La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el próximo Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley con el que pretende reformar la norma de prevención de riesgos laborales. El texto, fruto del acuerdo con CC OO y UGT y rechazado por CEOE, recibirá un primer aval del gabinete el próximo martes —coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo—, antes de enfrentarse a los informes preceptivos y a una segunda lectura en el Consejo de Ministros. Entonces será enviado al Congreso, donde tiene muy pocas opciones de prosperar por la oposición patronal al proyecto y el más que previsible voto en contra de la mayoría de grupos de derechas.
Tras aprobarse el anteproyecto en primera lectura, deberá volver al órgano colegiado antes de su envío al Congreso, donde le espera una dura tramitación por el rechazo patronal
Tras aprobarse el anteproyecto en primera lectura, deberá volver al órgano colegiado antes de su envío al Congreso, donde le espera una dura tramitación por el rechazo patronal
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el próximo Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley con el que pretende reformar la norma de prevención de riesgos laborales. El texto, fruto del acuerdo con CC OO y UGT y rechazado por CEOE, recibirá un primer aval del gabinete el próximo martes, antes de enfrentarse a los informes preceptivos y a una segunda lectura en el Consejo de Ministros. Entonces será enviado al Congreso, donde tiene muy pocas opciones de prosperar por la oposición patronal al proyecto y el más que previsible voto en contra de la mayoría de grupos de derechas.
El texto acordado por Trabajo y los sindicatos propone crear la figura del “agente territorial de prevención”, una persona designada por centrales y patronales que vigilaría los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores. En esas compañías minúsculas, denuncian las centrales, es donde más accidentes laborales se concentran. El ministerio también propone poner más ojos en las empresas que encargan este servicio a otras compañías, en los conocidos como servicios de prevención ajenos.
Por otro lado, el texto establece que el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa cuente con más de 300 personas trabajadoras (frente a los 500 actuales) e incluye a la construcción en el grupo con una exigencia aún mayor a este respecto, al que se reclama a partir de 150 (antes 250). También se refuerza el seguimiento de las actuaciones preventivas entre los empleados autónomos.
Otras modificaciones planteadas por Trabajo se centran en la atención a la crisis climática, los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y la de edad. También subraya el derecho a la desconexión digital y que el empresario solo podrá asumir la prevención en primera persona con plantillas de diez empleados o menos, en vez de los 25 actuales.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación en breve].
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