Redeia, grupo matriz de Red Eléctrica, transportista y operador del sistema (TSO), ha celebrado esta mañana su junta general de accionistas marcada aún por el apagón que sufrió la península Ibérica el 28 de abril del año pasado. “El tiempo nos ha dado la razón”, ha reivindicado la presidenta no ejecutiva, Beatriz Corredor, en alusión “a todos los informes oficiales”, que, según ha resumido, declararon que el suceso “fue inédito, imprevisible y multifactorial”.
Dos accionistas piden la dimisión de la presidenta, Beatriz Corredor, y su equipo directivo durante la junta general
Redeia, grupo matriz de Red Eléctrica, transportista y operador del sistema (TSO), ha celebrado esta mañana su junta general de accionistas marcada aún por el apagón que sufrió la península Ibérica el 28 de abril del año pasado. “El tiempo nos ha dado la razón”, ha reivindicado la presidenta no ejecutiva, Beatriz Corredor, en alusión “a todos los informes oficiales”, que, según ha resumido, declararon que el suceso “fue inédito, imprevisible y multifactorial”.
Corredor hizo hincapié una vez más en el informe del panel de expertos dirigido por Entso-e (asociación de operadores europeos), publicado el pasado 20 de marzo, en el que, en su opinión, exculpa al operador del sistema del incidente: “REE no falló y no hubo incumplimiento que provocase el cero eléctrico”, recalcó. El informe de este panel -reiteró, como viene haciendo últimamente-, “avala punto por punto lo que aseguró el dictamen de Red Eléctrica publicado en julio del año pasado”, y que apuntó, “como causa raíz, dos oscilaciones (una forzada), seguida de la desconexión indebida de pequeñas instalaciones solares (autoconsumo) y la falta de control de tensión” por parte de plantas de generación síncrona, especialmente ciclos combinados de gas.
La presidenta de Redeia ha hecho referencia a la denominada operación reforzada, “con el que fortalecemos el control de tensión”, ante la evidencia de que los agentes no cumplieron los criterios de tensión, pero negó que fuese la evidencia de que el 28 de abril de 2025 el operador hubiese programado poca energía síncrona (ese día solo había programados siete centrales de ciclo combinado frente a los 25-30 que se han decicidido desde entonces), pues el problema estuvo en las sobretensiones.
Según la compañía, el coste de la operación reforzada a 30 de abril es de 711 millones de euros (cuatro céntimos al día para los consumidores con tarifa regulada), una cantidad que difiere de los aproximadamente 1.500 millones que calculan distintas consultoras. En cualquier caso, según Corredor, esa cantidad la reciben los agentes que no cumplieron con sus deberes de tensión el día del suceso.
Respecto al expediente sancionador que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNM) ha incoado a Red Eléctrica por una infracción muy grave por el supuesto incumplimiento de algunas de sus funciones como operador del sistema, Corredor recordó que en sus alegaciones la compañía ha denunciado que la CNMC se encuentra en una situación de conflicto de interés. Además, ha alegado defectos de forma y de fondo “que derivarían en la anulación del expediente”. Según Corredor, se ha “acreditado de modo contundente” que el operador cumplió con las obligaciones normativas.
En cuanto a las medidas adoptadas tras el incidente, destacó el nuevo Procedimiento de Operación 7.4, aprobado el verano pasado y que venía reclamando a la CNMC desde 2020 ante el aumento de renovables. El nuevo PO 7.4 ha establecido un régimen de retribución para que las plantas, también las renovables, puedan ofrecer control dinámico de tensión, y fija sanciones. De los 14,5 GW que ya ofrecen este control (con consigna), 6 GW son renovables.
Durante la junta general han intervenido tres accionistas muy críticos con el equipo directivo de Redeia, al que han afeado el empecinamiento en eludir cualquier responsabilidad sobre el apagón. “Red Eléctrica no cumplió con su obligación”, señaló un interviniente, quien pidió que la compañía “asuma que se ha equivocado” e instó a la dimisión de Beatriz Corredor y el cese de su equipo directivo. Este accionista dijo que Red Eléctrica “insiste en quedarse sola” al disparar “contra la CNMC, que ha sido su principal aliada en este tiempo”.
Otras de las críticas se han referido a la decisión de la compañía “de activar el ventilador” y que esta no puede negar su responsabilidad, “aunque sea compartida”, porque intentar esparcir responsabilidades “es insultar a la inteligencia”. Otro accionista criticó “el espectáculo de la confusión” que se ha generado en este año y consideró que “si hay un responsable, este es el operador”, lo cual queda demostrado “con la operación reforzada del sistema” que se aplica desde hace más de un año
Corredor se defendió de estas críticas asegurando que “el sistema eléctrico no es solo el operador del sistema” y que “hay una normativa técnica” que deben cumplir también el resto de agentes. Y volvió a remitirse al informe del panel de expertos tras negar que se haya producido ningún tipo de incidencia previa y posterior al apagón que hayan puesto en riesgo el suministro eléctrico.
Por su parte, el consejero delegado del grupo, Roberto García Merino, hizo un repaso del plan estratégico aprobado este año, en el que un 97% de las inversiones (6.000 millones de euros hasta 2029, un 70% más) se destinaran al TSO. también a la nueva retribución de las redes de transporte, con una tasa del 6,58% aprobado por al CNMC para el periodo 2026-20231. El plan establece un crecimiento del dividendo anual de la sociedad del 2%.
La junta ha aprobado las cuentas de 2025, que se saldaron con un beneficio neto 506 millones de euros, y la distribución de un dividendo de 433 millones, lo que supone 0,80 euros por acción. Tras el abono a cuenta de 0,20 euros realizado en enero, se pagará el resto el 1 de julio.
La asamblea ha ratificado, asimismo, el nombramiento como consejeros dominicales por cuatro años de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de José Luis Navarro, expresidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Además han sido ratificados como consejeros independientes Santiago Hurtado y Marta María de la Cuesta.
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