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  Economía  La CNMV multa con un millón de euros a la sociedad de valores del exCEO del Banco Popular
Economía

La CNMV multa con un millón de euros a la sociedad de valores del exCEO del Banco Popular

19 de octubre de 2026
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado con 1.048.000 euros a la sociedad de valores Sapiens Markets y a sus directivos, entre los que se encuentra Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz, el último consejero delegado del Banco Popular (desde abril de 2017 hasta su resolución y compra por un euro por parte de Banco Santander), que ejerce como presidente de la entidad de inversión. Además, han sido sancionados el consejero delegado, Javier Colón Bolea; y el consejero Juan Colón Bolea, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes. En total, la sociedad ha recibido tres sanciones por 600.000 euros, Sánchez-Asiaín Sanz ha sido multado con 128.000 y los hermanos Javier y Juan Colón, con 160.000 euros cada uno.

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 Sapiens es la sociedad sobre la que opera la plataforma de inversiones Darwinex, con más de 6.000 clientes que suman 50 millones entre carteras y depósitos  

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado con 1.048.000 euros a la sociedad de valores Sapiens Markets y a sus directivos, entre los que se encuentra Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz, el último consejero delegado del Banco Popular (desde abril de 2017 hasta su resolución y compra por un euro por parte de Banco Santander), que ejerce como presidente de la entidad de inversión. Además, han sido sancionados el consejero delegado, Javier Colón Bolea; y el consejero Juan Colón Bolea, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes. En total, la sociedad ha recibido tres sanciones por 600.000 euros, Sánchez-Asiaín Sanz ha sido multado con 128.000 y los hermanos Javier y Juan Colón, con 160.000 euros cada uno.

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Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz, hijo del histórico presidente del BBV José Ángel Sánchez Asiaín, preside Sapiens Markets desde su registro en España, en 2022. Además de haber sido consejero delegado del Banco Popular, es actualmente consejero de Técnicas Reunidas y presidente de la Sicav Deusto Cartera Financiera. Antes del Popular, pasó por BBK, Kutxabank, BBVA y Oliver Wyman. Sapiens es propiedad de una empresa domiciliada en Reino Unido, Tradeslide Ventures, en la que figuran como consejeros los directivos sancionados y que el pasado marzo aportó 600.000 euros, parte en capital y parte en préstamo. Tanto en el capital como en el consejo de Tradeslide también han estado, según el registro británico, José Manuel y Juan Lladó, vicepresidente y presidente de Técnicas Reunidas, que han participado en el lanzamiento de las fintech Fintonic o Borrox.

Sapiens Markets es la sociedad de valores bajo la que opera (junto a la gestora registrada en Reino Unido Tradeslide Ventures) la marca Darwinex, una plataforma de inversión dentro de la que los inversores reportan sus estrategias para que puedan ser replicadas por la propia plataforma, de modo que los más exitosos pueden obtener comisiones. “Tu track record certificado te abre la puerta a dos fuentes de capital por las que cobras el 15% de comisiones de éxito. Ambas fuentes están amparadas por nuestro paraguas regulatorio, es decir, no necesitas estar regulado por cuenta propia para cobrar por el éxito que generes a terceros”, indica la web de Darwinex.

La auditoría del ejercicio de 2025 de Sapiens Markets, realizada por Grant Thornton, contiene diversas salvedades. La sociedad tiene contabilizado dentro del epígrafe intereses “ingresos devengados por cuentas de efectivo de clientes, […] que de acuerdo con la normativa aplicable no constituyen ingresos de la entidad”, explica el informe, que calcula un importe preliminar de 131.090 euros. La cuantía total no ha podido ser determinada por el auditor. Este, además, destaca una incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para seguir en funcionamiento, después de haber registrado pérdidas por 571.487 euros en el ejercicio y acumular 354.348 de otros años.

La sociedad se encontraría, según la auditoría, valorando ceder parte de su actividad a una sociedad del grupo, “una vez haya obtenido licencia regulatoria en Chipre”. Las entidades registradas en Chipre pueden operar en España, pero la CNMV puede revocar este permiso. El supervisor vigila desde hace años que la isla no sea un coladero de actividades ilícitas y ha cancelado en torno a una decena de autorizaciones.

Las cuentas reflejaban un fortísimo aumento de la actividad en 2025. Las carteras gestionadas se dispararon de 4,65 a 19,1 millones de euros, pasando la empresa de 1.263 a 6.608 clientes. Toda la inversión de estas carteras, según la auditoría, está destinada a valores no cotizados (es decir, ni acciones ni deuda). Además, la sociedad cuenta con 33 millones de depósitos de clientes como garantía de operaciones. Las comisiones percibidas pasaron de 1,39 a 2,36 millones de euros, pero la empresa pasó de perder 255.000 euros a 571.000, principalmente por una dotación de 480.000 euros derivada de la inspección abierta por la CNMV el año pasado.

El supervisor ha impuesto la sanción por una infracción “muy grave” por incumplimientos en la salvaguarda y protección de los fondos en efectivo de los clientes, la llevanza de los registros, las funciones de control interno y la externalización de actividades esenciales. Por este apartado, la empresa ha sido multada con 300.000 euros, los hermanos Colón Bolea con 80.000 euros e Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz, con 64.000.

La CNMV también ha encontrado deficiencias respecto a la gobernanza de productos, por lo que ha sancionado a la firma con 100.000 euros, a los hermanos Colón Bolea con 30.000 y a Sánchez-Asiaín Sanz con 24.000 más. Se trata también de una infracción catalogada como “muy grave”. El tercer motivo de sanción es por haber incumplido la normativa respecto de las obligaciones en materia de información a su clientela, así como de los requisitos relativos a la adecuada evaluación de la misma. Sapiens Markets ha recibido una sanción de 200.000 euros; los hermanos Colón Bolea, de 50.000 euros; y el presidente, de 40.000 euros.

Las sanciones son firmes en vía administrativa, porque los interesados han decidido no interponer recurso por este cauce y, según la normativa, aquellas de carácter grave o muy grave se hacen públicas. No obstante, cabe recurso por la vía judicial.

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