El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones para cerrar el decreto de vivienda con uno de los principales focos puesto a estas horas en cómo articular la prórroga de los contratos de alquiler. El último borrador sobre la mesa contempla una renovación automática de los contratos por un máximo de dos años, una fórmula que permitiría a los inquilinos ganar tiempo una vez agotados los plazos ordinarios del alquiler. Pero Sumar y el resto de los socios de izquierda consideran que ese mecanismo debe ir más allá y han planteado nuevas modificaciones al texto durante una negociación que se ha prolongado durante toda la noche y que sigue abierta.
Sumar ha trasladado al PSOE una propuesta para convertir en indefinidos los contratos y regular el alquiler de habitaciones
Sumar ha trasladado al PSOE una propuesta para convertir en indefinidos los contratos y regular el alquiler de habitaciones
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El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones para cerrar el decreto de vivienda con uno de los principales focos puesto a estas horas en cómo articular la prórroga de los contratos de alquiler. El último borrador sobre la mesa contempla una renovación automática de los contratos por un máximo de dos años, una fórmula que permitiría a los inquilinos ganar tiempo una vez agotados los plazos ordinarios del alquiler. Pero Sumar y el resto de los socios de izquierda consideran que ese mecanismo debe ir más allá y han planteado nuevas modificaciones al texto durante una negociación que se ha prolongado durante toda la noche y que sigue abierta.
Sumar, explica un portavoz del socio minoritario de Gobierno, remitió este lunes por la noche al PSOE un nuevo borrador que incorporaba, entre otras cuestiones, la renovación automática de los contratos, reforzar la protección frente a los desahucios y la regulación del alquiler de habitaciones, una modalidad que la formación considera una de las vías actuales de especulación y abusos en el mercado del alquiler.
La diferencia entre una prórroga automática limitada a dos años y un sistema de renovación automática de los contratos concentra buena parte de la discusión. El Sindicato de Inquilinas, que ha capitaneado las movilizaciones tras el caso de Maricarmen y mantiene la presión desde la acampada de la Puerta del Sol, reclama contratos indefinidos en los que el inquilino pueda continuar en la vivienda mientras cumpla sus obligaciones y no concurra una causa justificada para poner fin al arrendamiento. Sumar y el resto de las formaciones de izquierdas han incorporado esa reivindicación a su propuesta de negociación, elevando la exigencia respecto al mecanismo de prórroga que recogía el último borrador.
La exigencia del Sindicato de Inquilinas es trasladar al alquiler una lógica parecida a la que opera en los contratos laborales indefinidos. Es decir, que el contrato no tenga una fecha de caducidad a partir de la cual el propietario pueda inflar los precios o buscar un nuevo inquilino dispuesto a pagar. Así, si el inquilino está al corriente de abonar la renta, continuaría en la vivienda y el contrato se renovaría automáticamente, mientras que el propietario tendría que acreditar una causa justificada para poner fin a la relación.
El problema para el Ministerio de Vivienda, que dirige las conversaciones, está en que ampliar de esa manera la protección contractual puede complicar todavía más la negociación con los socios que necesita para sacar adelante el decreto. Junts y PNV tienen otras prioridades en materia de vivienda y no parece sencillo que acepten una fórmula que transforme la duración de los contratos en una renovación automática de carácter indefinido. El Ejecutivo intenta así encontrar un punto de equilibrio entre las demandas de los grupos de izquierda, que reclaman una protección más permanente para los inquilinos, y las posiciones del resto de socios necesarios para construir una mayoría parlamentaria que apruebe el decreto en las Cortes en el plazo de un mes.
El último borrador que puso Vivienda sobre la mesa incluía también otras medidas para intentar dar respuesta a la crisis de vivienda, entre ellas el refuerzo de la protección frente a los desahucios, cambios en la fiscalidad de los pisos turísticos y nuevas ventajas fiscales para inquilinos y propietarios que reduzcan las rentas.
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