La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado este viernes un mensaje muy pesimista sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En su opinión, este organismo atraviesa “la peor crisis de su historia” y corre el riesgo de dejar de existir tal y como fue concebido en 1992. Durante el XXXVI Congreso de la asociación, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado la pérdida de prestigio e independencia de la entidad, que atribuye a las injerencias del poder político, las filtraciones de datos reservados y una política de comunicación defensiva que, a su juicio, la han dejado desprotegida. Para revertir esta situación, los inspectores reclaman una refundación integral de la agencia mediante la aprobación urgente de su Estatuto, pendiente de desarrollo desde hace más de tres décadas.
La asociación denuncia la pérdida de independencia y el abandono que sufren los funcionarios del ministerio ante los ataques
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado este viernes un mensaje muy pesimista sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En su opinión, este organismo atraviesa “la peor crisis de su historia” y corre el riesgo de dejar de existir tal y como fue concebido en 1992. Durante el XXXVI Congreso de la asociación, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado la pérdida de prestigio e independencia del organismo, que atribuye a las injerencias del poder político, las filtraciones de datos reservados y una política de comunicación defensiva que, a su juicio, ha dejado desprotegida a la institución. Para revertir esta situación, los inspectores reclaman una refundación integral de la agencia mediante la aprobación urgente de su Estatuto, pendiente de desarrollo desde hace más de tres décadas.
Uno de los ejes de la refundación propuesta por la asociación que reúne al cuerpo de élite de Hacienda es la despolitización de los órganos de gobierno de la agencia y el fin de la inestabilidad en su dirección. La presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha recordado que la Agencia Tributaria ha tenido 15 directores generales en sus casi 35 años de historia, una sucesión de responsables que ha provocado a su vez continuos relevos en los puestos intermedios. José María Peláez, portavoz de la asociación, ha denunciado que la agencia “ha perdido su independencia frente al poder político”.
La reivindicación de los inspectores coincide con la reciente renovación de la cúpula de la Agencia Tributaria. El Gobierno aprobó en julio el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como director general en sustitución de Soledad Fernández Doctor, que abandonó el cargo tras cuatro años al frente del organismo. El relevo estuvo precedido por varios días de especulaciones sobre una posible crisis interna, en un contexto marcado por el debate sobre la financiación autonómica y las competencias tributarias en Cataluña. Sin embargo, Hacienda negó que existiera una ruptura interna y aseguró que la salida de Fernández Doctor estaba acordada desde hacía meses. Ansón, inspector de Hacienda desde 1999, había sido hasta entonces jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y cuenta con una amplia trayectoria en la Administración tributaria.
Para garantizar la continuidad técnica y la independencia funcional, los inspectores proponen que el nombramiento del director general sea aprobado por las Cortes Generales mediante una mayoría cualificada. El cargo tendría un mandato fijo de cinco años, renovable una sola vez, y su cese estaría sujeto a causas tasadas por ley. Como contrapartida a esta mayor autonomía, el máximo responsable del organismo debería rendir cuentas anualmente en el Congreso sobre la ejecución de los planes estratégicos y los resultados de gestión.
La propuesta también contempla acabar con la bicefalia histórica en la cúpula de la agencia, apartando al secretario de Estado de Hacienda de su estructura ejecutiva. El modelo de gobernanza se articularía en torno a la Dirección General, un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor con representación de todas las administraciones participantes en los tributos gestionados. Todo ello afectaría a la política de personal y permitiría recuperar la autonomía de la agencia frente a la intervención de la Secretaría de Estado de Función Pública y limitar el uso de la libre designación, que actualmente se aplica a más del 50% de los puestos ocupados por inspectores en el organismo, según denuncia el colectivo.
La asociación también plantea introducir la lucha contra la corrupción en los planes de control tributario anuales. Para ello, la propuesta contempla la creación de un plan especial de carácter permanente para la inspección patrimonial de los representantes públicos y de los partidos políticos, así como un seguimiento fiscal específico sobre las personas condenadas por delitos de corrupción. Asimismo, se plantea la obligación legal de remitir periódicamente a la Agencia Tributaria los datos contenidos en los Registros de Bienes Patrimoniales de las entidades locales y las declaraciones de bienes e ingresos que presentan los diputados.
Los inspectores, como viene siendo habitual desde hace años, también rechazan las propuestas de rebajar las exigencias de las oposiciones o recurrir a listas de interinos para desempeñar tareas inspectoras. Además, reclaman que todos los funcionarios del cuerpo queden plenamente adscritos a la plantilla de la agencia, con una equiparación de las retribuciones y de la carrera profesional respecto a quienes trabajan en los tribunales económico-administrativos, la Dirección General de Tributos y el Instituto de Estudios Fiscales.
La asociación también propone incorporar la inteligencia artificial al trabajo cotidiano de los funcionarios mediante agentes especializados, siempre supervisados por el criterio humano. El objetivo es aumentar la capacidad de investigación sin reducir las garantías de los contribuyentes.
Ataques
Uno de los principales motivos de preocupación para los inspectores es el debate sobre la financiación autonómica y las posibles concesiones a Cataluña, a las que la asociación se ha opuesto desde el primer momento por considerar que ponen en riesgo la unidad de la Agencia Tributaria. La asociación defiende que la gestión tributaria debe mantener una estructura común en todo el Estado y advierte de los riesgos de fragmentar las funciones de la institución entre distintas administraciones.
Para evitarlo, el colectivo establece tres condiciones que considera “irrenunciables”: mantener un sistema único de información tributaria, preservar la caja única en la gestión de las retenciones y garantizar el control integrado de las actividades económicas en todo el territorio nacional. Los inspectores sitúan estas exigencias entre las líneas rojas de cualquier reforma del sistema de financiación autonómica.
A estas tensiones se suma la preocupación del colectivo por los ataques que, según denuncia, recibe la institución tanto de contribuyentes como de algunos despachos. Estos funcionarios, ha recordado Peláez, son conscientes de que a veces la inspección tiene un componente de rechazo por parte de la sociedad. “Y lo asumimos”. Sin embargo, eso no puede derivar en ataques a los funcionarios o la propia agencia “por decisiones que no nos corresponden y que son del poder legislativo, como la no deflactación de la tarifa del IRPF”. A eso se le suman “algunos ataques” de ciertos despachos profesionales, en clara referencia al bufete Amsterdam & Partners y a la cruzada que ha emprendido contra Hacienda. Los inspectores denuncian abandono por parte de la cúpula de la agencia y reclaman mayores respuestas, tanto a nivel comunicativo como judicial.
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