La pasarela para que profesionales liberales como abogados y procuradores puedan dejar sus mutualidades gremiales y pasen a cotizar a la Seguridad Social empieza a tomar forma. La Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley que creará esta pasarela, sin ningún voto en contra. El pleno del Congreso tiene previsto votarlo el 10 de junio. Una de las novedades del texto, que mejorará la pensión que cobren estos colectivos, es que se facilita el acceso a dicha pasarela a quienes hayan cumplido 52 años con fecha a 31 de diciembre de 2026. Desde esa edad cada año en la mutualidad equivaldrá a un año completo de cotización para obtener una pensión pública. Hasta ahora, la barrera se había fijado en 55 años.
El pleno votará en junio el proyecto de ley que integra progresivamente en el sistema a abogados, procuradores y arquitectos para mejorar sus pensiones
La pasarela para que profesionales liberales como abogados y procuradores puedan dejar sus mutualidades gremiales y pasen a cotizar a la Seguridad Social empieza a tomar forma. La Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley que creará esta pasarela, sin ningún voto en contra. El pleno del Congreso tiene previsto votarlo el 10 de junio. Una de las novedades del texto, que mejorará la pensión que cobren estos colectivos, es que se facilita el acceso a dicha pasarela a quienes hayan cumplido 52 años con fecha a 31 de diciembre de 2026. Desde esa edad cada año en la mutualidad equivaldrá a un año completo de cotización para obtener una pensión pública. Hasta ahora, la barrera se había fijado en 55 años.
Alrededor de 150.000 personas, especialmente abogados, procuradores, arquitectos y médicos, cotizan actualmente a través de la Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores y la Hermandad Nacional de Arquitectos, entre otras. De esa forma, no aportan al régimen especial de autónomos (RETA) de la Seguridad Social, que establece en general cuotas más altas. En la mayoría de los casos, las pensiones que estaban abocados a percibir al jubilarse no llegaban ni a 500 euros al mes.
El diseño de la pasarela para ir de las mutualidades al RETA lleva más de dos años de tramitación, desde que el Ministerio de Seguridad Social lanzara el primer proyecto de ley. Tras 18 meses de tramitación parlamentaria, el texto votado hoy ha recibido el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Coalición Canaria, mientras que PP, Vox y Junts se han abstenido. El grupo popular ha acusado a la presidenta de la Comisión, Aina Vidal (Sumar) y al grupo socialista de “filibusterismo parlamentario”, al vetar varias enmiendas presentadas por el PP, que contaban con el respaldo de Junts y Vox.
“Con esta ley vamos a rescatar a miles de mutualistas que estaban abocados a cobrar pensiones indignas”, ha defendido el portavoz de Sumar en la Comisión, Enrique Santiago. De acuerdo con sus cálculos, quienes opten por salir de sus mutualidades y pasarse a la Seguridad Social “percibirán pensiones de al menos 1.000 euros al mes, que superarán los 1.200 euros al mes si tienen cargas familiares”.
Con la redacción actual, el texto dejará fuera a los mutualistas ya jubilados, denominados pasivos, algo que ha sido duramente criticado desde Sumar. La nueva norma también contempla que las mutualidades profesionales ya no podrán ser consideradas como una alternativa al RETA, desde el 1 de enero de 2028. En ese momento, todos los profesionales autónomos tendrán que cotizar a la Seguridad Social para conseguir pensiones y para obtener cobertura por incapacidad temporal o por cese de actividad. Las mutualidades quedarán como aseguradoras privadas, a las que se pueden hacer aportaciones para ahorrar un capital con el que completar los ingresos en la jubilación. Igual que los planes de pensiones.
Para calcular la pensión pública que deben cobrar quienes se acojan a la pasarela, se convertirá el dinero que han ido acumulando en sus mutualidades en años de cotización. 50.000 euros de capital equivaldrán a prácticamente 20 años de cotización en el RETA.
El texto aprobado en Comisión contempla que el traspaso de los fondos de las mutualidades a la Tesorería de la Seguridad Social “será progresivo”, y tan solo cuando los mutualistas vayan accediendo a la edad de jubilación.
También se ha aprobado que las mutualidades deberán facilitar semestralmente “un informe con información sobre la evolución de los fondos, su valor actual, así como las operaciones realizadas cuyo coste pudiera recaer sobre los mutualistas” y ofrecer documentos que faciliten la comprensión de toda esta información.
A partir de ahora, el proyecto de ley será votado por el pleno del Congreso, en principio el 10 de junio; luego se votará en el Senado (donde PP y Vox previsiblemente incorporarán algunas enmiendas); para volver al Congreso para su votación definitiva, con un texto que será muy similar al aprobado. Para el ponente del grupo socialista, Javier Alfonso Cendón, se trata de “un paso muy importante para miles de mutualistas, que llevan años reclamándonos una solución”.
Para la mayoría de las asociaciones de afectados, como el Movimiento J2 o Anama, la redacción de la norma se queda corta.
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