El mantenimiento de las piscinas comunitarias se ha convertido en una nueva fuente de presión para las cuentas vecinales: este verano cuesta, de media, un 9% más que hace un año. La subida afecta a prácticamente todos los componentes del servicio, desde los productos químicos hasta la mano de obra especializada, pasando por la energía, el transporte o los equipos técnicos, según Raúl Viyuela, presidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas (EMPIA).
Estas instalaciones tienen un coste de mantenimiento que ha subido un 9% en un año y desajusta los presupuestos. Algunas comunidades recortan el horario de uso
El mantenimiento de las piscinas comunitarias se ha convertido en una nueva fuente de presión para las cuentas vecinales: este verano cuesta, de media, un 9% más que hace un año. La subida afecta a prácticamente todos los componentes del servicio, desde los productos químicos hasta la mano de obra especializada, pasando por la energía, el transporte o los equipos técnicos, según Raúl Viyuela, presidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas (EMPIA).
A ello se suma que las piscinas comunitarias están sujetas a estrictos requisitos sanitarios y de seguridad que obligan a realizar controles periódicos de la calidad del agua, de los sistemas de depuración y actuaciones preventivas para evitar averías o riesgos. “Son factores que también tienen una repercusión directa en los costes de mantenimiento”, dice Viyuela. Además, algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, han endurecido recientemente sus exigencias normativas.
El sobrecoste llega en un momento especialmente delicado para muchas comunidades de vecinos, que en los últimos años han visto dispararse partidas esenciales como la energía, los seguros, la limpieza, los servicios de conserjería o las reparaciones, elevando de forma progresiva las cuotas comunitarias. Las piscinas, una de las instalaciones más valoradas en las urbanizaciones, se han convertido así en uno de los capítulos de gasto que más crecen dentro de los presupuestos. El problema añadido es que los propietarios aprobaron sus cuentas anuales a finales de 2025 sin prever el aumento de costes registrado en los últimos meses en el mantenimiento de estas instalaciones, que, de por sí, no es barato. Una piscina comunitaria media de entre 80 y 120 viviendas suele necesitar entre 12.500 y 15.000 euros anuales para la conservación integral, dependiendo del tamaño del vaso, los horarios de uso, el equipamiento, la antigüedad de las instalaciones y las necesidades de personal. Este verano “se están encontrando con que los costes del mantenimiento han aumentado de forma significativa respecto a las previsiones”, indica Viyuela.
Los administradores de fincas alertan de que este imprevisto les está obligando a hacer encaje de bolillos. “Están teniendo que realizar auténticos ejercicios de equilibrio para adaptar los presupuestos a una realidad económica muy distinta a la prevista”, señala Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Cuando una comunidad dispone de recursos limitados, “se estudian diferentes alternativas, como reorganización de partidas presupuestarias, utilización de remanentes existentes, planificación de ajustes progresivos en las cuotas o aprobación de derramas”, añade Isabel Ocaña, vicepresidenta del colegio.
Ocaña dice no tener constancia de comunidades que se hayan visto obligadas a cerrar la instalación por el sobrecoste, aunque algunas “han rebajado las horas de apertura de la piscina”. Y otras valoran adjudicar los contratos priorizando el precio frente a otros criterios técnicos o incluso prescindir de algunas partidas. “No debería eliminarse ningún elemento esencial relacionado con la seguridad, la calidad del agua o el cumplimiento normativo”, advierte Viyuela.
El trabajo de mantenimiento de una piscina comunitaria debe ser desarrollado por empresas profesionales capacitadas y con personal cualificado, por lo que una oferta económica demasiado baja probablemente signifique un servicio insuficiente o de menor calidad. “A corto plazo puede parecer una decisión económica, pero a medio y largo plazo puede traducirse en incumplimientos normativos, averías, problemas sanitarios o mayores costes de reparación”, señala Ocaña. El gremio del mantenimiento aconseja planificar con antelación las necesidades presupuestarias de la temporada y mantener los programas de mantenimiento también en invierno para evitar deterioros y costes mayores posteriormente.
Accidentes y deficiencias
En cualquier caso, los vecinos deben saber que la responsabilidad última de la instalación recae sobre ellos y, de hecho, existen numerosas sentencias relacionadas con accidentes y deficiencias de mantenimiento en piscinas comunitarias. Una de la Audiencia Provincial de Asturias de 2020 consideró responsable a una comunidad de propietarios por las lesiones sufridas por un menor en una piscina infantil al permitirse su utilización pese a conocerse la existencia de desperfectos en el revestimiento de la instalación.
Mantener una piscina no consiste únicamente en añadir productos químicos o realizar limpiezas periódicas. Las tareas básicas son el control diario o periódico de los parámetros del agua (cloro, pH y otros indicadores), limpieza de vasos, skimmers y fondos, supervisión de sistemas de filtración, revisión de bombas y equipos de dosificación, control documental y cumplimiento de la normativa sanitaria, prevención y resolución de incidencias técnicas y labores de apertura y cierre de temporada.
El personal especializado es la partida que más peso tiene en la factura, en torno al 85%, según EMPIA, que además advierte de que la presión sobre los costes reduce los márgenes de las empresas especializadas. Los productos químicos (cloro, reguladores de pH, alguicidas, floculantes y reactivos analíticos) representan alrededor de un 5%, mientras que los equipos técnicos y recambios (filtros, bombas, válvulas, sondas de medición o dosificadores automáticos) absorben otro 5%. El resto corresponde a transporte, desplazamientos, documentación técnica y gestión administrativa. Durante las olas de calor, además, el trabajo se intensifica por el aumento de bañistas y las altas temperaturas, que alteran más los parámetros del agua.
Nada de hinchables en las terrazas
En las urbanizaciones donde no existe piscina comunitaria, los vecinos afrontan el calor como pueden. La peor de las soluciones es la de colocar la típica piscina hinchable en la terraza. El último ejemplo ocurrió este pasado mes de junio en el primer piso de un bloque en Girona, en cuya terraza había una de estas piscinas con 1.500 litros de agua. La terraza se derrumbó sobre un local en un piso bajo vacío.
El principal riesgo es la sobrecarga estructural. “Una terraza no está pensada para recibir cualquier peso, sino que se proyecta con unas cargas máximas determinadas: el peso propio de la construcción y una sobrecarga de uso prevista para personas, mobiliario, mantenimiento, nieve en su caso…”, explica el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y añade: “Lo normal es que una terraza común en una vivienda no esté calculada para soportar el peso de una piscina”.
Un metro cúbico de agua equivale aproximadamente a 1.000 kilos. “Eso significa que una piscina con solo 10 centímetros de agua ya aporta unos 100 kilos por metro cuadrado y con 30 se sitúa alrededor de 300 kilos, sin contar el peso de la propia piscina ni de las personas”, detalla. Para hacerse una idea del riesgo, según el Código Técnico de la Edificación (CTE), para edificios de nueva construcción, el criterio habitual para la sobrecarga de uso en terrazas y balcones de una vivienda está en 200 kilos por metro cuadrado, es decir, “con 20 centímetros de agua ya estaríamos agotando la sobrecarga para la que ha sido calculada”, afirman los arquitectos técnicos. Si aun así se quiere instalar, es necesario contratar a un técnico competente que realice un proyecto técnico con un cálculo estructural, que gestione los permisos y contrate una ejecución especializada.
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