La patronal española de los centros de datos, Spain DC, ha mostrado su preocupación después de que este jueves el Gobierno lanzara a audiencia pública el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital para los datacenter. Desde la asociación, han defendido que “España no se puede permitir convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital”.
La nueva normativa, que está en audiencia pública y que endurece las exigencias para la instalación de estos proyectos, despierta el temor a un frenazo de la inversión en un sector sobre el que planea la sospecha de burbuja
La patronal española de los centros de datos, Spain DC, ha mostrado su preocupación después de que este jueves el Gobierno lanzara a audiencia pública el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital para los datacenter. Desde la asociación, han defendido que “España no se puede permitir convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital”.
Por ello, han anunciado que la audiencia pública, abierta hasta el 4 de septiembre, contará con las propuestas de Spain DC, que “participará activamente y con voluntad constructiva para contribuir a mejorar el texto, buscando que los objetivos compartidos de sostenibilidad y soberanía sean compatibles con la competitividad, la inversión y el desarrollo de la economía digital española”.
La nueva regulación exige a los promotores informar de sus parámetros de consumo, compensar ese consumo con nueva generación renovable y cumplir con los estándares europeos más exigentes de eficiencia hídrica y energética. Este endurecimiento de las exigencias ha encendido las alarmas de un sector sobre el que planean sospechas de burbuja, algo que el Gobierno ha reconocido querer evitar con este real decreto. El sector teme que las nuevas exigencias de la normativa en trámite sitúen a España “en desventaja frente a otros países comunitarios que compiten directamente por las mismas inversiones”, en un mercado que el propio sector calcula que podría movilizar unos 70.000 millones de euros a largo plazo en el país.
En España hay actualmente 439 megavatios instalados, con un consumo eléctrico que equivale al 0,8% del total nacional, según el último informe de Spain DC. Pero el sector vive una avalancha de proyectos anunciados que, según recoge la consultora CBRE, alcanzan los 10,5 gigavatios (GW), cuando calculan que solo sería razonable que se ejecutara en torno a 4,4 GW. Una sobredimensión de proyectos que se traslada a la demanda de conexiones a la red eléctrica, que está saturada y que el Gobierno quiere controlar.
A la valoración crítica de la patronal se ha sumado Nacho Velilla, consejero delegado de Templus, uno de los principales operadores de centros de datos en España, que ha cuestionado varios planteamientos centrales de la norma: “Habría que preguntarse a quién beneficia realmente este decreto y por qué el Gobierno deja al sector en España a los pies de los caballos, en clara desventaja competitiva con nuestros vecinos europeos”. Velilla ha insistido en que “no se puede legislar de espaldas a una industria” que es la puerta de entrada de miles de millones de euros de inversión. Por eso, al igual que Spain DC, el consejero delegado ha anunciado que Templus presentará alegaciones al Real Decreto.
El texto planteado obliga a los centros de datos a producir un megavatio (MW) de energía renovable adicional por cada MW consumido. Algo que Velilla dice no entender en un país que “diariamente tira a la basura energía renovable que no se consume”. Con la adicionalidad, el legislador busca que la demanda energética de estas instalaciones se cubra con generación nueva para evitar que el precio de la luz suba para todos los consumidores. También que la absorción de ese recurso renovable en masa no dificulte los objetivos generales de descarbonización.
A pesar de las críticas, Spain DC ha valorado que el Gobierno haya trasladado su disposición “a trabajar conjuntamente” con el sector durante la audiencia pública. La patronal ha asegurado que comparte los objetivos de sostenibilidad, eficiencia y soberanía digital y de garantizar un crecimiento ordenado del sector, pero ha insistido en que los centros de datos abren “una oportunidad extraordinaria” para consolidar a España como uno de los grandes polos digitales de Europa. Por eso, dicen, cualquier nuevo marco regulatorio “debe contribuir a aprovecharla, no ponerla en riesgo”.
Detrás de ese marco está la voluntad del Gobierno de anticiparse a problemas ya vividos en otros países. El Ejecutivo se ha basado en la experiencia de países como Singapur, Estados Unidos, Países Bajos o Irlanda, donde el incremento de proyectos de centros de datos ha generado problemas de saturación eléctrica. En el caso irlandés, la situación llevó a las autoridades a aprobar en 2021 una moratoria a la instalación de nuevos centros.
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