Una década de crecimiento económico y creación de empleo no ha impedido que España empeore su posición relativa en uno de los indicadores que miden la pobreza de la población. El país ha pasado de ocupar el decimoquinto puesto al quinto entre los Estados miembros de la Unión Europea con mayor proporción de personas en situación de privación material y social severa, según un informe publicado este lunes por Funcas a partir de datos de Eurostat. En 2015, el indicador afectaba al 7,4% de la población española, frente al 9,7% de media en la UE. Diez años después, la tasa nacional es del 8,1% (tras alcanzar su pico en 2023), mientras que la comunitaria ha descendido al 6,3%. Solo Rumania, Bulgaria, Grecia y Hungría registraban porcentajes más elevados.
La tasa de privación material y social severa se eleva al 8,1%, la quinta más elevada de la UE, tras diez años de oscilaciones mientras la mayoría de socios la reducían
Una década de crecimiento económico y creación de empleo no ha impedido que España empeore su posición relativa en uno de los indicadores que miden la pobreza de la población. El país ha pasado de ocupar el decimoquinto puesto al quinto entre los Estados miembros de la Unión Europea con mayor proporción de personas en situación de privación material y social severa, según un informe publicado este lunes por Funcas a partir de datos de Eurostat. En 2015, el indicador afectaba al 7,4% de la población española, frente al 9,7% de media en la UE. Diez años después, la tasa nacional es del 8,1% (tras alcanzar su pico en 2023), mientras que la comunitaria ha descendido al 6,3%. Solo Rumania, Bulgaria, Grecia y Hungría registraban porcentajes más elevados.
La evolución refleja una divergencia entre España y buena parte de sus socios europeos. Según el informe, varios países que partían de niveles de privación más altos han conseguido reducirlos durante la última década, mientras que España ha perdido terreno pese a la expansión de su economía, sobretodo en el último lustro, y la mejora de la tasa de ocupación y reducción del paro. El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) ha mejorado las grandes cifras macroeconómicas, pero sus efectos no se han traducido en una reducción equivalente de las dificultades que afrontan los hogares con menos recursos. Por el contrario, la brecha con Europa se ha ensanchado.
El deterioro relativo no se distribuye de manera uniforme entre la población. Los hogares con niños soportan una mayor carga y en consecuencia la tasa supera la media nacional, una diferencia que apunta a las dificultades añadidas de sostener una familia cuando los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos. En 2025, la tasa de privación material y social severa alcanzó el 10,7% entre las familias con menores de 16 años, frente al 8,1% del conjunto de la población. La distancia, de más de dos puntos porcentuales, se explica porque la crianza añade gastos recurrentes —desde la alimentación hasta la vivienda y el material escolar— que dejan menos margen para absorber imprevistos cuando el presupuesto familiar ya es ajustado.
Funcas sitúa a este colectivo como prioritario en las políticas sociales. Entre las medidas que plantea figuran las transferencias económicas por hijo, el apoyo a la vivienda y el acceso asequible a servicios como la educación infantil, además de ayudas para el comedor y el material escolar. Para la población en edad de trabajar, el informe apunta también a la necesidad de reforzar la protección mediante empleos más estables, mejores salarios y un acceso a la vivienda que no absorba una parte excesiva de los ingresos.
La fotografía es distinta entre los mayores de 65 años. En este grupo, la tasa de privación material y social severa se situó en el 4,7% en 2025, casi la mitad que la registrada para el conjunto de la población. La diferencia contrasta con las dificultades que afrontan otros segmentos de edad y pone de relieve el papel que desempeñan unos ingresos regulares, como son las pensiones, a la hora de costear los gastos cotidianos. Las prestaciones públicas proporcionan una fuente de ingresos más previsible que los salarios en hogares expuestos a la inestabilidad laboral, aunque esa protección no elimina las situaciones de vulnerabilidad entre las personas mayores.
En cualquier caso, la evolución de este colectivo refleja la importancia de este tipo de prestaciones. Entre 2015 y 2018, la tasa de privación material y social severa entre los mayores aumentó del 3,5% al 8,1% como consecuencia de las medidas de ajuste emprendidas por el entonces presidente Mariano Rajoy. Pero en los siguientes años, la mejora de las pensiones ha contribuido a recuperar parte de la posición perdida, hasta situar el indicador en el 4,7% en 2025. La trayectoria sugiere que la evolución de los ingresos disponibles y la capacidad de las políticas públicas para protegerlos pueden marcar diferencias importantes en las condiciones de vida. El informe no presenta esta brecha como un enfrentamiento entre generaciones, sino como una señal de que la protección social tiene efectos distintos según las políticas aplicadas.
Para interpretar la evolución del conjunto de la población respecto a la Unión Europea es necesario tener en cuenta un cambio en la estadística europea que dificulta las comparaciones con algunas de las series que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eurostat ha situado como referencia principal la tasa de carencia material y social severa, en sustitución de la tradicional tasa de carencia material severa que continúa apareciendo en las estadísticas nacionales. Aunque ambos indicadores se elaboran a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, no miden exactamente lo mismo ni utilizan los mismos umbrales. Y el efecto es que modifica la imagen general de la población en situación de pobreza.
El indicador tradicional consideraba nueve privaciones materiales a escala del hogar y clasificaba a una persona en situación de carencia severa cuando su hogar no podía permitirse al menos cuatro. Entre ellas figuraban no poder afrontar gastos imprevistos, acumular retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y no disponer de recursos para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El nuevo indicador amplía la medición a 13 elementos —siete relativos al hogar y seis a cada individuo— y sitúa el umbral de privación severa en siete carencias. A las dificultades para afrontar gastos domésticos se suman otras que afectan a la vida cotidiana, como no poder sustituir muebles viejos, renovar la ropa, no tener dinero para pequeños gastos personales o no poder reunirse con amigos para tomar algo al menos una vez al mes por falta de dinero.
La diferencia entre ambos indicadores ayuda a explicar por qué las estadísticas no coinciden. La tasa tradicional de carencia material severa responde con mayor sensibilidad a las fluctuaciones económicas del PIB e inflación. Por eso descendió entre 2015 y 2019, repuntó durante la pandemia y la posterior crisis inflacionaria y volvió a moderarse hasta situarse en el 7,6% el año pasado. La tasa de carencia material y social severa, en cambio, se ha mantenido alrededor del 8,5% en el último decenio (8,1% el años pasado). Al incorporar dimensiones sociales y personales, refleja dificultades que no desaparecen necesariamente con la moderación de los precios o la creación de empleo. La conclusión de Funcas es que la mejora de los principales indicadores macroeconómicos no basta, por sí sola, para reducir las privaciones que afectan a una parte de la población.
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