España arrastra desde hace más de dos décadas un grave problema de abuso de la temporalidad en el sector público. Aproximadamente uno de cada tres empleados públicos es temporal. Un situación que no se ha corregido lo suficiente con el paso de los años y que ha costado a los distintos Gobiernos varias amonestaciones de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Actualmente, el Ejecutivo mantiene varios frentes abiertos con la Comisión Europea por este motivo. Por ello, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que dirige Óscar López, ha realizado un análisis de las plantillas públicas y acota el abuso de temporalidad a menos de 200.000 trabajadores, que son los que llevan más de tres años en esa situación, entre los más de 900.000 que aproximadamente se encuentran sin contrato fijo. Para mitigar la situación, el departamento está perfilando ya con las comunidades autónomas una batería de medidas.
El Ministerio de López negocia con las comunidades un sistema de alertas y sanciones a los gestores públicos que incurran en irregularidades
España arrastra desde hace más de dos décadas un grave problema de abuso de la temporalidad en el sector público. Aproximadamente uno de cada tres empleados públicos es temporal. Un situación que no se ha corregido lo suficiente con el paso de los años y que ha costado a los distintos Gobiernos varias amonestaciones de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Actualmente, el Ejecutivo mantiene varios frentes abiertos con la Comisión Europea por este motivo. Por ello, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que dirige Óscar López, ha realizado un análisis de las plantillas públicas y acota el abuso de temporalidad a menos de 200.000 trabajadores, que son los que llevan más de tres años en esa situación, entre los más de 900.000 que aproximadamente se encuentran sin contrato fijo. Para mitigar la situación, el departamento está perfilando ya con las comunidades autónomas una batería de medidas.
El Ejecutivo pretende así corregir el problema y evitar que caiga la espada de Damocles que pende sobre España en forma de cuantiosas multas procedentes de Bruselas por no prevenir y sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad en el sector público. A ese coste hay que añadir los recursos que las distintas Administraciones están gastando en pleitos con miles de interinos afectados, quienes demandan su fijeza en los tribunales.
La Secretaría de Estado de Función Pública ya está redactando junto con las comunidades autónomas una normativa legal que refuerce los controles sobre el abuso en el encadenamiento de contratos. Para ello, detallan fuentes del ministerio de Función Pública a EL PAÍS, se está consultando también a ayuntamientos y sindicatos. Y el diseño de ese paquete de medidas ya se encuentra avanzado, hasta el punto de que ha descendido ya al nivel técnico y son expertos del ministerio y autonomías los que están perfilando la letra pequeña. “Hemos constatado que las comunidades están concienciadas de que hay que diseñar medidas normativas y nos hemos puesto a ello”, aseguran en el departamento que dirige Oscar López.
Se baraja, entre otras cosas, establecer un sistema general de alertas que avise a los responsables de las plantillas públicas cuándo un trabajador va a cumplir tres años contratado temporalmente. Y, en paralelo, se estudia una de las soluciones sugeridas por el TJUE en sus fallos: cómo establecer sanciones para los responsables de la gestión de personal que abusen de las contrataciones temporales.
Este último es uno de los temas más espinosos. Las fuentes consultadas precisan que dónde fijar el nivel de responsabilidad es una de las cuestiones técnicas que está motivando una mayor discusión con los responsables autonómicos. Solo para abordar esta problemática, se han celebrado ya tres reuniones. “No queremos que el gerente de un hospital sea sancionado porque ha necesitado cubrir plazas estructurales con trabajadores temporales, si no podía hacer otra cosa”, explican en Función Pública. “Esa es una de las cuestiones que debemos determinar con las comunidades, en qué nivel fijar esas responsabilidades y las sanciones individuales de un gestor de personal del sector público”, precisan.
En el ministerio aseguran estar abiertos a discutir “todo lo que se les ocurra a los responsables autonómicos” porque, recuerdan, “son los que tienen un mayor problema de temporalidad”. Según las cifras del Ejecutivo, a 1 de enero de 2026, la temporalidad total en el sector público estaba en el entorno del 32%, tras haber caído desde el 39% de 2023. Y calculan que el 38,7% de los empleados autonómicos tenía un contrato temporal, frente al 46% de tres años antes. Mientras que la Administración estatal solo tiene un 4,6% de empleados temporales. En este punto, también estudian medidas para agilizar los procesos de selección, que se pueden alargar hasta dos años o más. Esto requerirá, según las fuentes consultadas, de una mayor planificación de las necesidades de personal en todas las administraciones.
Número de afectados
La acotación real del problema es otra de las cuestiones en las que está trabajando Función Pública. La idea es poder enviar a la Comisión Europea una cifra oficial y fidedigna de cuántos empleados públicos están afectados por una concatenación abusiva de contratos temporales. “En Bruselas tienen que saber exactamente la dimensión del problema, porque solo se habla de la cifra mágica del millón de interinos y no todos ellos sufren una situación abusiva por la temporalidad”, precisan en el ministerio.
Para empezar, se ha empezado definiendo qué es el abuso en estas situaciones contractuales: “Se produce cuando el trabajador realiza en la Administración Pública, de manera permanente y estable, tareas que forman parte de la actividad normal de esta, y la duración de sus contratos excede la duración máxima total, el número de renovaciones autorizadas o cuando la renovación no está objetivamente justificada”, define un alto cargo.
El artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público fija desde 2021 con carácter general un límite de tres años para la ocupación interina de plazas vacantes. Aunque también contempla determinadas excepciones previstas en la propia norma. Además, en respuesta a los requerimientos de varias sentencias del TJUE, ese mismo año también se aprobó una indemnización para los interinos al cese de su relación laboral. Pero esta no es general para todos ellos, sino solo para los casos en los que se superen los límites temporales fijados por la ley. Esto es, para aquellos que incurran en abuso de temporalidad.
Con ambos elementos y haciendo, por primera vez un cruce de datos entre distintas fuentes estadísticas y administrativas (la EPA del Instituto Nacional de Estadística, la Seguridad Social y el Registro Central de Personal al servicio de las Administraciones Públicas) han concluido que algo menos de 200.000 personas tendrían contratos temporales de más de tres años. En concreto, los primeros resultados de estos cruces, cuyo resultado final será enviado a Bruselas “para redimensionar el problema”, apuntan a que de un colectivo aproximado de más de 900.000 trabajadores públicos temporales, el 52,7%, más de la mitad, tienen un contrato de seis meses. Luego hay un tercio (el 33,2%) que lleva contratado entre seis meses y tres años; mientras que el 12,2% llevan más de tres años pero menos de diez; y con más de 10 años de contrato se encuentra el 1,9% de la plantilla.
Las nuevas medidas y el traslado a Bruselas de una cifra oficial de afectados por el abuso en la contratación temporal completarán el plan de acción para reducir la tasa de temporalidad que aprobó en 2021 el anterior Ejecutivo socialista, con Miquel Iceta al frente del Ministerio de Función Pública. Dicho plan, además de fijar el límite general de tres años para los contratos temporales, salvo excepciones para programas de mayor duración, y establecer la indemnización citada anteriormente, fijó el límite para la temporalidad estructural en el 8%. Para rebajar el nivel a ese porcentaje articuló procesos extraordinarios de estabilización destinados a estabilizar plazas temporales.
No obstante, la tasa de temporalidad general del sector público que maneja el Gobierno solo ha bajado del 39% al 32,7%, a pesar de que desde entonces las Administraciones han ofertado 556.355 plazas de estabilización. De estas ya se han convocado 530.914, y han supuesto que ya se hayan estabilizado 440.000 plazas, según las cifras que maneja Función Pública. El problema es que comunidades, ayuntamientos y universidades, al tiempo que estabilizan esas plazas, siguen manteniendo a algunos trabajadores temporales y contratando a otros nuevos para cumplir con la prestación de servicios públicos.
A la espera de Bruselas
En este escenario, el Ejecutivo está a la espera de conocer la decisión de la Comisión Europea respecto a los frentes abiertos con España por determinar que su legislación no previene y sanciona de manera adecuada el abuso laboral en el sector público. Esta consideración llevó a Bruselas a suspender hace un año el pago de 626,6 millones de euros del plan de recuperación vinculados al cumplimiento del hito número 144. Este es precisamente el que exigía a España adoptar medidas efectivas y disuasorias contra el abuso de la temporalidad en el empleo público.
A pesar de que la Comisión dio seis meses a España para corregir la situación y desbloquear estos fondos, periodo que venció el pasado enero, fuentes de Función Pública aseguran que han seguido negociando y están pendientes de que Bruselas responda a las alegaciones presentadas para intentar recuperar este dinero.
Por otro lado, a finales de abril la Comisión reactivó dos procedimientos de infracción contra España: uno de ellos por considerar que la indemnización prevista no sirve para resarcir los daños de los empleados públicos afectados por este abuso; y un segundo, por la discriminación que eso supone frente a los trabajadores del sector privado. En concreto, Bruselas envió el 29 de abril al Gobierno español dos dictámenes motivados en los que exigía una reforma legal que corrigiera el problema en el plazo de dos meses. De lo contrario, denunciaría a España ante los tribunales europeos, lo que podría conllevar una sanción y cuantiosas multas económicas.
No obstante, antes de que venciera el plazo, el Ejecutivo solicitó a la Comisión más tiempo, hasta marzo próximo, para seguir trabajando en la solución y frenar así que España sea denunciada ante el TJUE y multada por este tribunal. En Función Pública indican que están a la espera de saber si se les ha concedido esta prórroga y en qué condiciones, pero por si acaso avanzan con las comunidades en una normativa que convenza a Europa de una vez por todas de que las Administraciones españolas se toman en serio el abuso de temporalidad en la contratación pública.
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