La Comisión Europea ha aceptado el “plan de acción” de Temu para subsanar los fallos en materia de evaluación de riesgos que permitían la venta de productos ilegales en su plataforma digital. Ese comportamiento motivó en mayo que Bruselas le impusiera 200 millones de multa al gigante chino de comercio electrónico por no cumplir con las obligaciones para las grandes plataformas de internet que fija el reglamento de servicios digitales (conocido como DSA, por sus siglas en inglés).
El gigante chino de comercio electrónico ya fue multado con 200 millones de euros y ahora presenta cinco medidas para alinearse con el reglamento europeo
La Comisión Europea ha aceptado el “plan de acción” de Temu para subsanar los fallos en materia de evaluación de riesgos que permitían la venta de productos ilegales en su plataforma digital. Ese comportamiento motivó en mayo que Bruselas le impusiera 200 millones de multa al gigante chino de comercio electrónico por no cumplir con las obligaciones para las grandes plataformas de internet que fija el reglamento de servicios digitales (conocido como DSA, por sus siglas en inglés).
El plan de acción de Temu, que no anula la multa, consta de cinco medidas correctoras. Por un lado, la plataforma se compromete a realizar una evaluación de riesgos adaptada a su servicio, utilizando “información fiable y actualizada” que le permita identificar los “riesgos específicos” relacionados con el diseño, el funcionamiento y el uso de la plataforma. Además, usará “métricas e indicadores fiables” para evaluar si las medidas de mitigación adoptadas son eficaces a la hora de frenar la difusión de contenidos ilegales. Un análisis realizado por la Comisión reveló que existía el riesgo de encontrar en la plataforma productos como juguetes o pequeños electrodomésticos que incumplían los estándares europeos.
Según su plan de acción, la plataforma también “evaluará las limitaciones de su moderación proactiva de contenidos” y analizará si sus sistemas de recomendación y algoritmos pueden “influir y, potencialmente amplificar” la difusión de productos ilegales en su mercado y, en caso afirmativo, de qué manera.
Finalmente, acota Bruselas, Temu examinará la influencia de la “manipulación y la amplificación intencionadas” de artículos ilegales, incluyendo los casos en los que los vendedores aprovechan las funciones de Temu para difundir anuncios potencialmente ilegales.
Temu se convirtió en mayo en la segunda plataforma digital, tras X de Elon Musk, en ser multada por no cumplir con la DSA, que desde su entrada en vigor en 2023 vela por una mejor protección de los consumidores y sus derechos fundamentales en línea, luchando contra contenidos ilícitos, además de proporcionar más transparencia y garantizar un “mercado único y uniforme en la UE”.
Un año y medio después de haberle abierto un expediente, a finales de mayo, la Comisión anunció la multa de 200 millones “por no identificar, analizar y evaluar con la diligencia debida los riesgos sistémicos” que implican la venta de “productos ilegales en su plataforma, ni el perjuicio resultante para los consumidores” de la UE. “Las pruebas de que dispone la Comisión indican que es muy probable que los consumidores de la UE se encuentren con artículos ilegales en Temu”, dijo el Ejecutivo, que le dio a Temu hasta el 28 de agosto pasado para presentarle un “plan de acción” que corrija la situación, algo que ahora Bruselas ha validado.
Con todo, la Comisión ha advertido de que no ha acabado el proceso contra una plataforma a la que Bruselas también tiene en la mira por la eficacia de sus medidas de mitigación, el uso de elementos de diseño adictivos, la transparencia de sus sistemas de recomendación y el acceso a los datos por parte de los investigadores. En el caso ahora en vías de quedar resuelto, el Ejecutivo europeo subraya que Temu dispone ahora de cuatro meses para realizar una evaluación de riesgos “provisional” que abarque un período de seis meses, hasta el 30 de noviembre de 2026, con el fin de garantizar la aplicación de las medidas del plan de acción.
Temu se compromete además a someter las medidas correctivas a una auditoría “externa e independiente” cuyos resultados entregará a la Comisión en un plazo de cuatro meses desde la aplicación de las medidas. Si el auditor formula recomendaciones, tendrá un mes para informar de su puesta en práctica, agrega Bruselas, que asegura que vigilará de cerca todo el proceso.
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