La visita el pasado junio de Felipe VI a México y su encuentro con Claudia Sheinbaum han puesto fin a una anomalía diplomática que se había prolongado durante demasiado tiempo. Dos países unidos por la historia, la lengua y unos vínculos, y u económicos extraordinarios habían permitido que la controversia política deteriorara una relación estratégica. La normalización es una buena noticia, pero su verdadero éxito no dependerá de la cordialidad institucional, sino de si consigue traducirse en un entorno más favorable para la inversión y la actividad empresarial.
La actividad empresarial entre ambos países se ha mantenido casi intacta pese al conflicto diplomático
La visita el pasado junio de Felipe VI a México y su encuentro con Claudia Sheinbaum han puesto fin a una anomalía diplomática que se había prolongado durante demasiado tiempo. Dos países unidos por la historia, la lengua y unos vínculos, y u económicos extraordinarios habían permitido que la controversia política deteriorara una relación estratégica. La normalización es una buena noticia, pero su verdadero éxito no dependerá de la cordialidad institucional, sino de si consigue traducirse en un entorno más favorable para la inversión y la actividad empresarial.
El deterioro comenzó en 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador reclamó públicamente a España una petición de perdón por la conquista. A partir de entonces se sucedieron los desencuentros: acusaciones contra empresas españolas, la propuesta de poner en “pausa” las relaciones bilaterales y, finalmente, la ausencia del rey en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en 2024. La reunión celebrada el pasado junio simboliza el cierre de esa etapa y el deseo de recuperar una interlocución normal entre ambos países.
Sin embargo, la política nunca llegó a reflejar la realidad económica. Mientras las relaciones diplomáticas atravesaban su peor momento en décadas, las empresas españolas continuaron invirtiendo, creando empleo y ampliando su presencia en México. España sigue siendo uno de los principales inversores extranjeros en el país. Según la Secretaría de Economía mexicana, en 2025 la inversión española ascendió a 4.431 millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos, mientras que la inversión acumulada desde 1999 supera los 80.000 millones de dólares.
No se trata únicamente de grandes cifras. Detrás de ellas existe una presencia empresarial consolidada. BBVA y Santander ocupan posiciones estratégicas en el sistema financiero mexicano; empresas como Acciona, ACS, CAF o Naturgy participan en infraestructuras y energía; Inditex, Meliá o Mapfre forman parte del tejido económico cotidiano del país. Su permanencia demuestra que la relación económica ha sido mucho más sólida que la política.
México continúa siendo uno de los mercados más atractivos para la empresa española. Con más de 130 millones de habitantes y una estrecha integración con la economía estadounidense gracias al T-MEC, el país se ha convertido en una plataforma industrial de primer orden. Además, la reorganización de las cadenas globales de suministro está reforzando esa posición. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han acelerado el denominado nearshoring, es decir, el traslado de parte de la producción hacia países próximos al mercado norteamericano. Ese proceso abre oportunidades especialmente interesantes para las empresas españolas. México necesita invertir en infraestructuras, redes eléctricas, agua, logística y digitalización para consolidarse como destino industrial. Precisamente esos son algunos de los sectores en los que las compañías españolas acumulan una amplia experiencia internacional.
A ello se suma el nuevo Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, que elimina prácticamente todos los aranceles, facilita el acceso de las empresas europeas a los contratos públicos y mejora el marco para el comercio de servicios y las inversiones. España parte con una ventaja evidente frente a otros socios europeos gracias a décadas de implantación empresarial, conocimiento del mercado y proximidad cultural. Ahora bien, sería un error interpretar la normalización diplomática como garantía automática de nuevas inversiones. Los empresarios no toman sus decisiones en función de las fotografías oficiales, sino de la estabilidad institucional. El verdadero desafío para México sigue siendo reforzar la seguridad jurídica.
Durante los últimos años, algunas decisiones regulatorias generaron incertidumbre, especialmente en sectores como la energía. A ello se añade la reciente reforma del poder judicial, que introduce la elección popular de jueces y magistrados. Sus defensores consideran que permitirá combatir la corrupción; sus detractores advierten del riesgo de politización de la justicia. Desde la perspectiva empresarial, el debate es más sencillo: cualquier inversión necesita reglas estables, tribunales independientes y garantías de que los contratos serán respetados.
La seguridad constituye otro elemento decisivo. Aunque México mantiene regiones altamente competitivas y receptoras de inversión internacional, la presencia del crimen organizado sigue elevando los costes de muchas actividades económicas. Las grandes multinacionales pueden gestionar parte de ese riesgo, pero supone una barrera especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas interesadas en internacionalizarse. Todo ello explica que la oportunidad actual sea importante, pero no esté asegurada. México dispone de condiciones extraordinarias para atraer inversión: un gran mercado interno, cercanía a Estados Unidos, una potente base manufacturera y una extensa red de acuerdos comerciales. Sin embargo, para convertir esas ventajas en crecimiento sostenido deberá garantizar un marco regulatorio estable, fortalecer el Estado de derecho y ofrecer certidumbre a quienes invierten a largo plazo.
España también tiene deberes pendientes. La defensa de los intereses de sus empresas exige una diplomacia económica activa, capaz de acompañar a las compañías en los mercados internacionales y de reaccionar cuando se producen decisiones discriminatorias o cambios regulatorios que alteran las condiciones de inversión. El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México proporciona instrumentos adicionales que convendrá utilizar cuando sea necesario.
Las propias empresas deberán adaptarse igualmente a un entorno más exigente. La experiencia demuestra que las inversiones más sólidas son aquellas que consiguen integrarse en la economía local, generar empleo cualificado, colaborar con proveedores nacionales y construir una reputación basada en la transparencia y el compromiso a largo plazo. En economías políticamente polarizadas, la legitimidad social se ha convertido también en un activo empresarial.
La normalización entre España y México llega, además, en un contexto internacional especialmente favorable. Europa busca diversificar sus relaciones económicas en un escenario de creciente rivalidad geopolítica, mientras que México necesita aprovechar su posición privilegiada dentro de las cadenas de producción norteamericanas sin depender exclusivamente de Estados Unidos. Ambos países tienen margen para reforzar una alianza económica que ya era intensa incluso durante los años de mayor tensión diplomática.
Felipe VI y Claudia Sheinbaum han cerrado una crisis política que nunca debió prolongarse tanto tiempo. Ahora comienza una etapa mucho más relevante. Restablecer el diálogo era relativamente sencillo; reconstruir la confianza exigirá hechos. La diplomacia puede abrir oportunidades, pero serán las instituciones las que determinen si esas oportunidades terminan convirtiéndose en inversión, empleo y crecimiento. Porque las empresas no invierten donde existen mejores discursos, sino donde encuentran reglas previsibles, seguridad jurídica y estabilidad para desarrollar proyectos a largo plazo.
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