A dos semanas de que expire el plazo constitucional para registrar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, el Gobierno aún no ha puesto sobre la mesa una fecha para presentarlos ni tiene los apoyos políticos atados para su convalidación. Pese a ello, asegura que aprobará el proyecto antes de que termine el ejercicio y este miércoles ha escenificado avances en esta dirección: los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Cultura, Ernest Urtasun, han mantenido una reunión de trabajo para abordar la aprobación de las cuentas del próximo año. Serían, si prosperasen, las primeras en ver la luz desde 2023, cuando se adoptaron los Presupuestos que siguen hoy en vigor y que se han convertido, después de tres prórrogas consecutivas, en los más longevos de la democracia.
Hacienda tiene solo dos semanas para llevar al Congreso un nuevo proyecto de cuentas públicas dentro del plazo constitucional
A dos semanas de que expire el plazo constitucional para registrar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, el Gobierno aún no ha puesto sobre la mesa una fecha para presentarlos ni tiene los apoyos políticos atados para su convalidación. Pese a ello, asegura que aprobará el proyecto antes de que termine el ejercicio y este miércoles ha escenificado avances en esta dirección: los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Cultura, Ernest Urtasun, han mantenido una reunión de trabajo para abordar la aprobación de las cuentas del próximo año. Serían, si prosperasen, las primeras en ver la luz desde 2023, cuando se adoptaron los Presupuestos que siguen hoy en vigor y que se han convertido, después de tres prórrogas consecutivas, en los más longevos de la democracia.
Así lo ha anunciado en una nota el Ministerio de Hacienda, en cuya sede en el centro de Madrid se ha celebrado la reunión. El departamento dirigido por Arcadi España ha comunicado que el encuentro con el representante de Sumar, socio minoritario del Gobierno, “ha servido para fijar las prioridades de unas cuentas públicas que incluirán el mayor gasto social de la historia”, plasmado en medidas para facilitarel acceso a la vivienda, un mayor apoyo a los jóvenes, el respaldo a los pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo, el fortalecimiento de la educación y la sanidad o iniciativas para fomentar la creación de empleo estable. Pero no ha concretado ninguna de estas políticas ni ha aportado novedades a la información ya disponible.
Una de estas informaciones, en la que el ministro hizo hincapié y que ya se conocía, es el importe del techo de gasto, que alcanzará un nuevo récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior. El Gobierno aprobó en julio esta cifra, que se mantendrá como referencia de la política fiscal aunque el Ejecutivo no consiga aprobar unas nuevas cuentas. En esa ocasión también dio luz verde a la senda fiscal que marca los objetivos de déficit de las Administraciones públicas para los próximos años, que sin embargo fue rechazada en las Cortes.
El revés que el Congreso dio al Ejecutivo a finales de julio abrió un escenario inédito en España, al menos en lo que a las intenciones se refiere. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es clara y asegura que el Gobierno necesita una senda fiscal en vigor para continuar el trámite. Sin embargo, no establece qué sucede si esta es rechazada en las Cortes en dos ocasiones, como sucedió hace dos meses.
Según la tesis que defiende Hacienda y que, asegura, respalda un informe de la Abogacía del Estado, el rechazo parlamentario de los objetivos fiscales no hace desaparecer la referencia de déficit comunicada a Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. La argumentación del Ejecutivo se apoya también en una cuestión de fondo: la obligación constitucional de presentar cada año unos Presupuestos pesa más que el bloqueo parlamentario. Por eso, Hacienda mantiene la idea de que continuará con la tramitación, aunque no exista un precedente claro sobre cómo debe continuar el recorrido.
La liturgia presupuestaria, que en tiempos de mayorías sólidas solía activarse antes del verano, se ha convertido en un campo embarrado y en un reflejo del desgaste, cada vez mayor, que sufre el Gobierno de coalición, en minoría parlamentaria y con dificultades crecientes para articular mayorías sólidas. El procedimiento de los Presupuestos arranca con la orden ministerial de elaboración, sigue con la fijación del límite de gasto no financiero —conocido como techo de gasto— y continúa con el reparto de los objetivos de déficit permitido entre las distintas administraciones públicas. Solo entonces Hacienda puede cuadrar el puzzle y presentar el borrador del proyecto en el Consejo de Ministros, antes de enviarlo a las Cortes. Hasta la fecha, Hacienda solo ha cumplido con la orden ministerial, que se publicó el pasado mes de junio, y con la fijación del techo de gasto.
Este retraso en la tramitación tiene que ver con la dificultad que tiene el Gobierno para atar apoyos parlamentarios. También es la razón por la cual lleva tres años sin presentar unos nuevos presupuestos y recurre a cada vez más modificaciones de crédito para cuadrar sus gastos. El último proyecto se aprobó en 2023 y desde entonces se ha ido prorrogando de forma automática cada enero, aunque todos los años el Ejecutivo ha hecho amagos con presentar unas nuevas cuentas. El guion se está repitiendo ahora, pero con una novedad importante en el horizonte: el año que viene se abre un superciclo electoral, con comicios generales, autonómicos y locales.
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