El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ejecutado este viernes la transferencia de los primeros fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Se trata de un pago inicial de 800 millones de euros de los 7.000 millones que conforman el presupuesto total del Plan para los próximos cuatro años (cofinanciado por el Estado y las comunidades), según ha informado el departamento. Esta cantidad deberá destinarse exclusivamente a la puesta en marcha de políticas que desemboquen, principalmente, en la construcción de vivienda protegida a perpetuidad, así como en obras de rehabilitación del parque inmobiliario. Junto con el primer pago, el ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha puesto en marcha un sistema de intercambio de información con los distintos territorios con el que se busca realizar un seguimiento y monitorización del uso de los fondos.
Esta anualidad inicial está financiada íntegramente por el Estado. El Ministerio activa también los nuevos controles para vigilar el uso de los fondos
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ejecutado este viernes la transferencia de los primeros fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Se trata de un pago inicial de 800 millones de euros de los 7.000 millones que conforman el presupuesto total del Plan para los próximos cuatro años (cofinanciado por el Estado y las comunidades), según ha informado el departamento. Esta cantidad deberá destinarse exclusivamente a la puesta en marcha de políticas que desemboquen, principalmente, en la construcción de vivienda protegida a perpetuidad, así como en obras de rehabilitación del parque inmobiliario. Junto con el primer pago, el ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha puesto en marcha un sistema de intercambio de información con los distintos territorios con el que se busca realizar un seguimiento y monitorización del uso de los fondos.
“Este ha sido, desde el primer momento, el compromiso del Gobierno de España con las comunidades autónomas, con todas las Administraciones públicas: una respuesta clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda”, reivindica Rodríguez en un comunicado. La ministra ha indicado también que esta primera anualidad permitirá “hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia”. El pago estaba previsto para este verano desde el pasado mayo, cuando la propuesta se presentó en una conferencia sectorial y sumó el apoyo unánime de todas las comunidades autónomas. Aunque eso no evitó las críticas al plan de los territorios donde gobierna el PP.
En línea con la monitorización que vigile el uso explícito por parte de las comunidades de los fondos para reforzar el parque público de vivienda ―que apenas representa el 3% del total según las últimas estimaciones―, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la orden por la que se regularán los mecanismos que se incluyen en el propio plan. En la práctica, la vigilancia se traduce en la puesta en marcha de un sistema de intercambio de información a partir del cual se elaborarán informes trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.
“Con esta fórmula se contribuirá a garantizar los aspectos esenciales recogidos en el Plan Estatal de Vivienda, como la protección permanente de las viviendas impulsadas con este Plan —sin posibilidad de descalificación— o su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos”, señala el ministerio en la nota difundida a los medios. El Gobierno lleva años intentando impulsar que las casas que se construyen con ayudas públicas nunca pierdan la condición de vivienda protegida, y a ello ha condicionado los fondos que se vehiculan a través del plan. No obstante, las comunidades pueden en el marco de sus competencias (que incluyen la de vivienda) y sin usar fondos estatales hacer VPO que a los años se descalifique (es decir, pierda la condición de protegida) y pase al mercado libre, tal y como señaló el Tribunal Constitucional hace dos años en una sentencia sobre la ley estatal de vivienda.
El reparto de los 800 millones de euros ya asignados tiene en Andalucía a la comunidad que recibirá la cuantía más alta, con 136,8 millones de euros. Los otros dos territorios con una dotación más elevada son la Comunidad de Madrid (127,2 millones) ―pese a que encabezó las críticas de los territorios gobernados por el PP al plan estatal―; y Cataluña (116 millones). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su parte, recibirán la transferencia más modesta, con una dotación inicial de 800.000 euros. País Vasco y Navarra no están incluidas en este reparto por tener regímenes forales propios.
Este pago inicial de 800 millones está financiado en su integridad por el Estado, con el objetivo de “agilizar” la movilización de recursos, según anunció tras la aprobación del PEV la ministra Rodríguez. Sin embargo, las comunidades autónomas están obligadas a cofinanciar los recursos del plan en un 40%. Esto es, de los 7.000 millones totales para los próximos cuatro ejercicios, el Estado aportará 4.200 y los territorios 2.800.
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