La sanidad de casi medio millón de militares, guardias civiles y sus familiares está en el aire. El concierto de prestación de servicios médicos por parte de Isfas (el Instituto Social de las Fuerzas Armadas) ha quedado desierto. Las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y Asisa, que hasta ahora participaban en esta colaboración público-privada, han optado por no presentarse al nuevo convenio para 2027 al considerar insuficiente la oferta económica.
Las dos aseguradoras que prestaban hasta ahora el servicio de la mutualidad Isfas consideran insuficiente la oferta económica
Las dos aseguradoras que prestaban hasta ahora el servicio de la mutualidad Isfas consideran insuficiente la oferta económica
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La sanidad de casi medio millón de militares, guardias civiles y sus familiares está en el aire. El concierto de prestación de servicios médicos por parte de Isfas (el Instituto Social de las Fuerzas Armadas) ha quedado desierto. Las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y Asisa, que hasta ahora participaban en esta colaboración público-privada, han optado por no presentarse al nuevo convenio bianual, 2027-2028 al considerar insuficiente la oferta económica.
La situación es similar a la vivida hace dos años con la gran mutualidad de funcionarios, Muface —que cubre a 1,5 millones de policías, profesores y otros servidores públicos y a sus familias—. Aquel concurso de 2024 también quedó desierto, y el Ministerio de Función Pública tuvo que realizar dos nuevas propuestas con subidas de las primas de las aseguradoras, para que aceptaran participar.
Este tipo de convenio a través de mutualidades proviene del franquismo. Muface, Isfas y Mugeju (la mutua para jueces, fiscales y otro personal de Justicia) ofrecen a los funcionarios la opción de decidir cada año si quieren recibir atención médica en la sanidad pública o por medio de las aseguradoras privadas que participan en los convenios.
En el caso de Isfas, el colectivo protegido era de 531.415 personas a finales de 2025, entre personal militar, jubilados del Ejército y familiares. De esa cifra, un 90% opta por la sanidad privada y el resto por la pública.
Asisa ha argumentado, para no acudir al convenio de los militares, que “las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial”. Esta aseguradora sí que ha optado por acudir al convenio de Mugeju, que cubre a unas 90.000 personas.
Igualmente, Adeslas se ha presentado al concierto de la mutualidad de la Justicia, pero no al de los militares porque “las proyecciones realizadas sobre la cartera muestran que la financiación prevista para 2027 no alcanza el equilibrio necesario para asumir un nuevo concierto”.
La atención médica del personal militar presenta cierta complejidad para las aseguradoras. Sobre todo, porque es un colectivo muy disperso por toda España, a diferencia de jueces y fiscales, más concentrados en las grandes capitales .
Durante la crisis de Muface de 2024, que se prolongó hasta el primer trimestre de 2025, las aseguradoras se negaron en banda a aprobar un nuevo convenio hasta no conseguir un fuerte incremento de la prima que les paga la administración por prestar estos servicios médicos.
El actual concierto sanitario de Muface tiene una vigencia de tres años, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027 y está atendido por Adeslas y Asisa. DKV se salió definitivamente en la última renovación. El presupuesto es de 4.808 millones de euros, con un incremento de la prima media del 41,2% respecto al convenio previo.
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