El grupo Moeve (antigua Cepsa) ha enviado más de un centenar de requerimientos a compañías susceptibles de ser las responsables del apagón que dejó sin suministro eléctrico a la península Ibérica el 28 de abril de 2025 y que causó daños económicos a sus instalaciones por unos 50 millones de euros. El objetivo de estas notificaciones formales (burofax) es suspender el plazo de prescripción de posibles demandas para presentar reclamaciones en los tribunales, plazo que terminaba al año del incidente, esto es, el pasado 28 de abril.
Filiales del grupo han remitido burofaxes a empresas a las que la CNMC ha abierto expediente sancionador y a otras que no figuran en dicha lista
El grupo Moeve (antigua Cepsa) ha enviado más de un centenar de requerimientos a compañías susceptibles de ser las responsables del apagón que dejó sin suministro eléctrico a la península Ibérica el 28 de abril de 2025 y que causó daños económicos a sus instalaciones por unos 50 millones de euros. El objetivo de estas notificaciones formales (burofax) es suspender el plazo de prescripción de posibles demandas para presentar reclamaciones en los tribunales, plazo que terminaba al año del incidente, esto es, el pasado 28 de abril.
Cuando no existe un contrato entre el afectado por un daño y el que lo causa (por ejemplo, un accidente de circulación), el plazo para reclamar es de un año. La opción de enviar un escrito extrajudicial sirve para detener dicho plazo durante otros 12 meses. El problema al que se han enfrentado los damnificados por el apagón eléctrico del año pasado era determinar quiénes fueron los culpables a los que llevar ante un juez. Por el momento, el único acto administrativo al que acogerse es el de los 64 expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra otras tantas plantas de generación, si bien, el propio supervisor ha advertido que no tienen por qué ser las causantes del incidente, que fue “multifactorial”, y son fruto de una investigación de los dos años anteriores, salvo el incoado al operador del sistema, Red Eléctrica (REE). Además, el organismo que preside Cani Fernández se ha dado de plazo entre 9 y 18 meses para resolver definitivamente las sanciones.
Según fuentes del sector, a falta de determinar al responsable o responsables del apagón, Moeve, al igual que han hecho multitud de empresas afectadas, especialmente industriales, ha enviado requerimientos tanto a empresas señaladas en los 64 expedientes sancionadores, que la CNMC ha publicado en tres tandas desde el 17 de abril, como a otras compañías, como las distribuidoras eléctricas con las que sus grandes instalaciones tienen contrato directo, y que no figuran en la lista del organismo regulador.
Si el número de burofaxes de la compañía que preside Marteen Vetselaar es tan elevado es porque las cartas las han enviado distintas filiales del grupo a las compañías que consideran involucradas en el incidente (también distribuidoras), por lo que las cartas se multiplican. Estas filiales se corresponden a sus distintas áreas de negocio, como el de la red de gasolineras (Movilidad Sostenible); refinerías (Energy Parks); Química; Trading y Comercial y Energías Limpias. Ya el año pasado, la compañía calculó que el daño económico causado por el apagón en sus cuentas ascendía a los citados 50 millones de euros. Moeve tiene dos refinerías en el sur de España, las de Huelva y San Roque (Cádiz), y una red de 2.000 gasolineras en la Península.
Del total de expedientes sancionadores, la mayoría corresponden a las tres principales nombres del sector: Iberdrola, 24; Endesa, 17 y Naturgy, 11. A ellos hay que añadir los cinco incoados a las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Vandellós y Cofrentes, en los que participan las dos primeras compañías, por lo que las tres grandes suman 57 procedimientos. Muchos de ellos van dirigidos a las filiales de generación de estas eléctricas y otros a las matrices. Y uno de ellos, por infracción muy grave, al operador del sistema.
Los expedientes restantes, hasta 64, los han encajado empresas eléctricas con menor peso en el mercado, como la filial eléctrica de Repsol; TotalEnergy; Bahía de Bizkaia Electricidad, Contour Global La Rioja y EDP.
En cualquier caso, las afectadas que han decidido enviar este tipo de notificaciones lo han hecho para dejar la puerta abierta suspendiendo por el momento la prescripción, pero no implican que se vayan a presentar tantas demandas en el futuro, solo a quienes puedan valorar los servicios jurídicos.
Se da por hecho que Red Eléctrica ha recibido escritos para suspender el plazo de prescripción de todos o casi todos los afectados que han optado por enviar cartas para ello (la operadora ferroviaria italiana Iryo ha reconocido que solo ha enviado un burofax a REE). Esto puede provocar, según fuentes jurídicas un embudo en los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas, donde se encuentra la sede del operador del sistema y transportista, concretamente, en la urbanización de La Moraleja.
En el caso de que se opte por demandar al resto de compañías eléctricas, existe un abanico de posibilidades para elegir el juzgado en el que tramitar las denuncias: o de las sedes donde están las empresas o donde están sus instalaciones.
Moeve y Repsol fueron las primeras en enseñar sus cartas el año pasado al avanzar de forma preliminar en sus cuentas del primer semestre el montante de los perjuicios económicos sufridos por el apagón: en el primer caso, de 175 millones de euros (finalmente, los calcula en 105 millones) por los daños en sus refinerías y complejos químicos, entre ellos, el de Sines, en Portugal.
También Repsol, según confirmó recientemente su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha dado los primeros pasos para una posible demanda contra Red Eléctrica y las distribuidoras encargadas del suministro a sus cinco refinerías y sus tres plantas petroquímicas que se vieron afectadas el día del incidente, previo a un posible litigio. De hecho, según fuentes empresariales, la estrategia del grupo que dirige Josu Jon Imaz “no se basa únicamente en los expedientes abiertos por la CNMC”.
Imaz parece confiar poco en los expedientes sancionadores abiertos por la CNMC (uno abierto contra su propia filial eléctrica). Así, en la presentación de los resultados del primer trimestre de Repsol, criticó al organismo por no cumplir “sus deberes de manera eficiente” y aplicar “la teoría del ventilador”. Según sus palabras, “si este intento previo de resolución de disputas no es satisfactorio, su grupo presentará formalmente las demandas correspondientes a todas estas empresas”.
En este sentido, comparó el procedimiento con el de incidentes anteriores sufridos por la compañía. El más grave, el de 2016, que afectó a la refinería de su filial Petronor en Bilbao por el que el Tribunal Supremo obligó a Iberdrola a pagarle una indemnización de 18 millones de euros por un apagón de 12 minutos. “Eso paralizó nuestras operaciones en la refinería durante cuatro días, y fuimos indemnizados en su totalidad (..) En términos generales, estos 18 millones se aproximan al impacto en cada una de nuestras refinerías por el apagón que sufrimos en abril del año pasado”, se señaló.
Feed MRSS-S Noticias
