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  Economía  La crisis de la vivienda golpea más fuerte a los inmigrantes: “Soñamos con lo mínimo”
Economía

La crisis de la vivienda golpea más fuerte a los inmigrantes: “Soñamos con lo mínimo”

21 de noviembre de 2026
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Mohamed Hassib, el pasado viernes en Carabanchel (Madrid).

Mohamed Hassib tiene 25 años y su sueño es ser campeón del mundo de boxeo. Llegó a España desde Marruecos en 2023 y, antes de instalarse en Madrid, pasó por Ceuta y Algeciras. Su rutina actual gira en torno al gimnasio. Entrena todos los días, a veces en doble sesión. “Tendría que haber debutado mucho antes”, lamenta. No lo hizo por una cuestión deportiva, sino por algo mucho más básico: necesitaba una rutina estable y eso requería tener un lugar fijo en el que vivir. Durante meses, la vivienda fue el principal obstáculo en su camino. No tenía papeles y, sin ellos, buscar un piso de alquiler o incluso una habitación puede convertirse en una carrera de obstáculos. A menudo, incluso cuando se encuentra una oferta disponible, aparecen otras barreras. “Fui a ver una habitación y cuando el casero vio que era marroquí, me dijo que iba a retirar el anuncio porque su hijo la necesitaba”, relata. Esta promesa del boxeo logró regularizar su situación en junio, y desde entonces sus perspectivas de vida ―además de la deportiva― han mejorado. “Ahora se me ha abierto una puerta para poder trabajar como fijo, ganarme la vida y alquilar algo”, reconoce.

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 Expertos y organizaciones sociales señalan que, pese al discurso ultra que los sitúa en el ojo del huracán, los extranjeros extracomunitarios sufren mayor exclusión residencial y discriminación  

Mohamed Hassib, el pasado viernes en Carabanchel (Madrid). SAMUEL SÁNCHEZ

Mohamed Hassib tiene 25 años y su sueño es ser campeón del mundo de boxeo. Llegó a España desde Marruecos en 2023 y, antes de instalarse en Madrid, pasó por Ceuta y Algeciras. Su rutina actual gira en torno al gimnasio. Entrena todos los días, a veces en doble sesión. “Tendría que haber debutado mucho antes”, lamenta. No lo hizo por una cuestión deportiva, sino por algo mucho más básico: necesitaba una rutina estable y eso requería tener un lugar fijo en el que vivir. Durante meses, la vivienda fue el principal obstáculo en su camino. No tenía papeles y, sin ellos, buscar un piso de alquiler o incluso una habitación puede convertirse en una carrera de obstáculos. A menudo, incluso cuando se encuentra una oferta disponible, aparecen otras barreras. “Fui a ver una habitación y cuando el casero vio que era marroquí, me dijo que iba a retirar el anuncio porque su hijo la necesitaba”, relata. Esta promesa del boxeo logró regularizar su situación en junio, y desde entonces sus perspectivas de vida ―además de la deportiva― han mejorado. “Ahora se me ha abierto una puerta para poder trabajar como fijo, ganarme la vida y alquilar algo”, reconoce.

La vivencia de Mohamed no es una excepción. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión para la población inmigrante en España. Los resultados del IV Informe del Observatorio del Estado de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de CONVIVE Fundación Cepaim ―una organización social sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 30 años con personas vulnerables, migrantes y refugiadas― muestran una profunda brecha según el origen de la población. Los datos de ese análisis, a los que ha tenido acceso por adelantado EL PAÍS ya que formalmente se presentará dentro de un mes, muestran que el 42,9% de los españoles se encuentran en situación de inclusión residencial y el 23,6% en exclusión, mientras entre los extranjeros extracomunitarios apenas un 11,1% alcanzan niveles de inclusión y casi la mitad (49,2%) viven en situación de exclusión. El estudio también refleja una mayor incidencia de formas extremas de precariedad habitacional: el hacinamiento afecta al 27,6% de los extracomunitarios, frente al 10,1% de la población española.

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Para Elena Mateos, investigadora y responsable del estudio, estas cifras desmienten los discursos que sitúan a la inmigración en el origen de la crisis residencial. Asegura que desde la fundación no se han encontrado evidencias que permitan establecer una relación entre el aumento de la población migrante y el deterioro del acceso a la vivienda, como defienden partidos como Vox. “En España han entrado casi seis millones de personas en cinco años [el INE rebaja la cifra hasta los tres millones] y esa gente, como es lógico, sea legal o ilegal, necesita un techo (…) y eso tensiona el mercado”, dijo el líder del partido ultra, Santiago Abascal, durante su entrevista en el programa La Revuelta de TVE.

Mateos, sin embargo, apunta hacia otros factores que explican el aumento de la tensión sobre la vivienda, como el encarecimiento de los precios, la escasez de oferta pública, la expansión de las zonas tensionadas y la turistificación. También sostiene que las dificultades de acceso empujan con frecuencia a los inmigrantes hacia el alquiler de habitaciones, viviendas compartidas o, en los casos más extremos, asentamientos informales e infraviviendas. A su juicio, aumentar la oferta de vivienda asequible es una condición necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de medidas contra la discriminación residencial y de políticas que favorezcan la integración y la convivencia en los barrios.

Los datos del INE muestran además una clara diferencia según el origen de la persona de referencia del hogar. Entre quienes proceden de países extracomunitarios, el alquiler es la fórmula claramente dominante: el 63% reside en una vivienda arrendada, frente a apenas un 11% que vive en una casa en propiedad. En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, aunque el alquiler también es la opción más frecuente, el peso de la propiedad es sensiblemente mayor y alcanza el 18%.

Barras apiladas

Elena Martínez Goytre, responsable de Investigación y Evaluación de Provivienda, sostiene que el acceso a una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos para los inmigrantes. En un mercado marcado por la escasez de oferta, explica, los propietarios realizan un auténtico “casting” de candidatos, y ese filtro no afecta por igual a todos. Según detalla, incluso cuando los aspirantes tienen las mismas condiciones de ingreso, contrato o situación familiar que otros candidatos, “quienes tienen el acento y la nacionalidad diferentes a la española ven bloqueado su acceso a las viviendas con más frecuencia”. El resultado de este rechazo sistemático es que muchos terminan recurriendo a soluciones precarias que raramente contemplan los portales inmobiliarios: habitaciones subarrendadas, pisos compartidos por varias familias o situaciones de hacinamiento. “Cuando no hay papeles, el bloqueo es muy, muy incapacitante”, advierte Goytre.

Realidad jurídica

Desde una perspectiva jurídica, la exclusión residencial de parte de la población inmigrante esconde una realidad mucho más compleja de lo que sugieren las estadísticas. Como señala Lucía López, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el acceso a las distintas prestaciones o a las políticas de vivienda depende, en gran medida, del encaje administrativo de cada persona. “No es lo mismo que sea un ciudadano europeo trabajador, que un ciudadano europeo que no tiene suficientes medios para mantenerse, que un nacional, o que alguien de un tercer país o que disponga, o no, de residencia permanente”, explica la docente. “Cada estatus jurídico lleva aparejada una realidad jurídica diferente, lo que evidencia la complejidad del fenómeno”, resume.

Esa diversidad de situaciones dificulta, por tanto, tanto la medición de la discriminación como el diseño de respuestas públicas homogéneas. El debate, de hecho, ya ha dado lugar a políticas controvertidas en otros países europeos. López cita el caso de Dinamarca, que conoce bien, donde la denominada ley de los guetos, rebautizada posteriormente como ley de las sociedades paralelas, permite identificar barrios con una elevada concentración de población de origen no occidental y aplicar planes específicos para modificar su composición social. Entre las medidas previstas se encuentra incluso la rescisión de contratos de vivienda social para forzar el traslado de residentes, una estrategia que ha llegado a los tribunales europeos por su posible choque con la normativa comunitaria contra la discriminación racial.

“Soñamos con lo mínimo”, lamenta Hassib, cuando se le pregunta si alguna vez ha fantaseado con tener en la mano el manojo de llaves de su casa. “Mucha gente se piensa que venimos a delinquir, y no es así. Yo vine solo, dejando a mi familia atrás [sus padres y hermano viven en Marruecos], y todo lo que tengo lo he logrado con mi esfuerzo, sufriendo mucho, no quejándome y haciendo todo lo posible para integrarme”, añade. “Hasta que no entendamos que el problema de la vivienda no es, exclusivamente, un problema habitacional, y que su remedio no pasa solo por el plano económico, sino por muchos otros que no pueden dejar de lado a estos colectivos, no conseguiremos resultados”, concluye Mateos.

Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es.


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