La batalla entre los interinos que llevan años enlazando contrataciones temporales en las administraciones públicas y el Gobierno continúa sin visos de solución. Una delegación de empleados públicos afectados por años de temporalidad en sus puestos de trabajo, agrupados por la Coalición Líneas Rojas Innegociables, se ha entrevistado este jueves con responsables de la Comisión Europea en Madrid. El objetivo de esta reunión ha sido exigir al Gobierno comunitario que denuncie al ejecutivo español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no acatar los procedimientos de infracción abiertos contra España por mantener estas relaciones laborales abusivas. Las asociaciones de interinos sostienen que esos representantes europeos les han transmitido que no darán más tiempo a España para tratar de eludir el procedimiento con más documentación.
Los colectivos afectados aseguran que la Comisión Europea no dará más tiempo al Ejecutivo español para tratar de eludir las sanciones
La batalla entre los interinos que llevan años enlazando contrataciones temporales en las administraciones públicas y el Gobierno continúa sin visos de solución. Una delegación de empleados públicos afectados por años de temporalidad en sus puestos de trabajo, agrupados por la Coalición Líneas Rojas Innegociables, se ha entrevistado este jueves con responsables de la Comisión Europea en Madrid. El objetivo de esta reunión ha sido exigir al Gobierno comunitario que denuncie al ejecutivo español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no acatar los procedimientos de infracción abiertos contra España por mantener estas relaciones laborales abusivas. Las asociaciones de interinos sostienen que esos representantes europeos les han transmitido que no darán más tiempo a España para tratar de eludir el procedimiento con más documentación.
El Ministerio de Función Pública solicitó a finales de junio a la Comisión Europea una prórroga hasta marzo para trabajar en una solución al problema del abuso de la temporalidad en el sector público en respuesta a un procedimiento de infracción abierto por Bruselas a España por este motivo. Bruselas reactivó la primavera pasada sendos procedimientos abiertos en 2014. Para ello envió el 29 de abril al Gobierno español dos dictámenes motivados en los que exigía una reforma legal que corrigiera el problema en el plazo de dos meses. De lo contrario, denunciaría a España ante los tribunales europeos, lo que podría conllevar una sanción y cuantiosas multas económicas. Esos dos meses se cumplieron a finales de junio, pero el equipo del Ministerio de Función Pública, con Óscar López al frente, solicitó una prórroga hasta marzo para tener tiempo suficiente para negociar una reforma que lograra evitar esta denuncia y sus posibles consecuencias en forma de cuantiosas sanciones económicas.
Sin embargo, una de las portavoces de la coalición de interinos que se ha reunido este jueves con miembros de la Comisión en España, María Pilar Remírez, ha señalado que los funcionarios comunitarios les han confirmado que Bruselas no ha concedido esa prórroga a España para que pueda seguir construyendo una respuesta legal al encadenamiento de nombramientos temporales. “Al Gobierno español se le ha acabado el tiempo”, ha dicho Remírez, quien ha asegurado que, según les han trasladado los representantes de Bruselas este jueves, la Comisión ya no va a aceptar más documentación de Función Pública que la que les fue presentada hasta el 29 de junio, cuando venció el plazo para responder a los dictámenes motivados.
Durante este encuentro, que se ha celebrado mientras un grupo de interinos protestaba frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid, los interlocutores comunitarios han confirmado, siempre según la coalición de afectados por el abuso de la temporalidad, que estudiarán la documentación facilitada por el Gobierno español para evaluar si presentan o no una demanda al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación temporal fraudulenta. Según las fuentes consultadas, este proceso de estudio de la documentación podría durar entre tres y cuatro meses, tras los cuales Bruselas decidirá si lleva a España ante el TJUE para que este decida qué multas le impone.
En concreto, los representantes de los interinos afectados por situaciones de abuso de la temporalidad, esperan que se produzca esta denuncia “porque no se ha producido ningún cambio normativo para frenar estos abusos tal y como exige la Comisión, que abrió el citado procedimiento al considerar que las reformas adoptadas por España (como la Ley 20/2021 que aprobó los procesos de estabilización) no son suficientes para castigar el abuso ni ofrecen una reparación o resarcimiento adecuado a los trabajadores afectados.
Nueva reunión este viernes
Desde Función Pública remiten a la propia Comisión Europea que sea la que comunique resultado de esta petición de prórroga hasta marzo por parte del Gobierno español. Y aseguran que, en todo caso, el equipo de López sigue trabajando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para establecer medidas que atajen este tipo de contrataciones temporales abusivas al encadenarse durante años.
De hecho, este mismo viernes los responsables de la dirección general de Función Pública se reunirán en Sevilla con los dirigentes autonómicos y locales en esta materia para elaborar un documento de propuestas. Se trata de la cuarta reunión de este tipo en la que se están discutiendo una batería de medidas entre las que se encuentra el posible establecimiento de un sistema de alertas para los responsables de recursos humanos de las administraciones públicas que les avise cuando se produzcan estas situaciones abusivas. Así como la creación de una serie de sanciones para dichos responsables de personal que incurran en irregularidades en materia de contratación temporal. Además, los responsables ministeriales intentan convencer a Bruselas, con toda esta documentación que han puesto en manos de la Comisión, de que el colectivo real que sufre este tipo de abusos no llega a 200.000 de un total de más de 900.000 empleados temporales de todas las administraciones.
Finalmente, la coalición de interinos que se ha manifestado este jueves ante la sede española del Ejecutivo comunitario ha recordado que España ya ha perdido 626,6 millones de euros del Plan de Recuperación por no haber cumplido con el hito 144. Este objetivo obligaba a España a poner en marcha “una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, estableciendo medidas eficaces para prevenir y sancionar el uso abusivo de los nombramientos temporales”. Y esta reforma debía cumplir con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada de la directiva europea sobre esta materia. Aunque desde Función Pública tampoco han dado oficialmente por perdido este dinero, aunque el hito se declaró revertido (no cumplido) el 7 de julio de 2025 y, por tanto, los fondos asociados de 626,6 millones son actualmente no reembolsables.
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