El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha redoblado la presión sobre las plataformas de alquiler turístico que comercializan servicios en territorios palestinos ocupados por Israel. En un nuevo requerimiento que se hará público este jueves, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha exigido a cinco grandes multinacionales del sector que retiren 141 anuncios que ofertan estancias vacacionales en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional. Esta es la segunda petición que el ministerio emite con el fin de erradicar de las plataformas que operan en España cualquier oferta que contribuya a la normalización de la ocupación en Cisjordania y Jerusalén Este. El foco está puesto especialmente sobre una de estas plataformas que, a pesar de haber sido notificada a finales del año pasado, desatendió la orden y sigue manteniendo activos los anuncios. El ministerio evita dar los nombres para no vulnerar los derechos de las compañías.
El Ministerio redobla la presión sobre las plataformas de alojamientos de vacaciones y vuelve a requerir a la única firma que ignoró la orden emitida en febrero
El Ministerio redobla la presión sobre las plataformas de alojamientos de vacaciones y vuelve a requerir a la única firma que ignoró la orden emitida en febrero
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha redoblado la presión sobre las plataformas de alquiler turístico que comercializan servicios en territorios palestinos ocupados por Israel. En un nuevo requerimiento que se hará público este jueves, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha exigido a cinco grandes multinacionales del sector que retiren 141 anuncios que ofertan estancias vacacionales en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional. Esta es la segunda petición que el ministerio emite con el fin de erradicar de las plataformas que operan en España cualquier oferta que contribuya a la normalización de la ocupación en Cisjordania y Jerusalén Este. El foco está puesto especialmente sobre una de estas plataformas que, a pesar de haber sido notificada a finales del año pasado, desatendió la orden y sigue manteniendo activos los anuncios. El ministerio evita dar los nombres para no vulnerar los derechos de las compañías.
La presión administrativa llega en un momento de fuerte tensión sobre el terreno. Distintos observadores internacionales llevan tiempo denunciando que Israel ha pasado a controlar cerca de 1.000 kilómetros cuadrados en la región desde 2023. En este contexto, Consumo ha identificado más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino. La lista ha sido publicada oficialmente esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de que las firmas no puedan alegar desconocimiento sobre la ubicación de estos anuncios vacacionales.
Consumo no ha fijado un plazo concreto para la retirada de los anuncios ni ha facilitado los nombres de las compañías afectadas. Y aunque no descarta sanciones económicas si las multinacionales persisten en su negativa a censurar estos contenidos, tampoco ha precisado la cuantía de las multas que podrían imponerse en caso de incumplimiento. Eso sí, han insistido en que pondrán todos los recursos necesarios para garantizar que ninguna firma con presencia en el mercado español contribuya a consolidar una ocupación que el Gobierno califica abiertamente de ilegal.
La exigencia del ministerio se basa en el artículo 4 del Real Decreto-ley aprobado en septiembre del año pasado, una norma diseñada para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina. Bajo este paraguas legal, se califica como “publicidad ilícita” cualquier promoción de bienes o servicios procedentes de asentamientos israelíes. El real decreto, publicado el 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, también incluye el embargo total de armas a Israel, la prohibición de importar productos originarios de estos territorios y la negativa a autorizar el tránsito por España de combustibles con posible uso militar en Israel.
Con este respaldo legal, el argumento de Consumo es que, aunque estas plataformas sean gigantes tecnológicos con sedes en terceros países, su actividad comercial en España está sujeta a la normativa nacional cuando se dirigen al consumidor local. Desde que el ministerio puso en marcha esta ofensiva en 2025, se han detectado entorno a 300 alojamientos turísticos que incumplen con la normativa.
El origen del monitoreo gubernamental se remonta a finales de 2025, cuando el Gobierno español, apoyado en informes de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, comenzó a investigar cómo diversas firmas internacionales obtenían ventajas económicas de la ocupación. En su reporte, Naciones Unidas identificó a 158 empresas con actividades “preocupantes en materia de derechos humanos” en los territorios ocupados, de las cuales 138 eran empresas israelíes y 20 extranjeras, repartidas en 10 países. Entre las empresas señaladas destacaban las grandes plataformas turísticas globales como Airbnb y Booking.
Posteriormente, la investigación de Consumo derivó en el requerimiento de diciembre que puso en la diana a siete empresas. Dos meses después, seis de esas multinacionales acataron la orden y borraron de sus sistemas más de un centenar de anuncios ubicados en zonas de colonización israelí. Sin embargo, la séptima compañía ha mantenido operativos 30 alojamientos en núcleos de población ocupados. A esta empresa, el ministerio le ha vuelto a notificar ahora una exigencia de cese, sumándola a los nuevos expedientes.
El país ha sido la avanzadilla en la Unión Europea en las sanciones, bloqueos y subida de tono del discurso frente a los ataques de Benjamín Netanyahu en Gaza. Las críticas del Gobierno a la guerra y el genocidio del pueblo palestino han llevado la relación entre España e Israel a su momento más crítico.
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