España lleva tres años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Seguimos funcionando con los de 2023, como si desde entonces no hubiera cambiado nada. Han subido los precios, las pensiones, los salarios públicos y los intereses de la deuda. Se han multiplicado las necesidades de gasto y han aparecido nuevos compromisos en defensa. Pero el Gobierno ha preferido seguir administrando el dinero de los contribuyentes sin someter unas nuevas cuentas al debate y la aprobación del Parlamento.
Hay que reducir estructuras administrativas, subvenciones ineficientes y participaciones públicas para contener el gasto
España lleva tres años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Seguimos funcionando con los de 2023, como si desde entonces no hubiera cambiado nada. Han subido los precios, las pensiones, los salarios públicos y los intereses de la deuda. Se han multiplicado las necesidades de gasto y han aparecido nuevos compromisos en defensa. Pero el Gobierno ha preferido seguir administrando el dinero de los contribuyentes sin someter unas nuevas cuentas al debate y la aprobación del Parlamento.
La situación es grave. Los Presupuestos constituyen la principal herramienta de política económica de un Gobierno y permiten al Parlamento aprobar y controlar cómo se gasta el dinero público. Su ausencia durante tres años refleja una anomalía institucional que el próximo Ejecutivo debería enmendar de inmediato. Pero aprobar unos Presupuestos no será suficiente. España necesita cambiar radicalmente su política de gasto público. Y eso exige decisiones que los gobiernos suelen evitar porque tienen un coste electoral.
La economía española ha crecido más que la mayoría de nuestros socios europeos. También ha aumentado el empleo y la recaudación tributaria. Sin embargo, seguimos teniendo déficit público y una deuda muy elevada. En 2025, el déficit fue del 2,4% del PIB. Y en julio de 2026 la deuda alcanzó 1,74 billones de euros. Una cantidad que continúa aumentando a pesar del crecimiento económico y de los ingresos récord de Hacienda.
El Gobierno presume de que la deuda disminuye en porcentaje del PIB. Es verdad. Pero ello se debe a que el crecimiento de la economía y la inflación ayudan a reducir esa proporción, aunque la deuda siga creciendo en euros. De ahí que lo preocupante sea que continuamos endeudándonos en una etapa de expansión económica. ¿Qué sucederá cuando llegue la próxima recesión?
Durante años, España ha contado con unas condiciones financieras excepcionalmente favorables. El Banco Central Europeo compraba deuda y mantenía bajos los tipos de interés. Aquella época ha terminado. Ahora financiar el endeudamiento cuesta más y los intereses absorben recursos que podrían destinarse a mejorar los servicios públicos o reducir impuestos. El próximo Gobierno debería fijarse como prioridad reducir el déficit público. Y hacerlo principalmente mediante una disminución del gasto público improductivo.
Aquí aparece el verdadero problema. En España resulta mucho más fácil subir los impuestos que recortar la grasa que sobra en las administraciones. Tenemos ministerios, consejerías, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, agencias, observatorios y organismos de todo tipo. Muchos cumplen funciones necesarias. Otros duplican competencias, mantienen estructuras injustificadas o realizan actividades que podrían desarrollarse con menos personal y menores costes.
¿Cuántas empresas públicas podrían privatizarse? ¿Cuántas participaciones del Estado en empresas privadas, como Telefónica, Aena, Indra o CaixaBank, podrían venderse? ¿Cuántos organismos públicos podrían desaparecer sin que los ciudadanos perdieran ningún servicio? ¿Cuántas subvenciones se conceden año tras año sin comprobar sus resultados? Ningún Gobierno parece dispuesto a responder seriamente a estas preguntas. Resulta políticamente más cómodo mantener toda esa estructura y enviar la factura a los contribuyentes.
Rebajar la presión fiscal
Además, el aumento de la recaudación no se explica únicamente por el crecimiento económico. La inflación también ha llenado las arcas de Hacienda. Al subir los salarios nominales sin deflactar adecuadamente el IRPF, muchos contribuyentes terminan pagando más impuestos, aunque su capacidad adquisitiva haya mejorado. Es una subida fiscal encubierta que castiga especialmente a las clases medias.
España necesita justamente lo contrario: una fiscalidad que favorezca el ahorro, la inversión y el empleo. Seguir elevando impuestos y cotizaciones sociales encarece la actividad empresarial, dificulta las contrataciones y reduce nuestra competitividad frente a otros países.
El problema de las pensiones
Naturalmente, hay gastos que seguirán creciendo. El más importante es el de las pensiones. Vivimos más años, nacen pocos niños y las generaciones del baby boom están llegando a la jubilación. Además, las nuevas pensiones suelen ser superiores a las de quienes abandonan el sistema y las prestaciones se actualizan con la inflación.
Los pensionistas han trabajado y cotizado conforme a unas reglas que deben respetarse. Pero tampoco podemos condenar a los jóvenes a pagar cotizaciones cada vez mayores mientras encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda y formar una familia. Habrá que reformar gradualmente el sistema, favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral y estimular el ahorro complementario. La experiencia sueca demuestra que es posible combinar pensiones públicas con mecanismos de capitalización individual y una mayor transparencia sobre las prestaciones futuras.
Cumplir las reglas fiscales
Tampoco podemos olvidar los compromisos europeos. Las nuevas reglas fiscales obligan a controlar el crecimiento del gasto y reducir los desequilibrios. Cumplirlas es una necesidad para España, que debe seguir financiándose en los mercados internacionales y necesita conservar la confianza de sus acreedores.
Pero el ajuste presupuestario debe ir acompañado de una política económica que aumente la productividad. España necesita invertir más en educación, formación profesional, investigación, nuevas tecnologías e infraestructuras. Y, sobre todo, facilitar que las empresas inviertan, innoven, exporten y creen empleos mejor remunerados. Precisamente por eso hay que elegir. Cada euro despilfarrado en una estructura administrativa innecesaria es un euro que deja de invertirse en actividades que podrían mejorar nuestra competitividad.
El próximo Gobierno debería presentar unos Presupuestos para 2027 acompañados de un programa de reducción del déficit y de la deuda para toda la legislatura. Con objetivos anuales verificables, una revisión rigurosa de las subvenciones y una reforma de las administraciones que elimine duplicidades y gastos superfluos. Y debería comprometerse a no aprobar nuevos gastos permanentes sin explicar previamente cómo se financiarán.
Durante demasiado tiempo, los gobiernos han confundido la mejora del bienestar con el aumento del gasto público. Pero un país no se hace más rico porque sus administraciones gasten más. Se hace más rico cuando sus empresas producen más y mejor, cuando aumenta la productividad y cuando sus trabajadores pueden disfrutar de salarios más elevados.
El próximo Gobierno tendrá que decidir si continúa administrando una maquinaria pública cada vez más burocratizada o se atreve a reformarla. Y esa reforma debería ser una de sus primeras prioridades. España necesita un Estado que deje de consumir recursos innecesariamente y los destine a lo que verdaderamente importa: mejorar la productividad, crear empleo y aumentar el bienestar de los ciudadanos.
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