Bruselas también siente la presión ciudadana hacia las autoridades para frenar la crisis de acceso a la vivienda que existe en muchas ciudades europeas. En ese contexto, la Comisión Europea ha lanzado este miércoles un reglamento en el que, entre otras cosas, apunta al alquiler de corta duración, impulsado por plataformas digitales como Airbnb o Booking, como una de las causas del aumento de los precios y plantea límites a esta actividad, siempre que sean “proporcionales” y “temporales”. La decisión de dar el paso para fijar restricciones queda en manos de las autoridades nacionales, regionales o locales. Con la medida, la Comisión da a ayuntamiento y gobiernos “una base común” y propone una serie de criterios para establecer zonas tensionadas y trata de dar certezas legales ante la constante judicialización de las iniciativas que están adoptando muchas ciudades.
La Comisión pide que las medidas restrictivas que adopten los países sean “proporcionales y temporales”
Bruselas también siente la presión ciudadana hacia las autoridades para frenar la crisis de acceso a la vivienda que existe en muchas ciudades europeas. En ese contexto, la Comisión Europea ha lanzado este miércoles un reglamento en el que, entre otras cosas, apunta al alquiler de corta duración, impulsado por plataformas digitales como Airbnb o Booking, como una de las causas del aumento de los precios y plantea límites a esta actividad, siempre que sean “proporcionales” y “temporales”. La decisión de dar el paso para fijar restricciones queda en manos de las autoridades nacionales, regionales o locales. Con la medida, la Comisión da a ayuntamiento y gobiernos “una base común” y propone una serie de criterios para establecer zonas tensionadas y trata de dar certezas legales ante la constante judicialización de las iniciativas que están adoptando muchas ciudades.
La norma planteada, que empieza ahora su recorrido en el Parlamento Europeo y en el Consejo (es decir, entre los Estados miembros) sirve para las medidas que se adopten una vez la regulación europea entre en vigor, no para las anteriores. Por tanto, no es una desautorización a lo que ciudades como Barcelona, Chamonix (Francia), el land de Baviera (Alemania) o Países Bajos ya han adoptado, con restricciones mayores que los mínimos que establece ahora Bruselas. Tampoco, apuntan en el Ejecutivo de la UE, se convierte en un aval.
“No estamos en contra de los alquileres de corta duración por principio, al contrario”, ha señalado el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, en un encuentro con periodistas de varios medios europeos, entre ellos EL PAÍS. “Pero —y hay un ‘pero’ muy importante— vemos en muchas ciudades de toda Europa, y lo he oído una y otra vez de boca de alcaldes, miembros de las comunidades locales, diputados y ministros cada vez que he viajado por la Unión durante el último año y medio, que esto se ha convertido en un verdadero problema. Está provocando un aumento de los precios de la vida cotidiana en muchas ciudades. A veces, incluso está obligando a la gente a abandonar sus hogares. Y esto es, por supuesto, totalmente inaceptable. Así que presentamos una la propuesta legislativa, que, lo primero, permitirá a las ciudades definir zonas concretas con problemas”, ha detallado.
“Por primera vez Europa establece un paraguas legal para respaldar a las ciudades en la crisis de la vivienda y comparte recomendaciones y mejores prácticas en política de vivienda. Este marco común es especialmente relevante porque los alcaldes de distinto signo político, de países distintos y en contextos muy diversos nos han pedido lo mismo: que Europa establezca un marco común que les permita tomar medidas para facilitar el acceso a la vivienda“, defiende, en la misma línea, la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera.
”Tenemos la obligación de sumarnos a las autoridades locales y nacionales en sus esfuerzos», apostilla la socialista española, que ha recordado que este es el segundo paquete de medidas adoptadas por Bruselas para afrontar la crisis de la vivienda, puesto que el año pasado se flexibilizaron los fondos europeos para que pudieran destinarse recursos a luchar contra ella.
El reglamento fija una serie de criterios que permitirían a las autoridades declarar una zona como tensionada y aplicar así las restricciones. Uno de ellos es que el precio medio de una vivienda debe equivaler, como mínimo, a ocho años de la renta disponible per cápita de sus habitantes, según el documento comunitario. Además, esa proporción entre precio y renta debe haber ido subiendo durante la última década. Sin embargo, abre la puerta a aplicar esa definición por sí sola (sin el resto de criterios) también cuando el desajuste es especialmente grande: si la proporción llega o supera diez veces la renta.
Bruselas —que determina que estos criterios se revisen cada cinco años— remarca también que para aplicar el nuevo marco europeo las autoridades deben demostrar (basándose en las tendencias demográficas y en los datos de oferta y de demanda) que es poco probable que la tensión disminuya en los tres años siguientes.
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