público de vivienda” comparable al de otros países europeos y ese es, a su juicio, el gran déficit estructural que hay que corregir. En ese objetivo enmarcó también la recuperación de viviendas procedentes de la Sareb para incorporarlas al mercado asequible.
Rodríguez reivindicó además la búsqueda de acuerdos con las comunidades autónomas, independientemente de su color político. Según recordó, el Ejecutivo ha impulsado 7.000 millones de euros para promover un parque público “blindado” junto a los gobiernos regionales. “Hicimos lo difícil”, resumió, ya que la política de vivienda depende de las autonomías y el Gobierno podría haber optado, apuntó, por no haber entrado en ese terreno.
La ministra defendió que existe ya un amplio consenso social sobre la cuestión de que la vivienda debe ser considerada, ante todo, un derecho. “Ese debe ser el marco de cualquier debate”, señaló. Un planteamiento que, según dijo, no excluye la existencia del mercado o del derecho a la propiedad, pero sí obliga a que todas las políticas partan de la garantía efectiva de ese derecho básico.
Buena parte de su intervención estuvo dedicada también a reivindicar la regulación frente a quienes la cuestionan. Rodríguez rechazó la idea de que intervenir el mercado sea algo excepcional y recordó decisiones adoptadas por gobiernos anteriores, desde el rescate bancario hasta la golden visaque permitía a inversores extranjeros obtener el permiso de residencia, para defender que toda política pública implica algún grado de regulación.
“Tenemos que construir y también regular”, sostuvo. En ese sentido, defendió medidas como la congelación de alquileres en situaciones de emergencia habitacional y argumentó que la demanda de soluciones no procede únicamente de colectivos sociales, sino también del tejido económico. Según explicó, empresas y administraciones están encontrando dificultades para atraer y retener trabajadores porque muchos no pueden permitirse vivir cerca de sus centros de trabajo.
La intervención concluyó con una apelación al acuerdo político, precisamente el terreno donde, a juicio de la ministra, menos avances se han producido en los últimos años. Rodríguez aseguró que se han alcanzado consensos entre administraciones, expertos, entidades financieras y organizaciones sociales de distinto signo, pero lamentó la falta de entendimiento en el Congreso de los Diputados.
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