En la recta final del plan de recuperación, el Gobierno empieza a hacer balance de su impacto sobre el tejido productivo: calcula que el dinero recibido hasta ahora, nada menos que 78.000 millones de euros, ha llegado a casi 1,5 millones de beneficiarios, el 68% de ellos pymes y autónomos, a través de medidas como el Kit Digital o la ley de start-ups. Todo ello, argumenta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que repasa los efectos del mecanismo europeo sobre la economía y las empresas, ha contribuido a que España sea el gran país de la UE que más crece por tercer año seguido.
El mecanismo europeo entra en su recta final y habrá movilizado unos 100.000 millones de euros desde su inicio a cuando termine a finales de este año
En la recta final del plan de recuperación, el Gobierno empieza a hacer balance de su impacto sobre el tejido productivo: calcula que el dinero recibido hasta ahora, nada menos que 78.000 millones de euros, ha llegado a casi 1,5 millones de beneficiarios, el 68% de ellos pymes y autónomos, a través de medidas como el Kit Digital o la ley de start-ups. Todo ello, argumenta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que repasa los efectos del mecanismo europeo sobre la economía y las empresas, ha contribuido a que España sea el gran país de la UE que más crece por tercer año seguido.
El fondo de recuperación es un programa inédito de ayudas europeas, conformado por subvenciones y créditos, que los socios comunitarios acordaron durante la pandemia para acelerar la reactivación económica tras los confinamientos y que está a punto de agotarse. El próximo 31 de agosto es la fecha última para que todo el gasto vinculado al mecanismo esté comprometido, y antes del 30 de septiembre los Estados miembros deben solicitar el último desembolso.
España, el principal beneficiario del fondo junto con Italia, ya ha recibido unos 61.000 millones en subvenciones y más de 17.000 millones en créditos del mecanismo, a cambio de reformas e inversiones en áreas que la Comisión Europea considera prioritarias y estratégicas: dos de cada tres euros del plan se han dedicado a la transición verde y digital. Bruselas desbloqueó el penúltimo pago, de 6.000 millones de euros, la semana pasada. El séptimo y último que queda por solicitar será uno de los más cuantiosos: unos 25.000 millones de euros.
Detrás de estas cifras mastodónticas hay líneas de apoyo concretas como las ayudas del Kit Digital, un programa para fomentar la digitalización de pymes y autónomos que, según el recuento del Ejecutivo, ha llegado a 921.962 beneficiarios en el 90% de municipios españoles. El Kit Consulting, enfocado a consultoría especializada en materia tecnológica, ha sido empleado por 23.429 profesionales y pequeñas y medianas empresas, mientras que otras 54.676 sociedades y trabajadores por cuenta propia han recurrido a las garantías financieras ofrecidas por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).
Gracias a los recursos del fondo de recuperación también han sido creadas 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional, más de un cuarto de ellas en ámbitos digitales. El Ejecutivo estima que este impulso a la capacitación ha mejorado la empleabilidad y reducido el paro juvenil a su nivel más bajo desde 2008, aunque la tasa sigue estando muy por encima de la media europea: ronda el 24%, frente al 15% de la UE.
El Gobierno también saca pecho de dos de las grandes reformas en el ámbito empresarial asociadas al plan de recuperación: la ley Crea y Crece y la de start-ups, ambas aprobadas en 2022. La primera norma, dirigida a facilitar la apertura de nuevos negocios a través de la reducción y simplificación de las trabas administrativas y financieras, habría impulsado el ritmo de creación bruta de empresas, que ha registrado un crecimiento del 50%, hasta 13.000 al mes, según el recuento del Ejecutivo. La segunda regulación, que contempla una fiscalidad más favorable para el fomento de actividades innovadoras y la atracción de nómadas digitales, ha propiciado que España se consolidara como uno de los principales ecosistemas emergentes de Europa, multiplicando su valor por 2,3 desde 2020.
El Gobierno recuerda que ha cumplido 338 hitos y objetivos, y que la inyección total del mecanismo superará los 100.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, equivalente a cerca de un 6% del PIB español actual. La cifra habría sido superior si el Ejecutivo no hubiese renunciado a más de 60.000 millones que tenía concedidos en préstamos, de los que ha prescindido ante la mejora en las condiciones de financiación del mercado y por la dificultad en atar mayorías en el Congreso. La fragmentación parlamentaria ya ha supuesto minoraciones en el pago de algunos tramos del fondo, debido a la imposibilidad de sacar adelante las medidas pactadas, y ha llevado a revisar las iniciativas comprometidas.
Fondo España Crece
La envergadura del fondo de recuperación ha impulsado la reactivación económica, pero también ha dejado claro que digerir tanto dinero en tan poco tiempo es tarea ardua tanto para la administración como para el tejido empresarial. Ahora que el mecanismo llega a su fin, para no perder recursos y mantener el estímulo, el Gobierno también ha lanzado España Crece, un vehículo financiero público con el cual pretende movilizar inversión privada hacia sectores estratégicos.
Aunque el Ejecutivo lo define como un fondo soberano, no se nutre de los excedentes del Estado, sino que parte de una dotación inicial de más de 13.000 millones procedentes del programa de recuperación europeo —10.500 de préstamos y 2.800 de transferencias—. Con esos recursos se ha ampliado el capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de que movilice hasta 60.000 millones de euros en financiación, alcanzando una inversión total de 120.000 millones de euros a través de la colaboración con el sector privado.
La prioridad se dará a ámbitos de especial relevancia para la economía española, como la transición verde o la vivienda, que se ha convertido en un cuello de botella y en un drama social. De hecho, el ICO abrirá el próximo 1 de septiembre el plazo para solicitar préstamos destinados a la construcción para alquiler asequible —la primera iniciativa del fondo España Crece que pretende movilizar unos 23.000 millones—, contemplando una quita de hasta el 30% si el proyecto no resulta rentable en función de los ingresos previstos por el alquiler social.
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