La regularización extraordinaria promovida por el Gobierno entre abril y junio de este año ha abierto una puerta directa al autoempleo para miles de extranjeros en España. Este es un terreno jurídico lleno de aristas, donde la oportunidad convive con riesgos como la precarización, el fraude o tensiones para las pequeñas empresas que los contratan o les encargan servicios. El resultado puede ser un RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) más diverso, nutrido de nuevos autónomos con permisos provisionales. Sin embargo, la línea que separa el trabajo por cuenta propia del empleo laboral encubierto no siempre es nítida, pues en la práctica existen zonas grises y relaciones ambiguas que pueden ocultar una verdadera relación de empleo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Empleo encubierto/Empleo por cuenta propia económicamente dependiente.
Cerca de 1,2 millones de personas
El plazo de solicitud para la regularización extraordinaria estuvo abierto del 16 de abril al 30 de junio, y a él se han acogido cerca de 1,2 millones de personas que han debido acreditar cinco meses de residencia ininterrumpida en España antes del 1 de enero de 2026. El resultado casi dobla las primeras estimaciones públicas del Gobierno. La medida aspira a aflorar el empleo sumergido, aumentar las afiliaciones y las cotizaciones e incrementar, con ello, los ingresos públicos. Por otro lado, requerirá adaptar y dotar de recursos a los servicios sociales y administrativos para no tensionar el sistema.
El proceso extraordinario de regularización abre una vía directa al trabajo por cuenta propia
La regularización extraordinaria promovida por el Gobierno entre abril y junio de este año ha abierto una puerta directa al autoempleo para miles de extranjeros en España. Este es un terreno jurídico lleno de aristas, donde la oportunidad convive con riesgos como la precarización, el fraude o tensiones para las pequeñas empresas que los contratan o les encargan servicios. El resultado puede ser un RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) más diverso, nutrido de nuevos autónomos con permisos provisionales. Sin embargo, la línea que separa el trabajo por cuenta propia del empleo laboral encubierto no siempre es nítida, pues en la práctica existen zonas grises y relaciones ambiguas que pueden ocultar una verdadera relación de empleo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Empleo encubierto/Empleo por cuenta propia económicamente dependiente.
Esta vía extraordinaria abre la posibilidad de que actividades que hasta ahora operaban en la economía sumergida pasen a cotizar, generen derechos y ensanchen la base de la Seguridad Social, señala Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales.
Trabajar como autónomo, ya sea nacional o extranjero, exige contar con planes de viabilidad y mucho papeleo, lo que puede constituir un filtro más exigente para los extranjeros. Los trámites son similares, pero es cierto que superar “la incertidumbre con criterios interpretables, instrucciones que llegan tarde y resoluciones dispares según la provincia” puede ser más complicado para quienes, por ejemplo, no dominan el idioma, advierte Merchán. La falta de seguridad jurídica, subraya, perjudica “siempre al más vulnerable”. Y advierte de que un autónomo extranjero que presenta su declaración responsable “de buena fe” necesita saber con certeza qué se le va a pedir y cuándo.
Ya se percibe movimiento en la Seguridad Social. Celia Ferrer, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), afirma que han detectado “más solicitudes de certificación de planes de negocio y de empresa de extranjeros y un aumento de ellos en actividades técnicas o científicas” durante el proceso de regularización. El trabajador “debe ser consciente de que asume un alto riesgo”, señala la vicepresidenta de la asociación, encargada de validar la viabilidad de estos planes.
Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, sostiene que el problema no está en el alta: “Un trámite, en esencia, tan sencillo como para cualquier ciudadano español”. El problema surge si se deniega la autorización provisional. En este momento desaparece la habilitación laboral y quien emplea a ese autónomo podría estar “contratando a una persona que ya no tiene autorización para trabajar en España”. Para Santiago, la solución pasa por articular “mecanismos automáticos de comunicación entre la Administración y las partes afectadas” que eviten exigir a la empresa controles mensuales de la vigencia de cada permiso.
Peligros y vigilancia
El alta en el RETA también puede esconder el fraude del falso autónomo. Un disfraz bajo el que se esconde una relación laboral al uso. Merchán alerta: “Es la peor de las fórmulas. Elimina la protección del Estatuto de los Trabajadores. El falso autónomo asume el coste de su cotización y suele hacerlo por debajo de sus ingresos reales”. Santiago coincide en que “ese riesgo existe”. El peligro acecha sobre todo a quienes tienen como meta absoluta la regularización, que pueden caer en la tentación de “darse de alta como autónomos, aunque en realidad vayan a desarrollar una actividad que debería encuadrarse como trabajo por cuenta ajena”. Que el RETA no se convierta en una puerta de entrada a situaciones laborales irregulares dependerá de los controles que acompañen esta avalancha de altas nuevas.
Merchán plantea una vigilancia en tres tiempos: primero, verificación efectiva tras la declaración responsable, comprobando la actividad real, la facturación y la coherencia de los ingresos; segundo, seguimiento mediante el cruce de datos entre la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo; y tercero, “acompañamiento profesional”. En todo caso, desde ATA descartan “que vaya a haber un auge de falsos autónomos debido a la regularización y a los permisos de trabajo por cuenta propia”.
Para el presidente de los graduados sociales “cada una de esas altas es actividad que antes existía en la sombra y ahora cotiza, genera derechos y ensancha la base del sistema. En un contexto de envejecimiento y de presión creciente sobre las pensiones, eso es una buena noticia para la sostenibilidad a medio plazo”.
La magnitud del proceso sitúa la cuestión también en el plano macroeconómico. El potencial recaudatorio es innegable, pero solo será estructural si las altas son estables y las bases de cotización reflejan ingresos efectivos, no mínimos intermitentes. Si la tramitación se demora o se resuelve con criterios desiguales, el efecto positivo se diluye y el sistema pierde una oportunidad de ampliar su base contributiva con un colectivo que ya trabajaba en la sombra, coinciden los expertos.
Santiago advierte de que esta gran oportunidad para mejorar la empleabilidad y las necesidades de servicios profesionales en las empresas “tiene que hacerse desde el rigor y seguridad jurídica” y los contratadores no pueden convertirse en “responsables de la acción o inacción administrativa”. Por su parte, Merchán reivindica la labor de los graduados, “imprescindible para ordenar altas, comprobar la coherencia de los ingresos y de las bases de cotización, y servir de interfaz entre las pequeñas empresas y la Administración”. Ferrer, desde ATA, sitúa también el foco en la cultura empresarial de riesgo: ser autónomo implica “asumir mucho riesgo”, que se reparte entre quien se da de alta y quien confía en él como proveedor o colaborador externo.
Cerca de 1,2 millones de personas
El plazo de solicitud para la regularización extraordinaria estuvo abierto del 16 de abril al 30 de junio, y a él se han acogido cerca de 1,2 millones de personas que han debido acreditar cinco meses de residencia ininterrumpida en España antes del 1 de enero de 2026. El resultado casi dobla las primeras estimaciones públicas del Gobierno. La medida aspira a aflorar el empleo sumergido, aumentar las afiliaciones y las cotizaciones e incrementar, con ello, los ingresos públicos. Por otro lado, requerirá adaptar y dotar de recursos a los servicios sociales y administrativos para no tensionar el sistema.
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