El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha abogado por atraer la inversión en centros de datos en lugar de “demonizarlos”, por lo que ha solicitado una regulación que permita instalarlos en el país para generar empleo y crecimiento económico, según ha recogido Europa Press. En la misma línea se ha pronunciado su homólogo de Telefónica, Emilio Gayo, que ha advertido de que la regulación sobre los centros de datos que exige el Gobierno contiene “algunas exigencias” que limitarían ahora mismo el desarrollo del sector, aunque ha admitido que el texto persigue “elementos que tienen sentido” como establecer “un cierto orden” o favorecer “la soberanía respecto a la no soberanía”. Ambos han participado este viernes en el Foro La Toja, Vínculo Atlántico, que se celebra desde el jueves en la Illa da Toxa, en Galicia.
Telefónica avisa de que las “exigencias” del decreto de ‘data centers’ limitarían al sector
Telefónica avisa de que las “exigencias” del decreto de ‘data centers’ limitarían al sector
El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha abogado por atraer la inversión en centros de datos en lugar de “demonizarlos”, por lo que ha solicitado una regulación que permita instalarlos en el país para generar empleo y crecimiento económico, según ha recogido Europa Press. En la misma línea se ha pronunciado su homólogo de Telefónica, Emilio Gayo, que ha advertido de que la regulación sobre los centros de datos que exige el Gobierno contiene “algunas exigencias” que limitarían ahora mismo el desarrollo del sector, aunque ha admitido que el texto persigue “elementos que tienen sentido” como establecer “un cierto orden” o favorecer “la soberanía respecto a la no soberanía”. Ambos han participado este viernes en el Foro La Toja, Vínculo Atlántico, que se celebra desde el jueves en la Illa da Toxa, en Galicia.
El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los data centers.
En esta línea, Gayo ha descartado que el suministro de energía sea el principal problema, y ha asegurado que la disponibilidad eléctrica es “100% suficiente” y que los verdaderos retos “tienen más que ver con la regulación”. Ruiz-Tagle ha asegurado que “la nueva industria son los centros de proceso de datos y no tiene ningún sentido demonizarlos porque se van a instalar, van a existir. Si no están en España, estarán en nuestras vecindades consumiendo probablemente energía española”, ha advertido.
En este sentido, ha instado a diseñar una regulación que permita traerlos a España, “tenerlos cerca de casa”, asegurando que en los lugares donde se den las condiciones idóneas “lo que lloverá será inversión, empleo, crecimiento y la mejora de la economía española”. Gayo ha señalado que los actores implicados deben analizar “cuáles son las cosas que deberían cambiar sobre esa reglamentación” para acordar los ajustes necesarios durante su tramitación.
El directivo ha confiado en que se introducirán “cambios relevantes” en el texto final. “El interés de todos es que no nos quedemos fuera de esa industria”, ha destacado. Por último, ha defendido la necesidad de acelerar los plazos normativos, recalcando que las regulaciones “tienen que ser ágiles” para no perder su efecto durante el proceso de elaboración.
El real decreto del Gobierno para la regulación de los centros de datos ha estado en el centro del debate durante el último mes, ya que las exigencias del Ejecutivo han puesto a algunos sectores contrarios en pie de guerra. La patronal española de los centros de datos, SpainDC, amenazó con pedir indemnizaciones multimillonarias a España si se aprueba la nueva regulación en su definición actual.
El Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de tramitar el decreto, se reafirmó en su normativa pese a las amenazas del sector, aunque fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron que el Gobierno está dispuesto a suavizar las exigencias, tal y como avanzó este medio a principios de este mes.
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