La gran regularización de migrantes impulsada por el Gobierno ha reabierto uno de los debates más polarizadores de España. Sin embargo, mientras el foco se concentra en los extranjeros que llevan años viviendo en el país y que aspiran ahora a abandonar la irregularidad, otro fenómeno avanza sin hacer ruido. Se trata de una autopista directa a la residencia que está reservada a extracomunitarios con perfil de alto valor económico. Y que ha llevado a miles de inversores, directivos, emprendedores y teletrabajadores a establecerse en España con todas las garantías.
El país cuenta desde 2013 con un régimen ideado para atraer a perfiles extracomunitarios estratégicos, y el número de permisos se ha disparado tras la pandemia
La gran regularización de migrantes impulsada por el Gobierno ha reabierto uno de los debates más polarizadores de España. Sin embargo, mientras el foco se concentra en los extranjeros que llevan años viviendo en el país y que aspiran ahora a abandonar la irregularidad, otro fenómeno avanza sin hacer ruido. Se trata de una autopista directa a la residencia que está reservada a extracomunitarios con perfil de alto valor económico. Y que ha llevado a miles de inversores, directivos, emprendedores y teletrabajadores a establecerse en España con todas las garantías.
Los datos oficiales reflejan que, a cierre del año pasado, más de 185.000 extranjeros ―entre titulares directos y familiares― se habían beneficiado de estas autorizaciones especiales. El proceso comenzó con la aprobación de una ley en 2013, pero alcanzó velocidad de crucero a raíz de la pandemia. La diferencia es que esta fórmula no suele presentarse como una cuestión migratoria, sino como una palanca económica. La norma que la regula habla abiertamente de importar talento e inversión. Y para ello pone en marcha “un procedimiento ágil y rápido ante una única autoridad”, lo que en la práctica supone una regularización de alfombra roja.
“Pensaba que mudarme sería más complicado, pero el proceso fue tan rápido que en apenas tres semanas estaba todo listo”, afirma Thomas J., británico de 42 años. Llegó a España a principios de 2025 proveniente de Dubái, donde teletrabajaba como programador para la multinacional en la que sigue empleado. Tras dos años en el golfo Pérsico, decidió regresar a Europa con su pareja y se decantó por Barcelona, donde vive “cómodamente de alquiler” gracias a que su sueldo es relativamente alto, reconoce.
Varios expertos, al igual que explica el legislador en la norma, ven una justificación económica en esta pasarela, que sirve para “atraer talento” e “internacionalizar la economía española”. Al otro lado, voces como la de Fabiola Mancinelli, profesora de Antropología Social en la Universidad de Barcelona y una de las coordinadoras del proyecto Remotework ―centrado en la digitalización del trabajo y en el nomadismo digital―, perciben un modelo que lleva a los países a “promover políticas de migración selectiva” para “competir entre sí y atraer a consumidores residentes”.
El origen se encuentra en una ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La norma creó un régimen al margen de los procedimientos ordinarios de extranjería, más flexible y rápido. En un primer momento se centró en los inversores, dando lugar a las golden visa. Estos visados ya no existen y el abanico se ha ido ampliando para facilitar el aterrizaje a emprendedores, ejecutivos, personal cualificado y, más recientemente, teletrabajadores.
La razón por la que este fenómeno apenas genera controversia tiene mucho que ver con la forma en que se presenta. A diferencia de otras migraciones, estas autorizaciones suelen encuadrarse en términos de tejido productivo más que de extranjería. El buen desempeño de los indicadores macroeconómicos refuerza este enfoque, respaldado por estudios que atribuyen parte del crecimiento reciente a la población extranjera. Aunque la evidencia académica sobre perfiles altamente cualificados es más limitada, los expertos sostienen que estos colectivos contribuyen positivamente mediante consumo, inversión y actividad económica.
La salida de la crisis sanitaria, en 2022, marcó el punto de inflexión, señala Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. A su juicio, la aceleración de la digitalización y el desarrollo de ciertos servicios no turísticos han reforzado la posición de España “como hub internacional» para atraer a estos perfiles, que han ayudado a apuntalar el reciente ciclo expansivo de España, explica.
Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, interpreta el fenómeno desde una perspectiva similar. España, cuenta, se ha convertido en uno de los grandes polos de atracción para población extranjera de renta alta. “Esto supone una parte importante del PIB y del crecimiento económico”, prosigue, ya que el fenómeno está estrechamente ligado a la estructura productiva que ha ido consolidándose durante los últimos años. “No solo porque atrae capital y consumo, sino porque genera una economía de servicios alrededor de estos nuevos residentes”. Por eso, ante una política migratoria diferente a la de otros países, “lo que hace España es poner una alfombra roja a los que vienen para que se queden”, resume. Para Silvia Marcu, también investigadora del CSIC, España no está ante una moda pasajera. “El fenómeno de la movilidad internacional de países ricos no ha hecho más que empezar”, afirma.
Esa apuesta económica tiene una traducción administrativa muy concreta. Para evitar que estos perfiles quedaran atrapados en los cauces del resto de extranjeros, el Estado creó un circuito que pivota sobre la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La diferencia es sustancial, ya que, frente a procedimientos que pueden prolongarse meses, esta fórmula ofrece agilidad. Por eso, apunta Ana Rosselló, socia del despacho Wiselegal, España convive con dos velocidades administrativas claramente diferenciadas dentro de su política migratoria. Por un lado, la ley orgánica de extranjería; por otro, la ley de emprendedores, que da un permiso inicial de tres años, luego una renovación de cinco y, a partir de ahí, prórrogas quinquenales siempre que se cumplan los requisitos que contempla cada permiso de residencia.
Estas pasarelas ad hoc, sin embargo, “tienden a ocultar los aspectos selectivos y excluyentes que puede haber detrás de esta lógica económica que, en teoría, parecería aportar únicamente beneficios”, apunta Mancinelli. “Es en aras de esta lógica económica que se construyen nuevas categorías de extranjeros deseables”, añade.
Los datos permiten identificar con claridad quiénes son los principales beneficiarios. Durante años fueron los inversores, que obtenían la golden visa por desembolsos superiores al medio millón de euros. Esta modalidad desapareció en 2025 tras años de polémica por sus efectos sobre el mercado inmobiliario. Hoy el protagonismo corresponde a otros perfiles como los ejecutivos, los investigadores, los emprendedores y los nómadas digitales, que han experimentado un fuerte crecimiento.
Rosselló explica que predominan los ingenieros, informáticos, programadores y directivos financieros que trabajan para empresas extranjeras mientras residen en España. Lo que tienen en común es que suelen registrar niveles de renta medios y altos ―algunos permisos, de hecho, fijan umbrales mínimos de ingresos―, título universitario y la capacidad para trasladar a toda la familia, señala la abogada. Una vez en España, pueden beneficiarse de regímenes tributarios más beneficiosos, como la ley Beckham, y conseguir con más facilidad la nacionalidad definitiva.
Según los datos, de los 185.000 permisos, más de 70.000 corresponden a europeos extracomunitarios. Otros 42.000 llegan de América Latina, casi 37.000, de Asia, y 23.000 de Norteamérica. África y Oceanía aportan unas 12.000 personas. Thomas, el teletrabajador británico, asegura que pedirá la renovación cuando su permiso caduque, ya que, además de “la calidad de vida”, valora las amistades que ha hecho, principalmente otros británicos, varios comunitarios y también población local.
La otra cara de la moneda
El éxito de esta estrategia también plantea interrogantes sobre sus efectos en la economía y el territorio, ya que los mismos flujos que contribuyen al crecimiento generan también tensiones cada vez más visibles. Para Miller, la principal diferencia respecto a la primera gran ola migratoria, de hace 30 años, está en el perfil de quienes llegan. Ahora tienen más peso las rentas altas, que “alteran el equilibrio de determinados mercados, especialmente en las ciudades donde se concentra esta población”. Porque uno de los rasgos característicos del fenómeno es su distribución territorial. “Esta gente no viene a España; viene a Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y las islas”, resume el investigador.
La vivienda es uno de los ámbitos donde más se perciben estos efectos. Ismael Yrigoy, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de las Islas Baleares, sostiene que la llegada de perfiles de altos ingresos contribuye a procesos de elitización, “con extranjeros que compiten con los locales a la hora de comprar o alquilar vivienda”, señala. Sin embargo, el impacto no se limita al inmobiliario. Miller cree que España está experimentando una creciente divergencia entre territorios: “Algo que empieza a ser muy obvio es la diferencia de precios entre distintas zonas. Y no solo en la vivienda”, afirma. Es decir, el fenómeno se está contagiando también al comercio, la restauración y otros servicios, elevando el coste de vida en ciertas áreas. Yrigoy también pone el foco en esas actividades que van de la mano del auge de estos perfiles, como la limpieza, la jardinería, los cuidados o la hostelería, “generalmente mal pagados y cubiertos por otros migrantes”.
El fenómeno encierra más derivadas. Para Mancinelli, las ciudades compiten hoy por atraer trabajadores internacionales de renta alta igual que antes competían por los turistas. Esta “turistificación del trabajo”, sostiene, también condiciona el debate migratorio: mientras unas migraciones suelen verse como una oportunidad económica, otras continúan asociándose al control fronterizo o la presión sobre los servicios públicos.
La paradoja es que, en medio de una tesitura macroeconómica sólida, los beneficios y costes de esta regularización no se distribuyen de forma uniforme. Miller recuerda que durante el bum inmobiliario una parte importante de la población local participó directamente de la expansión económica previa al pinchazo de la burbuja. “Lo típico era el albañil que cobraba 2.000 euros al mes”, ejemplifica. Hoy, en cambio, “buena parte de los locales están solo sufriendo el proceso”. A su juicio, el debate público apenas ha comenzado a abordar esta cuestión. Por eso, añade Marcu, “se necesita una clara intervención de las políticas públicas para regular este aspecto”. Mancinelli cree que, además de acompañar estos procesos con medidas que protejan el tejido socioeconómico local, sería necesario añadir a la conversación el hecho de que los países compitan “por ofrecer un coste de vida bajo y una carga fiscal reducida”. Por el momento, corrobora Rosselló, la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos ha comenzado a endurecer los criterios para conceder algunos permisos, sobre todo de teletrabajadores.
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