Si algo ha caracterizado a este Gobierno es el empeño en trasladar a la opinión pública que los datos de su gestión contradicen el relato que construye la oposición. El “dato mata a relato” ha sido una bandera del Ejecutivo en los últimos años. Lo hemos oído con el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), el mix de generación de electricidad mayoritariamente renovable, la creación de empleo, las ayudas a las clases más desfavorecidas, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la regularización de inmigrantes, entre otros temas de la agenda pública.
La prórroga de la central nuclear es una decisión política que el Ejecutivo no ha querido sostener con cifras ni con transparencia
Si algo ha caracterizado a este Gobierno es el empeño en trasladar a la opinión pública que los datos de su gestión contradicen el relato que construye la oposición. El “dato mata a relato” ha sido una bandera del Ejecutivo en los últimos años. Lo hemos oído con el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), el mix de generación de electricidad mayoritariamente renovable, la creación de empleo, las ayudas a las clases más desfavorecidas, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la regularización de inmigrantes, entre otros temas de la agenda pública.
Ahora, este discurso ha cambiado con la prórroga de la central nuclear de Almaraz. El relato se ha impuesto a los datos. Con la publicación de la Orden Ministerial en el BOE del viernes 14 de agosto, el Gobierno ha buscado que su decisión política pase desapercibida o, al menos, tenga el menor eco posible. La fecha de publicación no ha sido una casualidad. Si el Gobierno hubiera tenido datos que aconsejaran la continuidad de ambos reactores, no habría aprobado la prórroga un miércoles 12 de agosto para que se publicara en uno de los días más inhábiles del año.
Los datos, que el Gobierno oculta y omite, son muchos y contundentes. El riesgo para mantener la apuesta renovable; la falta de competitividad para generar electricidad de la nuclear según las manifestaciones de sus propietarias; la nula aportación a la gestionabilidad del sistema, si atendemos a su participación en la energía de balance; la generación de los residuos (una hipoteca para generaciones futuras) y la dotación insuficiente de recursos para su confinamiento y que la apuesta nuclear no supone una posición competitiva como país, ni asegura la independencia. Todo esto sin contar con los efectos que la crisis climática está causando en la nuclear europea, que en los veranos de 2025 y 2026 han obligado a apagar reactores o reducir su potencia en Hungría, Rumanía, Suiza y Francia, ante la incapacidad de refrigeración por la escasez de agua.
Hay que recordar que el procedimiento administrativo del cierre de Almaraz se inició en 2024, como consecuencia del acuerdo firmado en 2019 entre los propietarios de las centrales y la empresa pública ENRESA. El acuerdo incluía la extensión de la vida del parque nuclear diez años más, lo que supone que la vida media de funcionamiento de las centrales supere los 45 años y fue la contraprestación al sector eléctrico por el cierre paulatino del carbón. Para que no coincidiera, en el segundo semestre de 2030, el cierre de cuatro reactores como Cofrentes, Ascó I y Almaraz I y II, se adelantó la desconexión de estos dos últimos para 2027 y 2028, escenario con el que se elaboró el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El Gobierno comenzó a modificar su relato hace un año, cuando incitó a que los propietarios de las centrales manifestaran su interés de prórroga, situación que se produjo oficialmente en octubre de 2025. El Gobierno, aunque no lo necesitaba jurídicamente, solicitó un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sabiendo que iba a ser positivo, puesto que ya se habían manifestado respecto a la ampliación por diez años de la vida administrativa de todo el parque nuclear. El informe fue emitido el 16 de julio, ocho meses después de la solicitud, iniciándose un periodo de dos meses para que el Gobierno hiciera suyas las conclusiones o no. El informe reflejaba que la prórroga de los reactores de Almaraz no suponía problemas de seguridad. Contó, sin embargo, con un voto particular del consejero nombrado a propuesta de Sumar que ponía en duda la lógica de esa continuidad. Ni el voto particular ni la petición de cumplimiento del acuerdo de Gobierno, realizada por Sumar, se han tenido en cuenta y han generado una nueva fisura en las relaciones entre socios de Gobierno.
Para el relato de la necesidad de continuidad, el Gobierno ha esgrimido razones no basadas en datos, como, por ejemplo, el cierre del estrecho de Ormuz y el riesgo sobre los precios de la electricidad. Tras el estallido de la guerra en Irán, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se vanaglorió de que gracias a la apuesta por las renovables la volatilidad de precios del mercado mayorista en España era muy baja en comparación con otros países europeos. Curiosamente, esta razón fue el motivo para retirar las ayudas a la electricidad e incrementar los incentivos al diésel y a la gasolina, una medida de difícil comprensión y contraria a la política de lucha contra el cambio climático proclamada.
También se ha dejado caer que Red Eléctrica (REE), como Operador del Sistema, recomendaba la prórroga de Almaraz. Aquí cabe recordar que, desde su creación, por cuestiones operativas, REE se habría quedado con un mix fósil y de pocos operadores, obviando las dificultades de gestión adicional, como, por ejemplo, el autoconsumo, la diversidad del número de operadores o la generación asíncrona. Es curioso cómo la opinión técnica de REE, que ahora ha servido como coartada, no se consideró cuando en 2020 solicitó que se permitiera la participación en el control de tensión de la fotovoltaica, como razón de peso para hacer más gestionable el sistema.
El peso político de Cataluña también ha influido. La oposición al cierre de las nucleares es la bandera de casi todo su espectro político. Si tenemos en cuenta que la nuclear representa casi el 60 % de la generación eléctrica catalana y el reciente encallamiento del Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables de Catalunya (Plater), la señal sobre cuál es la apuesta de futuro para ganar independencia es clara.
La decisión de extender el funcionamiento de Almaraz debe ser considerada exclusivamente como una decisión política, decisión que va a ser difícil de explicar a los votantes del PSOE, que han vivido el posicionamiento continuo antinuclear alimentado, además, por las repetidas manifestaciones de Pedro Sánchez respecto a la apuesta política a favor de las renovables y la necesidad de mantener el programa de cierre para alcanzarla.
El Gobierno ha generado un relato, que ha quedado instaurado, sin la rigurosidad y transparencia que tantas veces ha pregonado. Ha sido incapaz de explicar las verdaderas razones por las que se ha tomado esta decisión. Ahora solo le queda, como salida, reconocer que la política energética planificada no permite alcanzar los objetivos previstos y que, por tanto, es necesario modificar el PNIEC. Aquí sí, el dato matará cualquier relato sobre la apuesta por la independencia energética y la lucha contra el cambio climático del Gobierno.
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