Holaluz ha presentado este martes sus alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra el procedimiento abierto para retirarle la habilitación como comercializadora de electricidad y transferir, eventualmente, su cartera de clientes a otras compañías. La empresa ha entregado la documentación dentro del plazo legal y sostiene que cumple todos los requisitos operativos y financieros exigidos por la normativa, según ha hecho público en una nota de prensa. La dirección defiende que no existe base jurídica para su inhabilitación, ya que la compañía mantiene su actividad con normalidad y continúa suministrando electricidad a sus clientes sin interrupciones.
La comercializadora defiende la validez de su licencia y asegura que no hay motivos para su inhabilitación ni el traspaso de clientes
La comercializadora defiende la validez de su licencia y asegura que no hay motivos para su inhabilitación ni el traspaso de clientes
Holaluz ha presentado este martes sus alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra el procedimiento abierto para retirarle la habilitación como comercializadora de electricidad y transferir, eventualmente, su cartera de clientes a otras compañías. La empresa ha entregado la documentación dentro del plazo legal y sostiene que cumple todos los requisitos operativos y financieros exigidos por la normativa, según ha hecho público en una nota de prensa. La dirección defiende que no existe base jurídica para su inhabilitación, ya que la compañía mantiene su actividad con normalidad y continúa suministrando electricidad a sus clientes sin interrupciones.
La defensa de Holaluz se apoya en dos argumentos: la validez de su licencia y la solvencia de sus cuentas actuales. Según la información remitida al mercado BME Growth, la apertura del expediente no tiene efectos inmediatos sobre la capacidad de la compañía para operar ni sobre sus 250.000 contratos vigentes. La empresa asegura, además, que ha liquidado y mantiene al corriente de pago todas las facturas reclamadas por las compañías distribuidoras. Es decir, que no tiene deuda con ellas. En sus alegaciones, sostiene además que ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su actividad y evitar que vuelvan a producirse incidencias administrativas similares.
El conflicto se remonta al 18 de julio, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el inicio del procedimiento de inhabilitación contra la compañía para comercializar energía eléctrica. El Ministerio justificó la apertura del expediente por una deuda de seis millones de euros en peajes y cargos de acceso a la red reclamada por las distribuidoras vinculadas a Iberdrola, Endesa y Naturgy. La comercializadora independiente considera que la denuncia que dio origen al procedimiento es injustificada. La presidenta de la compañía, Carlota Pi, ha señalado que Holaluz se reserva el derecho de emprender acciones legales para proteger la competencia en el mercado eléctrico y defender sus derechos frente a los operadores tradicionales.
El expediente contra Holaluz se enmarca en el endurecimiento de la supervisión del mercado por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Desde febrero de 2026, el departamento que dirige Sara Aagesen ha planteado la inhabilitación de 54 compañías comercializadoras. La cifra supera la registrada entre 2022 y 2025, cuando se abrieron 64 expedientes en total. De ellos, 39 respondieron a problemas de solvencia económica y 25, a la inactividad de las empresas. El objetivo del regulador es reducir el riesgo de impagos que puedan acabar afectando a la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
Estas actuaciones se apoyan en el Real Decreto de 11 de febrero de 2026, que transpuso el Reglamento europeo sobre comercialización y suministro eléctrico. La norma permite al Ministerio iniciar de oficio los procedimientos de inhabilitación y elimina trámites previos entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el operador del sistema, Red Eléctrica. Entre los cambios introducidos figura también la reducción de un año a seis meses del plazo para actuar contra las empresas inactivas que no adquieren energía en el mercado minorista. Además, se han endurecido las garantías y los avales necesarios para acreditar la solvencia de las comercializadoras.
Según el comunicado, Holaluz confía en que el Ministerio archive definitivamente el expediente tras analizar las alegaciones y la documentación presentada este martes. La compañía sostiene que la existencia de un mercado con varios operadores es esencial para proteger a los consumidores y garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico.
Transición deberá ahora valorar las alegaciones y las pruebas aportadas por la empresa sobre el pago de los peajes reclamados y resolver si mantiene la habilitación de Holaluz para continuar con su actividad. La decisión será relevante para el resto de las comercializadoras independientes en su relación con las empresas distribuidoras.
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