La producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027, que acaba de arrancar, empieza con previsiones optimistas. El Ministerio de Agricultura confirmó este jueves una estimación de crecimiento del 23% respecto a la anterior, llegando a los 1,6 millones de toneladas. Se trata de la mejor cifra de los últimos siete años, y está casi un 40% por encima de la media de los últimos cinco.
El departamento de Luis Planas puede ordenar la retirada de materia prima ante el crecimiento esperado del 23% de la campaña
La producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027, que acaba de arrancar, empieza con previsiones optimistas. El Ministerio de Agricultura confirmó este jueves una estimación de crecimiento del 23% respecto a la anterior, llegando a los 1,6 millones de toneladas. Se trata de la mejor cifra de los últimos siete años, y está casi un 40% por encima de la media de los últimos cinco.
Un crecimiento que abre la puerta a que el departamento que encabeza Luis Planas active el mecanismo que le permite retirar parte de la producción ante cosechas abundantes, y que está regulado por el Real Decreto 84/2021 de 9 de febrero y por el reglamento europeo. A través de una orden ministerial firmada por el propio Planas, Agricultura puede obligar a la retirada de hasta el 20% de la producción “para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado del sector”, según dice el proyecto firmado durante el verano.
Algo que puede hacer siempre que el nivel de existencias iniciales de la campaña, lo que se conoce como el enlace, más las estimaciones para el resto de la misma, igualen o superen el 120% de la media de la producción en las seis campañas anteriores. Esto se rebasaría con la estimación conocida esta semana. Hay que tener en cuenta que las campañas 2022-2023 y 2023-2024 fueron históricamente bajas, especialmente la primera, con una disponibilidad de materia prima de apenas 666.000 toneladas, lo que disparó los precios.
Precisamente, el mecanismo de Agricultura persigue que, con la retirada de producción de una campaña boyante, se pueda compensar una posible caída en la siguiente. El objetivo final es evitar cambios bruscos en la oferta y en los precios, tanto en los que perciben los agricultores, como en los que pagan los consumidores.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no comparte la conclusión del ministerio. Un informe no vinculante de su consejo fechado el 14 de septiembre, y en el que analiza la propuesta de Agricultura, califica la medida como una “restricción de la oferta”, que “puede producir efectos muy negativos sobre la competencia, al limitar la cantidad de producto disponible en el mercado y afectar potencialmente a los precios, a los incentivos para mejorar la calidad y la variedad de la oferta, y al funcionamiento competitivo de la cadena de valor”.
El impacto sobre los precios, considera la CNMC, tiene varias vías. Por un lado, considera que restringir la oferta en campañas abundantes implicaría que los consumidores, y el resto de eslabones de la cadena, no pudiesen beneficiarse “plenamente del incremento de la oferta”. Del mismo modo, cree que los costes que conllevará retirar y almacenar parte de la producción por parte de las almazaras podrían repercutir en los precios de venta. El proyecto ministerial estima unos costes de entre 9,2 y 11,7 millones para los operadores.
Agricultura defiende que esos costes pueden verse compensados por la estabilización de los ingresos que permite su mecanismo, pero la CNMC prevé que “el incremento de ingresos ligado a los mayores precios que soportarán los consumidores por la retirada de la oferta se destine en esas cantidades a cubrir los propios costes que genera la medida”. Por ello, reclama tener en cuenta el impacto económico de esas obligaciones de almacenamiento al determinar los umbrales de activación del mecanismo, así como el porcentaje final de retirada.
Otro punto que enmienda la CNMC es el hecho de que cada almazara pueda decidir la categoría de aceite sobre la que retira producción. Esto, a su juicio, puede provocar que sean las de menor valor comercial las que copen las retiradas, “pudiendo generar efectos diferenciados sobre determinados consumidores”.
Por último, Competencia cuestiona la premisa principal de la medida: que retirar producto en una campaña abundante permitirá moderar los precios futuros. “Tampoco cabe directamente presumir que la campaña posterior vaya a ser deficitaria: podría coincidir con otra cosecha promedio o elevada, por lo que deberían evaluarse los distintos escenarios posibles, los costes de almacenamiento y la gestión de las cantidades retiradas”.
En todo caso, la aplicación del mecanismo aún debe pasar los últimos filtros. Según se explica desde Agricultura, aún falta conocer el dato definitivo de enlace de campaña, que se espera a mediados de octubre, para confirmar que los datos permiten su activación. Y por último, la confirmación final de la misma, que Planas deberá ratificar durante el mes de noviembre. En caso de hacerlo, sería la primera vez que se pone en funcionamiento.
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