La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha pedido superar las prórrogas presupuestarias a las que ya parece haberse resignado España y recuperar el papel que tienen las cuentas públicas en el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas y la planificación fiscal. Durante su intervención en la segunda jornada del foro CREO, organizado por CincoDías y Prisa Media, la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, ha advertido de que, tras cuatro años de cuentas prorrogadas, España necesita volver a disponer de unos Presupuestos aprobados en tiempo y forma. Solo así se podrá “mejorar la calidad institucional, reforzar la transparencia, potenciar la supervisión fiscal” y garantizar tanto la rendición de cuentas como la asunción de las nuevas necesidades de gasto.
La presidenta de la Autoridad Fiscal, Inés Olóndriz, explica que unas cuentas públicas actualizadas son imprescindibles para afianzar la planificación fiscal a medio plazo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha pedido superar las prórrogas presupuestarias a las que ya parece haberse resignado España y recuperar el papel que tienen las cuentas públicas en el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas y la planificación fiscal. Durante su intervención en la segunda jornada del foro CREO, organizado por CincoDías y Prisa Media, la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, ha advertido de que, tras cuatro años de cuentas prorrogadas, España necesita volver a disponer de unos Presupuestos aprobados en tiempo y forma. Solo así se podrá “mejorar la calidad institucional, reforzar la transparencia, potenciar la supervisión fiscal” y garantizar tanto la rendición de cuentas como la asunción de las nuevas necesidades de gasto.
La advertencia de Olóndriz, que ha participado en el foro económico en la tarde de este jueves, va más allá del mero cumplimiento del procedimiento parlamentario y de las obligaciones que todo gobierno debe tener. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ha insistido, es también una condición indispensable para aplicar con garantías el nuevo marco fiscal europeo, en el que la planificación estratégica a medio plazo se ha convertido en uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica.
Desde la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales comunitarias, en el año 2024, la gestión presupuestaria ya no puede concebirse como una sucesión de ejercicios aislados entre sí. Como ha subrayado Olóndriz, el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo establece una trayectoria plurianual para garantizar la sostenibilidad de la deuda, mientras que los Presupuestos deben plasmar esa estrategia ejercicio tras ejercicio. Las cuentas públicas son las que permiten traducir los objetivos a medio plazo en decisiones presupuestarias concretas, actualizar las previsiones macroeconómicas, incorporar los datos de ejecución, ordenar las prioridades de gasto y comprobar que las medidas adoptadas son coherentes con los compromisos asumidos. Por eso, ha insistido, prescindir de su actualización cada año debilita la rendición de cuentas y priva al país de una hoja de ruta clara.
La necesidad de planificar resulta aún más apremiante ante un horizonte macroeconómico marcado por “importantes presiones estructurales” a largo plazo por la parte de los desembolsos públicos. Entre ellas, Olóndriz ha destacado el envejecimiento de la población, que tiene “un doble impacto sobre la economía”. Por un lado, los cambios demográficos frenan la contribución del factor trabajo al crecimiento potencial del PIB, lo que obliga a elevar la productividad para sostener el avance económico. Por otro, el aumento de la longevidad incrementa de forma continuada el gasto en servicios públicos esenciales, “como la sanidad o las pensiones”, que han vuelto a irrumpir con fuerza de nuevo en una campaña electoral.
A estas presiones se suma el coste financiero de la deuda pública, que se mantiene cerca del 100% del PIB, en un contexto de tipos de interés más elevados. Esta carga reduce el margen fiscal y detrae recursos que podrían destinarse a otras políticas prioritarias.
A los retos demográfico y financiero se añade el actual contexto geopolítico, que exige un aumento significativo del gasto militar. Para acomodar este gasto en las cuentas públicas, la Comisión Europea permite acogerse a la cláusula nacional de escape para defensa, aprobada por el Ecofin y a la que España se ha adherido. Esta herramienta ofrece flexibilidad entre 2025 y 2028 para asumir un gasto acumulado en defensa de hasta el 1,5% del PIB sin incurrir de forma inmediata en un incumplimiento del marco fiscal europeo.
La Autoridad Fiscal insiste, sin embargo, en que las cláusulas de salvaguarda y la flexibilidad comunitaria ofrecen un alivio temporal, pero no resuelven los problemas de sostenibilidad de fondo. “Esta flexibilidad permite trasladar parte del esfuerzo a ejercicios posteriores, pero no elimina el gasto ni sus efectos sobre el déficit y la deuda”, ha señalado. Además, flexibilizar las reglas ante cada nueva necesidad puede acabar minando la credibilidad del marco fiscal europeo. Por ello, Olóndriz ha subrayado que las necesidades permanentes de gasto, como las derivadas de la defensa o de la protección social ante el envejecimiento, requieren una financiación igualmente permanente, sin depender de excepciones continuas a las reglas fiscales.
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