– “¡Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden!“.
La marcha se celebra todos los años en octubre, pero esta vez ha doblado la afluencia, según los convocantes, por el protagonismo de estas prestaciones en la campaña electoral
– “¡Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden!“.
– “¡Las viudas y los viudos no se callarán!“.
– ”¡Aquí están, estos son los que luchan por tu pensión!“.
Estas son algunas de las proclamas que han gritado los miles de manifestantes que han recorrido este sábado por la mañana las calles de Madrid, en defensa del sistema público de pensiones. Unas 50.000 personas, según la organización (25.000 según la Delegación del Gobierno), han acudido en respuesta a una convocatoria recurrente de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Públicos de Pensiones, que desde hace años celebra en la capital en octubre. Pero esta vez ha adquirido otra dimensión, con el doble de afluencia que el año pasado, según los organizadores, con más colectivos asociados (entre otros, el Sindicato de Inquilinas, a las puertas de la huelga general por la vivienda). El acelerón se da la vez que en estas semanas se ha intensificado la conversación sobre pensiones, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Es uno de los temas centrales de la campaña electoral, después de que en los últimos días la derecha haya emitido opiniones polémicas al respecto. Primero fue el diputado de Vox José María Figaredo, que se refirió al sistema como un “zombi” y apostó por caminar hacia un esquema que combine reparto y capitalización privada. Después fue la diputada del PP Ester Muñoz: dijo que el sistema iba a “petar” y que hay que cambiarlo de forma “valiente”. Sus respectivos jefes han intentado templar los ánimos y han garantizado su respaldo a los pensionistas y a la revalorización de las prestaciones, a las puertas del proceso electoral.
Ramón Franquesa, portavoz de la principal asociación organizadora, ha expresado su “preocupación” por las declaraciones de estos políticos. “Su intención es llevar las cotizaciones que pagan los trabajadores a un sistema privado. Si eso pasa, entonces sí se producirá la quiebra del sistema. Los financieros no deben entrar”, ha comentado a EL PAÍS. En su discurso antes los miles de manifestantes, al terminar la protesta, ha añadido: “Son marionetas de los grandes bancos. Lo que quiebra es lo privado, como en 2008, no lo público. Que nadie se equivoque votando, que nadie vote a los verdugos”.
El portavoz de la Coordinadora también ha llamado a la participación en la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, poco después de que interviniera Sabina Carrau, del Sindicato de Inquilinas. “No puede haber pensiones dignas si los alquileres no paran de subir. No podemos olvidar a Maricarmen, que también era pensionista y la han matado. No podemos tener miedo”. Los manifestantes han guardado un minuto de silencio por el deceso de esta mujer madrileña, símbolo de la crisis de acceso a la vivienda.
Más allá de estas críticas a la derecha, los convocantes también señalan al Gobierno y le piden cambios. Reclaman igualar la pensión mínima al salario mínimo (actualmente es de 1.221 euros brutos en 14 pagas), reducir la brecha de género en pensiones (1.638 euros ellas, 1.139 ellas) y eliminar el castigo en la pensión a los que pierden su empleo y se ven obligados a prejubilarse, pese a haber cotizado 40 años o más. Esta última reclamación es la que vehicula la lucha del colectivo Asjubi, también con mucho protagonismo en la protesta.
Santigo Menchero, portavoz de esta asociación, ha reclamado al Gobierno que apruebe en la Diputación Permanente el proyecto de ley impulsado por el Congreso en septiembre (a propuesta de Podemos) para corregir esas situaciones, que afectan especialmente a quienes empezaron pronto a trabajar y el mercado laboral les expulsa años antes de la edad legal de jubilación, lo que conduce a prejubilaciones con recortes. Menchero ha agradecido la participación de “muchos jóvenes” en la protesta de este sábado: “No os quedéis en casa, ¡protestad!“.
Estas protestas se dan con el telón de fondo de un sistema de pensiones bajo enorme presión, con prestaciones cada vez más altas (por los mejores sueldos de quienes se jubilan y la revalorización con el IPC) y más numerosas (por la jubilación del baby boom). Con todo, un reciente estudio de Fedea sostiene que las reformas llevadas a cabo en los últimos cinco años han mejorado claramente la sostenibilidad futura del sistema en las próximas dos décadas, hasta 2050. Y esa mejora se fundamenta, sobre todo, en la rebaja de la generosidad de las pensiones y en el aumento de los ingresos por cotizaciones.
El Gobierno subraya que los últimos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevén un gasto público en pensiones en el promedio hasta mediados de siglo del 14,6% del PIB, dentro del límite que consideran razonable. Tomando en cuenta las medidas de ingresos, el organismo estima un gasto bruto del 13%, a tres décimas del 13,3% a partir del cual el Ejecutivo tendría que tomar medidas adicionales, ya sea con nuevos ingresos o recortes del gasto. Aunque el gasto no se haya descontrolado por encima del límite que se marcó el Gobierno, muchas voces acusan el coste de oportunidad que ese nivel de gasto implica para partidas como la sanidad o la educación.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, el montante total dedicado a pensiones contributivas en 2025 escaló hasta los 189.598 millones de euros, lo que supone un alza del 6,2% respecto a los 178.500 millones gastados en 2024 y del 13,1% respecto a 2023, cuando se destinaron 168.000 millones.
El Gobierno aprobó en 2021, con el voto en contra del PP, una reforma de las pensiones que instauró la revalorización de las prestaciones tomando en cuenta el IPC. Esa norma establece que crecen tanto como los precios, aunque las mínimas y las no contributivas lo hacen con más intensidad cada año. La tendencia apunta hacia una subida del 3,5%, un salto importante y un esfuerzo notable para las arcas del Estado. El dato definitivo, que es el que la Seguridad Social viene usando para el cálculo, no se distribuirá hasta el 15 de diciembre. Aunque el Gobierno tanteó la idea de acometer la subida antes de las elecciones, finalmente se decanta por dejarlo para después de los comicios.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la ampliación del derecho a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que ni se casasen ni se registrasen como parejas de hecho. Tanto los futuros supervivientes como los pasados tienen derecho a pedir esta prestación si acreditan dos años de convivencia ininterrumpida mediante el padrón. Para el segundo grupo se abre una ventana de un año para que aporten pruebas del derecho a la misma.
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