Gebta, la patronal que aúna a 19 de las mayores agencias de viajes corporativas en España, entre ellas Viajes El Corte Inglés, American Express GBT o Nautalia, ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el concurso de servicios de agencias de viajes de la Administración General del Estado, dotado con 604,8 millones de euros. En un comunicado hecho público este mediodía, el organismo justificó la decisión por “las múltiples y gravísimas infracciones” que contiene el documento de licitación elaborado por la Dirección General de Racionalización y Centralización en la Contratación.
La patronal que reúne a empresas como Viajes El Corte Inglés o American Express GBT acusa al Ejecutivo de obligarles a licitar a precios que les llevan a pérdidas
Gebta, la patronal que aúna a 19 de las mayores agencias de viajes corporativas en España, entre ellas Viajes El Corte Inglés, American Express GBT o Nautalia, ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el concurso de servicios de agencias de viajes de la Administración General del Estado, dotado con 604,8 millones de euros. En un comunicado hecho público este mediodía, el organismo justificó la decisión por “las múltiples y gravísimas infracciones” que contiene el documento de licitación elaborado por la Dirección General de Racionalización y Centralización en la Contratación.
Entre las infracciones detectadas, el organismo demandante resalta las de carácter económico, “que obligan a las agencias a licitar con precios que no cubren costes o que eliminan el margen comercial, infringiendo directamente el artículo 102.3 y el artículo 2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”. Marcel Forns, director general de Gebta, pone como ejemplo la dificultad para cambiar los precios que fija el pliego. “Pretende obligar a las agencias licitadoras a garantizar la inalterabilidad de unos precios que se rigen por sistemas de fluctuación constante y una disponibilidad de inventario en tiempo real, bajo amenaza de graves penalizaciones”, resalta en conversación con este periódico.
En su opinión, este requisito no solo constituye una arbitrariedad de carácter técnico, sino que desvirtúa de forma radical la onerosidad del contrato, “al obligar al contratista a asumir y sufragar de su propio margen comercial la diferencia tarifaria provocada por la volatilidad intrínseca del mercado”. Unos argumentos similares a los utilizados por la patronal hotelera para impugnar el concurso de viajes del Imserso en las últimas convocatorias, ya que el precio por plaza oferta (23 euros) se ha mantenido inalterable, pese al período hiperinflacionista iniciado con Ucrania en marzo de 2022. Otras irregularidades se refieren a la exigencia “ilegal” de descuentos lineales en tarifas aéreas para residentes en los archipiélagos o el establecimiento de mejoras en el seguro de viaje a coste cero.
El recurso presentado por Gebta considera que existe una falta de justificación en la estructura de costes a lo largo de toda la licitación. “Este es un aspecto muy relevante, dado que es un condicionante crítico para la eventual participación de agencias que no estén gestionando ya los servicios de la Administración General del Estado”, resalta en clara alusión a la falta de concurrencia y competencia del proceso.
La denuncia de Gebta va más allá de las cuestiones estrictamente económicas y denuncia irregularidades en otros dos bloques. Por un lado, las prestaciones impuestas en el pliego de prescripciones técnicas, “que resultan operativamente imposibles de cumplir, debido a las prácticas del mercado de transporte o porque exceden las funciones lógicas de un intermediario turístico”. El recurso también señala un tercer bloque que incluye cláusulas que, en su opinión, “vulneran leyes imperativas de otros sectores a la contratación pública, como la protección de datos o la legislación reguladora del mercado de seguros”.
La citada patronal recuerda que ya presentó el pasado ejercicio un recurso similar ante el mismo tribunal contra el Acuerdo Marco para participar en los concursos para optar a los viajes de las distintas administraciones públicas, que finalmente no se resolvió como consecuencia de que se declaró desierto el concurso. “Al no presentarse ofertas por parte de las agencias de viajes, eso impidió entrar a resolver el fondo del asunto”, señala Forns.
Gebta acusa a la Administración General del Estado de ignorar a las agencias de viajes en el proceso de redacción de los pliegos, tal y como sucedió doce meses antes con el acuerdo marco. “En ningún momento, el órgano contratante hizo uso de la potestad que le concede el artículo 115 de la LCSP, tipificada como consultas preliminares de mercado”. Para Gebta, el resultado de ignorar a las agencias de viajes en el proceso de redacción de los pliegos no solo se salda con un nuevo recurso, “sino que comportan costes económicos derivados de la impugnación, y eventualmente la suspensión del proceso, circunstancias que hubieran podido evitarse de haber optado la Administración por un diálogo constructivo con el sector”.
Feed MRSS-S Noticias
